Estado de derecho es la palabra mágica para componer mucho de los problemas que tenemos en el país. Y eso justamente es lo que se ha sacrificado con la decisión de legitimar a las autodefensas de Michoacán.
Por ello la decisión pareció errónea al momento de ser anunciada. Pero ¿qué otra alternativa tenía el gobierno federal ante la descomposición a la que ha llegado Michoacán?
Aunque la decisión de armar a las autodefensas sea mala; aunque pueda implicar un nuevo incentivo para utilizar la vía violenta para obtener lo que se requiere del Estado, todo indica que era la opción menos mala en un ambiente de descomposición brutal.
La violencia en el estado lo sabemos, no es nueva. Lleva ahí, incubándose y agravándose, por más de dos décadas. La desesperación de la sociedad con una situación que ha ido empeorando es la que ha crecido al grado de conformarse estos grupos de autodefensas con el propósito de detener las extorsiones, las violaciones y los asesinatos cuando el Estado los ha abandonado.
Desesperación generada por situaciones frustrantes e inaceptables para cualquier sociedad libre y democrática. Cobro de piso de acuerdo con el número de habitaciones que tienen las casas; cobro de una parte del salario a los jornaleros de ranchos de aguacate, limón y otros cultivos; violación de niñas enfrente de sus padres… la lista es larga.
¿Todos estos individuos, los comandados por Papá Pitufo y por otros líderes comunitarios, están bien armados, algunos con AK-47 para defender lo que legítimamente les pertenece? ¿O hay quienes han pasado a formar parte de distintos grupos criminales y se encuentra en lucha de malos contra malos?
Esa es la gran pregunta que genera la decisión del gobierno federal amparada por la presencia de Alfredo Castillo como comisionado de Seguridad en Michoacán a tan sólo tres semanas de haber llegado al estado.
Entrevistado en Frente al País, Castillo dijo que el estar ahí, en Michoacán, le dejaba en claro que los grupos de autodefensas se han armado por desesperación y no a manera de hacer negocios entre cárteles. Desesperación y punto, enfatizó Castillo.
Lo que quieren es que todos los criminales se salgan del estado y vivir en paz, me comentó, palabras más palabras menos, Castillo.
Ojalá tenga razón el comisionado.
Aplicar la ley en el caso de las autodefensas habría implicado enviar al Ejército y esto habría muy probablemente resultado en un baño de sangre.
¿De qué tamaño? No lo sabemos porque no conocemos cuántas personas integran estos grupos armados, ni cuántos están dispuestos a ser reclutados para trabajar en conjunto con las autoridades. Tampoco sabemos si verdaderamente entregarán sus armas para ser registradas por la Sedena.
Por ello, aunque la decisión de armar a las autodefensas sea mala; aunque pueda implicar un nuevo incentivo para utilizar la vía violenta para obtener lo que se requiere del Estado, todo indica que era la opción menos mala en un ambiente de descomposición brutal.
Un Estado fallido. Michoacán.
*Esta columna fue publicada originalmente en Excelsior.com.mx.
