El 17 de mayo pasado la presidenta Bachelet presentó al país la “Agenda de Energía”, una de las 50 medidas de los 100 días de gobierno. La mayor virtud de la propuesta es la nueva participación del Estado en la orientación del desarrollo energético.
En cuanto a medidas específicas, es destacable el compromiso de corregir las actuales distorsiones del mercado. Promete reducir en 30% los costos marginales de la energía en el SIC al año 2017 y reformar el Sistema de Licitaciones para sincerar precios y generar competencia. En el ámbito de la eficiencia energética destaca el envío de una ley y compromete una meta de reducción de 20% del consumo esperado al año 2025, mediante un Plan Nacional ya elaborado en el primer gobierno de Bachelet.
El sólo rol del Estado, sin la gente y las regiones, no garantiza un desarrollo eléctrico para el bien común y el interés público.
Los aspectos más débiles de la Agenda son la participación ciudadana que queda reducida a espacios de información y dialogo, gestión de conflictos y consejos consultivos; nada vinculante. Restringiendo además el Ordenamiento Territorial a la hidroelectricidad (realizada por los ministerios de Obras Publicas, Medioambiente y Economía); a una mesa interministerial para el componente energético en la planificación territorial y comisiones regionales para acompañar el proceso.
Finalmente, resulta preocupante la priorización de hidroeléctricas y termoeléctricas del Plan de Obras vigente, que incluye centrales a carbón (Guacolda 5, Cochrane 1y 2, Kelar 1y 2, etc) e hidroeléctricas (Alto Maipo 1 y 2, Ñuble, etc.), lo cual de facto implica ningún cambio en la matriz durante el actual gobierno. Asimismo, las reformas legales para facilitar inversiones, en ausencia de procesos vinculantes para la legitimidad social del desarrollo eléctrico, profundizará la inequidad y los errores del pasado. Por ello el nuevo gobierno debe revisar y reestructurar su propuesta en materia de ordenamiento territorial y participación ciudadana. El sólo rol del Estado, sin la gente y las regiones, no garantiza un desarrollo eléctrico para el bien común y el interés público.
