Bogotá. Un tribunal de Colombia inhabilitó a un consorcio liderado por la constructora brasileña Odebrecht para realizar durante 10 años contratos con el Estado y lo multó con más de US$250 millones por los actos de corrupción en que incurrió para ganar licitaciones de infraestructura.
La compañía brasileña ha estado en el centro del mayor escándalo de corrupción en América Latina desde que reconoció en 2016 que sobornó a funcionarios en una decena de países. En Colombia, la firma pagó unos US$30 millones en sobornos a cambio de contratos de infraestructura, según investigaciones de la Fiscalía General.
Los participantes del Consorcio Ruta del Sol II que fueron multados son Odebrecht, Episol (filial de Corficolombiana y unidad del Grupo Aval) y la constructora Carlos Solarte.
También recibieron multas varias personas, entre quienes figuran exdirectivos de la constructora brasileña en Colombia.
Alrededor de 14 individuos, entre exfuncionarios del Estado y políticos, están en cárceles colombianas en medio del escándalo y la investigación.
Alrededor de 14 individuos, entre exfuncionarios del Estado y políticos, están en cárceles colombianas en medio del escándalo y la investigación.
Odebrecht, en asociación con firmas locales, tenía a cargo la construcción de un tramo de 528 kilómetros de una carretera hacia la costa Caribe, un contrato de más de US$1.000 millones que el tribunal suspendió con el fallo.
No hubo de inmediato ningún pronunciamiento de Odebrecht en Colombia, mientras que Episol dijo en un comunicado que disiente de la decisión del Tribunal de Cundinamarca, revelada el jueves en la noche, y que estudia los recursos legales a su disposición, los cuales presentará de manera oportuna. El fallo es de primera instancia y puede ser apelado ante una corte.
Colombia solicitó en noviembre a la entidad fiscalizadora de empresas privadas inhabilitar por 20 años a Odebrecht para suscribir contratos con el Estado.
El gobierno también se opuso a un acuerdo para archivar las investigaciones contra la firma, que ofreció una compensación económica de unos US$33 millones por los perjuicios generados a cambio de que se retiren todos los procesos legales y administrativos en su contra y le permita volver a firmar contratos.
El procurador general de Colombia, Fernando Carrillo, consideró que el fallo es icónico en la lucha contra la corrupción y demuestra que las sanciones para este fenómeno "pueden ir más allá del derecho penal, tocando severamente el bolsillo de quienes cometen estos actos ilícitos".
