Bogotá. La compañía española de telecomunicaciones Telefónica demandó al Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi, que depende del Banco Mundial) por cuenta del laudo arbitral que el año pasado obligó a Movistar y a Claro a pagar, en conjunto, $4,7 billones (US$1.641 millones).
Los árbitros en ese momento determinaron que el monto impuesto era el equivalente en dinero a los bienes de la Nación que estos operadores utilizaron desde los años noventa para desplegar el servicio celular en el país y que debían devolver. Desde que se supo la decisión, ambos operadores anticiparon que tomarían acciones legales.
Esas empresas interpretan que una modificación en las normas, que obligaba a devolver el espectro radioeléctrico pero no la infraestructura, aplicaba para sus contratos con el Estado. Sin embargo, el Tribunal de Arbitramento en Colombia determinó que no es así, y que, por tanto, sí tenían esa deuda pendiente con la Nación.
En agosto del año pasado, luego de que los árbitros ordenaron el pago, los accionistas de Movistar en Colombia -que son la Nación, con 32,5 %, y Telefónica, con 67,5%- aprobaron capitalizar la compañía para pagar las pensiones de extrabajadores de Telecom y la deuda con la Nación a causa de la reversión de activos.
En su informe de gestión 2017, Telefónica había explicado que aprobar esa capitalización, con la cual se pudo saldar la deuda con la Nación en el plazo de dos semanas que puso el Tribunal, no era sinónimo de estar de acuerdo con el laudo, por lo cual, una vez cumplido el término legal, la multinacional española haría la demanda de un nuevo arbitraje ante el Ciadi.
Este plazo se cumplía el pasado 1° de febrero. Claro, por su parte, había emprendido desde 2016 un proceso ante el Ciadi por la misma reversión de activos, argumentando una violación al tratado de libre comercio entre Colombia y México, país de origen de América Móvil, el grupo dueño de Claro.
La noticia de la demanda de Telefónica tomó relevancia el mismo día en que la multinacional dio sus resultados financieros de 2017, con un 32% de aumento en el beneficio de toda la operación del grupo. Esto podría ser una buena noticia para un sector que, en Colombia, viene con crecimientos negativos desde hace dos años.
Así lo ha expresado el gremio colombiano de operadores Asomóvil, que ha argumentado que, por esa razón, junto con otras como la falta de seguridad jurídica, no están dadas las condiciones para invertir en la nueva subasta de espectro.
Este proceso, fundamental para el desarrollo tecnológico del país, fue aplazado esta semana nuevamente por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
