Río de Janeiro. Si se viaja por Brasil, se encontrarán carteles de BR Distribuidora, propietaria de la mayor cadena de gasolineras de Sudamérica. El conocido logotipo verde y amarillo de la empresa, antes una unidad del gigante petrolero estatal Petrobras, está por igualen grandes y pequeñas ciudades.
Menos conocido es el esfuerzo de BR por purgar su red minorista de presuntos ladrones. En 2019, la compañía expulsó a cientos de franquiciados independientes de su red por supuestas "irregularidades", dijo un portavoz de BR a Reuters, incluyendo la evasión de impuestos al combustible y la estafa a los clientes con gasolina adulterada. En total, BR retiró su nombre de 730 puntos de venta, aproximadamente el 10% de su red brasileña en ese momento, dijo la empresa.
Pero otros presuntos delincuentes siguen operando estaciones de BR, según ha descubierto Reuters. Un importante franquiciado en el estado de Río de Janeiro, por ejemplo, ha sido acusado por fiscales estatales al menos 12 veces por delitos relacionados con el combustible en los últimos 15 años y actualmente está siendo juzgado por su presunta participación en una extensa red de contrabando de combustible, según documentos judiciales revisados por Reuters. No ha sido condenado en ninguno de los casos judiciales examinados por la agencia.
La situación de BR no es única. Los delincuentes se han infiltrado en las cuatro mayores redes de gasolineras de Brasil, donde se calcula que controlan cientos, si no miles, de estaciones de servicio, según entrevistas de Reuters con más de dos docenas de funcionarios del sector y de fuerzas del orden.
La agencia de noticias también revisó miles de páginas de casos judiciales y registros legales del regulador petrolero de Brasil.
Los delincuentes venden gasolina robada y manipulan los surtidores para que los clientes no reciban la cantidad total por la que han pagado, según entrevistas y documentos. También abundan los delitos más graves. Algunos empresarios usan sus gasolineras para blanquear dinero en efectivo de bandas como el Primer Comando Capital, el mayor grupo de crimen organizado de Sudamérica, según las autoridades, así como para las "milicias", empresas criminales violentas compuestas en parte por policías retirados y fuera de servicio.
En el sur de Brasil, el propietario de una gasolinera se enfrenta un juicio por el asesinato en 2017 del jefe de un organismo de control del sector que estaba investigando un presunto fraude en las operaciones del empresario.
La situación de BR no es única. Los delincuentes se han infiltrado en las cuatro mayores redes de gasolineras de Brasil, donde se calcula que controlan cientos, si no miles, de estaciones de servicio, según entrevistas de Reuters con más de dos docenas de funcionarios del sector y de fuerzas del orden.
El pillaje en las gasolineras es lucrativo. Las ganancias ilícitas en los surtidores de Brasil ascienden a 23.000 millones de reales (US$ 4.150 millones) al año, según una estimación realizada en noviembre por el Instituto Combustivel Legal, o ICL, un grupo del sector fundado el año pasado para combatir el fraude.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha culpado a inescrupulosos propietarios de gasolineras de estafar al fisco y a automovilistas en medio de un malestar público por las recientes subidas de los precios de los combustibles.
"Es un negocio de miles de millones", dijo Bolsonaro durante una transmisión en vivo en múltiples plataformas de redes sociales en febrero.
En declaraciones a Reuters, las mayores distribuidoras de combustible de Brasil por cuota de mercado -BR, Ipiranga, Raizen y Ale- reconocieron estar lidiando con agentes malintencionados en sus puntos de venta, todos ellos propiedad de franquicias independientes. En conjunto, estas cuatro empresas representan casi la mitad de las gasolineras de Brasil. Los distribuidores dijeron que trabajan con diligencia para eliminar a los malhechores, proporcionando información sobre presuntas conductas indebidas a la policía, los fiscales y los reguladores.
