Esa sucursal del averno en que lamentablemente se convirtió el estado de Michoacán, sigue siendo motivo de historias de horror.

La más reciente la relató el comisionado para la seguridad en esa entidad, Alfredo Castillo Cervantes, quien conoció testimonios de “personas que dicen que como rito de iniciación llegaron a estar presentes en donde los obligaban a comer órganos humanos”.

El mes pasado, el Comité de Familiares de Personas Detenidas-Desaparecidas en México ¡Alzando voces! (Cofaddem) realizó una conferencia de prensa en Morelia donde denunció que hasta un millar de personas podrían estar desaparecidas en Michoacán de 2006 a la fecha.

Las víctimas serían, presumiblemente, jóvenes secuestrados por órdenes de Manuel Plancarte Gaspar -señalado como sobrino de Enrique Kike Plancarte, líder de Los Caballeros Templarios-, a quien la policía detuvo hace unos días en Tarímbaro, municipio conurbado de Morelia.

Originalmente se había dicho que entre las actividades delictivas de Plancarte estaría la extracción de órganos con fines de tráfico, pero cualquiera que conozca un poco de trasplantes sabe que un corazón o un riñón no se puede vender como si fuera una refacción de auto.

Al momento de escribir estas líneas, no estaba confirmado si Plancarte era en realidad secuestrador -eso tendrá que determinarlo un juez con base en las evidencias que aporte el Ministerio Público- ni se sabía a quiénes pudo haber plagiado. Menos aún, si eran menores.

Lo que sí es un hecho es el grave problema de la desaparición de personas en Michoacán, un fenómeno que comenzó hace ya varios años.

El mes pasado, el Comité de Familiares de Personas Detenidas-Desaparecidas en México ¡Alzando voces! (Cofaddem) realizó una conferencia de prensa en Morelia donde denunció que hasta un millar de personas podrían estar desaparecidas en Michoacán de 2006 a la fecha.

De varias de ellas se conocen públicamente sus nombres, pues sus familiares han presentado denuncias formales -hay 195 en total- y porque las circunstancias en que ocurrió su desaparición han sido divulgadas por los medios.

El 19 de diciembre pasado, Michoacán se convirtió en la entidad número 13 del país en legislar en materia de desaparición forzada.

Sin embargo, la Cofaddem cuestionó la tipificación de ese delito dentro del Código Penal del estado, por considerar que no cumple con los tratados internacionales.

Asimismo, expuso las dificultades que persisten para dar seguimiento a los casos de desaparición, a causa de las amenazas que existen al presentar denuncias, pues una parte de los agentes del Ministerio Público, dijo, incitan a “no moverle porque les pueden desaparecer a otro familiar”.

Entre los desaparecidos en Michoacán hay periodistas, como Mauricio Estrada Zamora, reportero de La Opinión de Apatzingán, cuyo auto fue encontrado, con el motor encendido y las puertas abiertas, el 12 de febrero de 2008; no se le ha vuelto a ver.

O como Ramón Ángeles Zalpa, corresponsal de Cambio de Michoacán en la Meseta Purépecha, de quien se supo por última vez el 9 de abril de 2010 cuando se dirigía a la Universidad Pedagógica Nacional, plantel Paracho, donde daba clases.

Está, asimismo, el caso de Ana Belén Sánchez Mayorga, Diego Antonio Maldonado y Luis Enrique Castañeda, originarios del Distrito Federal, quienes fueron sacados a la fuerza de su hotel, en Paracho, el 21 de julio de 2012.

Los jóvenes asistían a un festival de globos de cantoya organizado por el Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Michoacán (CECTI) y el grupo KidScience.

Entre los desaparecidos también está Daniel Ramos Alfaro, un profesor rural del Consejo Nacional de Fomento Educativo, de quien no se sabe nada desde el 2 de octubre de 2013. Sus objetos personales fueron encontrados a una hora de la comunidad de Betania, municipio de Uruapan, donde se le vio por última vez.

Al mes siguiente desaparecieron los policías René Rojas Márquez y Gabriel Quijadas Santiago, de la Federal Ministerial, asignados a la Subdelegación de la PGR en Zamora, quienes debían incorporarse a la Base de Operaciones Mixtas en Briseñas.

Su camioneta pickup, color verde, con placas del Distrito Federal fue encontrada, calcinada y abandona, en las inmediaciones de Cumuato, sobre la carretera Sahuayo-Vista Hermosa.

El secuestro de los agentes desató una búsqueda que dio con una serie de fosas clandestinas en la ribera del río Lerma, que divide a Michoacán y Jalisco. Entre los 64 cuerpos finalmente exhumados en el lugar, no aparecieron los de Rojas y Quijadas.

También ha habido casos de niños raptados en el estado, como los pequeños José Luis Rosales y Yamileth Heredia, de cuatro años de edad, cuyos cuerpos aparecieron en un canal de aguas pluviales de la Tenencia Morelos, al sur de la capital michoacana, el 10 de junio de 2012.

Los niños habían desaparecido el mes anterior, al parecer robados de las puertas de sus casas. Aunque originalmente se denunció que estos casos podrían estar relacionados con tráfico de órganos, la Procuraduría michoacana descartó esa línea de investigación, de acuerdo con medios locales.

A la fecha, no queda claro si las versiones de rituales con órganos humanos -a las que aludió el comisionado Castillo el martes pasado- pueden ser ligadas a desapariciones de personas.

Pero decenas de casos de desaparecidos en el estado siguen esperando una aclaración. No se puede hablar de pacificar Michoacán sin atenderlos.

*Esta columna fue publicada originalmente en Excelsior.com.mx.