Lima. Los fiscales peruanos que investigan un soborno por US$20 millones que la firma brasileña Odebrecht pagó supuestamente al expresidente Alejandro Toledo pidieron la aprobación formal de un juez para incluir en el caso a la mayor constructora del país, Graña y Montero.
La compañía dijo en que recibió una citación judicial para asistir a una audiencia el 16 de febrero en relación con la petición del Ministerio Público para incluir a las empresas del grupo como "sujetos investigados" en la causa.
Graña y Montero rechazó la situación en un comunicado, asegurando que "estas empresas no son organizaciones diseñadas para corromper funcionarios, sino todo lo contrario, somos una organización en la que no caben prácticas irregulares ni fraude alguno".
La constructora se ha visto afectada por una serie de reveses que han hecho caer el precio de sus acciones desde fines de 2016, cuando su socia Odebrecht reconoció haber pagado a funcionarios locales US$29 millones en sobornos para asegurarse lucrativos contratos de obras.
El juez Richard Concepción, que aprobó los pedidos de la fiscalía para ordenar la detención preventiva de sospechosos de corrupción, citó a Graña a la audiencia del 16 de febrero, señaló la compañía.
Graña reiteró que "no tiene conocimiento de que algún ejecutivo o exejecutivo haya participado en actos de corrupción" y se mostró dispuesta a colaborar con las investigaciones.
Según una ley antisoborno aprobada el año pasado, las compañías que reconozcan haber participado en corrupción o hayan sido encontradas culpables de estas prácticas no pueden postularse a nuevos contratos gubernamentales y deben cumplir con una serie de restricciones financieras.
Algunos críticos afirman que la ley -el denominado Decreto de Urgencia 003- desincentiva que las firmas ofrezcan detalles a los fiscales sobre potenciales casos de corrupción y el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski anunció planes para sustituirla antes de su expiración el mes próximo.
El juez Richard Concepción, que aprobó los pedidos de la fiscalía para ordenar la detención preventiva de sospechosos de corrupción, citó a Graña a la audiencia del 16 de febrero, señaló la compañía.
El año pasado, el fiscal Hamilton Castro acusó a Odebrecht de pagar un soborno de US$20 millones a Toledo, que se encuentra en Estados Unidos y es requerido para su arresto en Perú. El exmandatario niega los cargos.