Estas empresas tienen vínculos con algunos de los principales actores de la industria petrolera. Raizen Combustiveis SA, por ejemplo, es una empresa conjunta entre Royal Dutch Shell PLC y el productor local de etanol Cosan SA. Supervisa unas 5.000 gasolineras de la marca Shell en Brasil, según los datos más recientes del regulador petrolero brasileño. Ale Combustiveis, con unas 1.500 estaciones de servicio, es una unidad de la suiza Glencore PLC. BR, la antigua filial de Petroleo Brasileiro SA, cuenta con unas 7.800 estaciones. Ipiranga es una filial de Ultrapar Participacoes SA, con sede en São Paulo, y cuenta con 7.105 estaciones de servicio en Brasil.
Los juicios destinados a despojar a los presuntos infractores de sus franquicias pueden tardar años en el sistema judicial de Brasil, dijeron funcionarios del sector. Las purgas periódicas, como la limpieza de BR en 2019, pueden ser como el juego del topo, en el que los delincuentes encuentran formas de volver con otras estaciones de servicio, dijo Carlo Faccio, director de ICL.
"La situación del sector de los carburantes es muy mala", dijo. "Estamos muy atrasados. Hay mucho que hacer".
Ningún organismo gubernamental hace un seguimiento de cuántas gasolineras están vinculadas a delincuentes condenados o sospechosos en Brasil. Reuters analizó los registros judiciales del estado de Río de Janeiro, que según las autoridades es un foco de esta actividad ilícita.
La organización de noticias identificó a 20 propietarios de estaciones de servicio que han sido acusados o condenados por delitos relacionados con el combustible desde 2015. En conjunto, las 101 gasolineras de las que son propietarios representan aproximadamente el 4% de todos los puntos de venta de combustible en el estado de Río. La mayoría de esos propietarios estaban vinculados a bandas criminales organizadas, según los fiscales y los documentos judiciales que presentaron en varias causas penales.
Guilherme Vinhas, socio del bufete de abogados de Río de Janeiro Vinhas e Redenschi Advogados, que ha trabajado para todos los mayores distribuidores, dijo que la infiltración criminal en el sector del combustible al por menor se había convertido en una gran preocupación para sus clientes.
"Las empresas están vigilando esto", dijo Vinhas, "y están preocupadas".
Una oportunidad irresistible
Los delitos relacionados con el combustible son habituales en los países productores de petróleo de los mercados emergentes.
En México, por ejemplo, los ladrones que intervienen en los oleoductos le cuestan a la petrolera estatal Pemex 15 millones de pesos (US$ 728.000 ) al día, según dijo el año pasado su director general, Octavio Romero Oropeza. El combustible robado suele ser recibido por propietarios de gasolineras cómplices, según las autoridades mexicanas.
Sin embargo, los ejecutivos del sector dicen que los ladrones de combustible de Brasil están entre los peores del mundo, debido en parte a un régimen fiscal que, según dicen, invita a hacer trampas. Los impuestos sobre el combustible varían mucho de un estado a otro. Por ejemplo, el impuesto estatal sobre el etanol, que se vende en prácticamente todas las gasolineras brasileñas, es del 32% en el estado de Río de Janeiro, frente al 13% en el vecino São Paulo. Esto crea un incentivo para que los delincuentes compren combustible en jurisdicciones con impuestos bajos y lo revendan en estados con impuestos altos a propietarios de estaciones de servicio corruptos que cobran a los clientes más tributos y se embolsan la diferencia, dijeron funcionarios de la industria.
"Es el sistema fiscal más complejo que conozco", dijo Marcelo Araújo, presidente ejecutivo de Ipiranga, durante una conferencia virtual de la industria petrolera en diciembre.
Los delincuentes en Brasil cosechan 7.200 millones de reales (US$ 1.300 millones) al año solo con la evasión de impuestos a los combustibles, según un estudio de 2019 de la Fundação Getúlio Vargas, un centro de estudios de Río de Janeiro. Adulterar la gasolina con etanol u otros líquidos es otro truco para aumentar las ganancias, dijeron las autoridades.
Pero algunas de las mayores recompensas para los propietarios de gasolineras, según las autoridades y fuentes de la empresa, provienen de utilizar sus puntos de venta para blanquear dinero para las organizaciones criminales.
