Santiago.- La policía chilena anunció este jueves que reformará su unidad militarizada de orden público, acusada de abusos y violaciones a los derechos humanos durante casi dos meses de protestas que han sacudido al país.
Mario Rozas, jefe del cuerpo uniformado, dijo que hay 856 investigaciones administrativas por abusos de agentes policiales y que esperaba que se presentaran cargos en muchos casos.
"Tenemos en muchas (investigaciones) la certeza administrativa de la responsabilidad de carabineros", dijo a periodistas el funcionario.
Las manifestaciones detonadas por un alza en el precio del transporte pero que se extendieron a demandas en muchos aspectos como salud, educación y pensiones han dejado al menos 26 muertos, miles de heridos y millones de dólares en daños.
La policía también planea introducir nuevas tecnologías en sus equipos de disuasión más eficientes y de mejor tecnología y analizar los componentes de los químicos usados para disuadir.
Grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado reiterados abusos, como uso excesivo de la fuerza durante choques, golpizas y abusos sexuales a detenidos.
En tanto, la Sociedad de Oftalmología de Chile ha dicho que cientos de personas han sufrido traumatismos oculares graves en las manifestaciones, principalmente debido a balines de goma lanzados por la policía.
Rozas dijo que se suprimirá el nombre de Fuerzas Especiales, como se conoce al componente antidisturbios, y se reubicarán dentro de la estructura organizativa policial para hacer más eficiente sus labores. Además se le dará capacitación especial en la protección de los derechos humanos.
La policía también planea introducir nuevas tecnologías en sus equipos de disuasión más eficientes y de mejor tecnología y analizar los componentes de los químicos usados para disuadir.
El jefe policial dijo que 4,6 millones de personas han participado en 2.500 manifestaciones en todo el país durante más de 50 días. Hasta ahora 26 personas han muerto y 13.000 han sido heridas, según la fiscalía y organismos de derechos humanos.
