El 24 de abril pasado Peter Munk, fundador y presidente de Barrick Gold, confesó a la prensa de su país, Canadá, que probablemente la expansión de la empresa en los últimos años fue un error. No todos los días un empresario de este calado reconoce este tipo de cosas. Barrick Gold es el mayor productor de oro del mundo y se ha visto, como otras empresas del sector, envuelta en una “tormenta perfecta” de conflictos ambientales y caída en los precios del metal. “Quién hubiera dicho que los gobiernos que nos imploraban invertir en sus zonas remotas para dar empleo, hoy nos estén dando la espalda”, prosiguió Munk.

Se refiere al gobierno chileno, que ha investigado las infracciones medioambientales de Barrick, y a los tribunales que detuvieron las faenas de Pascua Lama, su proyecto estrella en Sudamérica. Carlos Tromben investigó, con apoyo de nuestros colaboradores en Colombia y Argentina, la polémica presencia de empresas mineras canadienses en América Latina. Para sorpresa de muchos, el accountability no es el fuerte de las empresas radicadas en este país, que con tanto éxito construyó una imagen internacional que buscaba diferenciarse de la de EE.UU.

AméricaEconomía Intelligence lanza este mes uno de los ránkings más esperados por nuestra comunidad lectora. Se trata del ránking de MBA. Una tarea de alta complejidad que el equipo de Intelligence abordó con su habitual celo por la cifra exacta y por una metodología impecable. Y la noticia no es menor: regresa al primus inter pares, luego de cuatro años, la prestigiosa escuela centroamericana INCAE.

Mientras tanto, América Latina muestra señales de fatiga en su gestión pública. En Argentina el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, dio un triste espectáculo ante la televisión griega. Pero ¿cuánto pesa Lorenzino en el gabinete de Fernández? ¿Qué fue del otrora famoso y polémico Axel Kiciloff? Gonzalo León investigó en Buenos Aires cómo operan los responsables de la política económica argentina.

Y en Brasil aumenta la inquietud por el Banco Nacional de Desarrollo. ¿Se justifica invertir dinero público en las empresas de Eike Batista y otros grandes grupos económicos?