Entre los propietarios de gasolineras de Río con antecedentes penales identificados por Reuters se encuentra Cleber "Clebinho" Oliveira da Silva. Actualmente es propietario de dos gasolineras en Río, según registros corporativos: una estación independiente no afiliada a ninguna marca y otra de Ipiranga.
En 2018, da Silva fue condenado en un tribunal estatal por pertenecer a la Liga de la Justicia, una de las mayores milicias criminales de Río. Da Silva, que ahora tiene 37 años, fue condenado a seis años de prisión. Ha permanecido en libertad mientras apela esa decisión.
En 2019, da Silva fue condenado a pagar una multa y a realizar trabajos comunitarios en un caso distinto por usar su puesto independiente para blanquear los beneficios ilícitos de la Liga de la Justicia. La natu7raleza de los servicios comunitarios y el importe de la multa no se especificaron en el documento de la sentencia. Las autoridades afirman que la Liga de la Justicia está implicada en una serie de actividades ilegales, como el contrabando de combustible, el robo de automóviles y cobros por protección.
Los fiscales no establecieron cuánto dinero blanqueó da Silva. Pero en su decisión, el juez citó a un testigo que alega que los ingresos mensuales de la estación se cuadruplicaron con creces hasta alcanzar los 900.000 reales (US$ 163.000) después de que da Silva compró una parte del negocio en 2015.
Un año después de esa condena, da Silva compró otra gasolinera, ésta en franquicia para Ipiranga, según muestran los registros corporativos y normativos.
Ipiranga dijo a Reuters que da Silva no era propietario de esa estación cuando entró en la red de distribución de la empresa en 2008, y que desconocía su participación. "Si esta persona tiene actualmente una participación [...] lo hizo completamente a espaldas de Ipiranga y de una manera que va en contra de lo que está escrito en el contrato de franquicia", dijo la empresa en un correo electrónico.
No fue posible contactar con Da Silva para que hiciera comentarios. Su abogado no respondió a las solicitudes de comentarios y se negó a proporcionar información de contacto de su cliente.
Otro presunto delincuente es José Rodrigo Gallo de Faria, un antiguo franquiciado de Shell en Río de Janeiro. En 2019, los fiscales estatales acusaron a de Faria de recibir gasolina robada, según una copia de una acusación vista por Reuters. De Faria está en libertad a la espera de juicio.
La policía describió a De Faria en esa acusación como el "principal patrocinador" de la llamada Milicia Xerem, que se especializa en el robo de combustible de oleoductos. Según la acusación, la milicia en abril de 2019 intervino ilegalmente un oleoducto en un barrio obrero cerca de la ciudad de Río de Janeiro, provocando una explosión que mató a una niña de ocho años. De Faria no estaba implicado en la muerte de la niña.
Un abogado de De Faria, Ralph Hage, dijo que su cliente era inocente y que podía documentar que su combustible había sido comprado legalmente. Hage no proporcionó pruebas de esas compras legales a Reuters, pero dijo que presentaría la documentación pertinente ante el tribunal.
Raizen, que supervisa la marca Shell en Brasil, no quiso hacer comentarios sobre de Faria. Su punto de venta ya no lleva el logotipo de Shell. En enero, unas semanas después de que Reuters se puso en contacto por primera vez con Raizen sobre de Faria, su estación salió de la red de Shell y se volvió independiente, según los registros presentados ante el regulador nacional de petróleo de Brasil.
Una de las figuras más conocidas entre los propietarios de gasolineras de Río de Janeiro es Mario "Marinho" Augusto de Castro, que posee participaciones en al menos 43 puntos de venta en el estado, según los registros corporativos revisados por Reuters.
De Castro ha sido objeto de al menos 15 investigaciones policiales en las últimas dos décadas, todas ellas relacionadas con el combustible, según los registros de la policía estatal revisados por Reuters.
En la actualidad se está defendiendo en al menos cinco casos penales. En uno de esos casos, presentado en 2008, los fiscales acusaron a de Castro de participar en una gran organización criminal que contrabandeaba combustible de baja tributación en el estado de Río.
