Así lo he dicho y lo sostengo: me gusta la política de austeridad republicana del presidente López Obrador. Estoy convencido de que el sexenio pasado hubo mucho dispendio y abusos con el dinero de los contribuyentes. Había que hacer un alto en el camino y reconfigurar los gastos de la administración pública federal para evitar los derroches. En este sentido, también me gusta la decisión del Presidente de viajar en avión comercial en lugar de privado. Manda un mensaje muy importante a todos los funcionarios gubernamentales de valorar y cuidar los recursos públicos.

Muy bien, entonces, que López Obrador viaje en aerolínea en clase económica. Como consecuencia, puso a la venta el Boeing 787 Dreamliner, TP01 (Transporte presidencial número uno), "José María Morelos", de la Fuerza Aérea Mexicana. El problema es que ha pasado más de un año y este avión no se ha vendido.

No hay muchos compradores potenciales. Se trata de una aeronave diseñada para transportar a un jefe de Estado. Tiene sistemas de seguridad especiales. Lo más importante, empero, es su configuración interna, que es muy diferente a la de un avión comercial. Cuenta con un área de 24 asientos de lujo para el Presidente y sus invitados, un área de trabajo para el mandatario, una recámara con baño privado y una sección de asientos cómodos para funcionarios gubernamentales y miembros de la prensa. ¿A quién le interesaría comprar algo así?

De entrada, al Presidente de otro país. Sin embargo, los que podrían adquirirlo ya tienen el suyo y otros simplemente no tienen la capacidad económica para hacerlo. Luego podrían estar multimillonarios para convertirlo en su avión privado. Sin embargo, la gente que tiene ese dinero suele ser muy caprichosa: si ya van a gastar una fortuna en su aeronave, prefieren que tenga la configuración interna que a ellos les gusta, no la que tiene el TP01. Tampoco parece que haya muchos interesados en este grupo. Finalmente, están las aerolíneas comerciales, que tendrían que reconfigurar por completo el avión para operarlo con sus tres clases tradicionales: primera, negocios y económica. Esto implicaría un gasto de muchos millones de dólares.

Si el gobierno no baja el precio y asume una mayor pérdida, los contribuyentes estaremos en el peor de los mundos: con un Presidente gastando en viajes por aerolíneas, mientras en el garaje hay un activo valioso al que le están saliendo telarañas...

Lo cual nos lleva al problema de fondo: el precio. Si el TP01 no se ha vendido es porque el gobierno mexicano está pidiendo un precio que no atrae a compradores.

De la prensa tomo los siguientes datos. El Dreamliner costó US$218 millones. Se adquirió en un esquema de arrendamiento con Boeing. Al cierre de 2019, ya se había pagado, entre deuda e intereses, unos 96 millones de dólares, quedando un remanente a liquidar, entre 2020 y 2037, de US$143 millones por parte de Banobras, la institución que realizó la operación financiera.

El que compre el avión tendría que quedarse con esta deuda. El gobierno mexicano, por su parte, perdería los 96 millones ya sufragados. Pero, por lo pronto, no ha habido un comprador dispuesto a quedarse con el remanente del contrato de arrendamiento por US$143 millones en 17 años restantes.

Mientras tanto, el avión sigue generando gastos de operación. En diciembre de 2018 se trasladó a un aeropuerto en California. Según la prensa, en 13 meses se han erogado 13 millones de pesos de preservación y 15 millones por mantenimiento, para un total de 28 millones de pesos.

Hay quienes dicen que el costo de haber guardado la aeronave es similar a la de haberla mantenido en uso. Habría que hacer los números para ver si ha salido más cara o barata la política de López Obrador de viajar en aerolíneas comerciales. Tomar en cuenta todos los costos de un lado y de otro. De los boletos de Andrés Manuel y ayudantes versus la turbosina que se habría gastado el TP01, por ejemplo.

En fin, que el Dreamliner presidencial viene de regreso a México, donde lo van a aparcar en el hangar que Grupo Higa construyó en el aeropuerto capitalino para resguardarlo. Costará menos tenerlo aquí, pero algo tendrá que desembolsar el gobierno para mantenerlo. Mientras tanto, si el gobierno no baja el precio y asume una mayor pérdida, los contribuyentes estaremos en el peor de los mundos: con un Presidente gastando en viajes por aerolíneas, mientras en el garaje hay un activo valioso al que le están saliendo telarañas y que, cada día que pasa, pierde valor por hacerse viejo. La pregunta que hoy nos hacemos es si con todo este cambio en el traslado del Presidente no va a acabar costando más el caldo que las albóndigas.

*Esta columna fue publicada originalmente en Excélsior.com.mx.