Al menos 18 de las estaciones de De Castro son franquicias de BR, y al menos siete son franquicias de Shell, según los registros.
Renato Alves, abogado de De Castro, dijo que su cliente nunca ha sido condenado por un delito y niega haber actuado mal en todos los casos judiciales en curso. Agregó que los múltiples acuerdos de franquicia de Castro con BR y Raizen demuestran que es muy respetado en el sector. Alves añadió que el gran número de regulaciones gubernamentales a las que de Castro debe enfrentarse en su amplia cartera de estaciones ha hecho que su cliente sea vulnerable a acusaciones "injustas".
BR dijo que no tenía "conocimiento de ninguna condena penal relacionada con las actividades del señor Mario Augusto de Castro", y añadió que la empresa "reforzará los mecanismos que utiliza para frenar" las sospechas de infracciones de sus franquiciados.
Raizen no quiso hacer comentarios sobre de Castro.
Respuesta
Los distribuidores de combustible suelen presentar demandas contra los concesionarios de los que sospechan que han cometido irregularidades, en un intento de rescindir sus contratos de franquicia, según varias fuentes de las empresas y casos judiciales revisados por Reuters.
Pero esos casos pueden tardar años en llegar a los abarrotados tribunales brasileños, según entrevistas y registros judiciales. Incluso las victorias no traen un alivio rápido.
"Los que no cumplen (los franquiciados) suelen aprovechar todo tipo de maniobras legales para retrasar el cumplimiento de las decisiones judiciales", escribió una portavoz de BR en un correo electrónico.
La legislación brasileña establece que las gasolineras minoristas no pueden ser propiedad de productores o distribuidores de petróleo. Por el contrario, deben ser de terceros independientes -normalmente particulares- que son libres de comprar y vender estaciones entre ellos. Si bien los acuerdos de franquicia suelen dar a los distribuidores el derecho a aprobar estas transacciones, estas ventas crean, sin embargo, una puerta trasera a través de la cual actores sin escrúpulos pueden comprar cadenas conocidas tratando directamente con los propietarios de las estaciones, dijo Délio Campos, portavoz de la red Ale de Glencore.
"En algunos casos, a pesar de las condiciones contractuales que lo prohíben, la propiedad puede cambiar de manos sin que se haya obtenido el consentimiento de la empresa", dijo Campos.
Da Silva, el condenado por lavado de dinero, compró su estación de Ipiranga en 2019 a dos individuos con un acuerdo de franquicia preexistente con la compañía, según muestran los registros regulatorios.
Ipiranga dijo que cualquier participación en la propiedad de da Silva ocurrió sin su conocimiento. No fue posible contactar con Da Silva para que hiciera comentarios. Su abogado no respondió a una solicitud de comentarios.
Las autoridades dicen que el crimen del combustible se ha vuelto tan lucrativo para el hampa de Brasil que quienes intentan detenerlo están en riesgo.
El 23 de marzo de 2017, Fabrizzio Machado da Silva, jefe de la Asociación Brasileña de Lucha contra el Fraude de Combustible, un organismo de vigilancia del sector en el sur de Brasil, fue asesinado a tiros frente a su casa en la ciudad de Curitiba. La policía alega que el golpe fue organizado por Onildo Chaves de Córdova II, un empresario de la zona molesto por las investigaciones de la asociación sobre la posible adulteración de combustible y el amaño de surtidores en tres de sus gasolineras independientes, según la acusación penal y Luis Roberto de Oliveira Zagonel, abogado de la familia de da Silva.
La fiscalía estatal acusó a Chaves de asesinato. Está en libertad a la espera de juicio para el que no se ha fijado fecha.
El abogado de Chaves, André Pontarolli, declaró que su cliente es inocente. Añadió que las investigaciones policiales sobre las prácticas empresariales de Chaves no han dado lugar a ninguna acusación.
El grupo de Lucha contra el Fraude de Combustible, por su parte, se disolvió poco después del asesinato de da Silva, dijo Zagonel.
