¿Qué tienen en común el expresidente sudafricano y premio Nobel de la Paz Nelson Mandela y el astro de fútbol uruguayo Diego Forlán? Las familias de ambos han sufrido el dolor de una tragedia causada por la inseguridad vial, y han transformado su dolor en compromiso por mejorarla.
Hace tres años, Zenani Mandela fue atropellada por un conductor ebrio cuando volvía a su casa tras el acto de apertura del Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Zenani tenía sólo 13 años. La hermana de Forlán quedó postrada en una silla de ruedas tras un grave accidente automovilístico hace dos décadas.
El número total es escalofriante: 130.000 muertes por año sólo en América Latina. Seis millones de heridos y centenares de miles de discapacitados. El número de heridos es equivalente a dos países del tamaño de Uruguay, tres ciudades como La Paz. Un enorme freno al desarrollo. Y todo a causa de la inseguridad vial.
Por alguna razón, la vida situó a la abuela de Zenani, H. E. Zenani Dlamini Mandela, en Argentina, donde es embajadora de Sudáfrica y connotada activista. Recientemente participó en un evento sobre seguridad vial en Buenos Aires que nos recordó la vigencia de estas tragedias cotidianas, pero sobre todo sirvió de acicate para renovar nuestro compromiso con esta causa.
Como Zenani, cada tres minutos muere un niño en algún accidente vial en el mundo. Aproximadamente 1,3 millones de personas mueren cada año en las carreteras del mundo (una cada seis segundos), y entre 20 y 50 millones de personas sufren lesiones.
Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, América Latina tiene uno de los índices de siniestralidad vial más elevados del mundo: 19,2 muertes por cada 100.000 habitantes, más de tres veces la tasa de algunos países europeos. Este índice es aún más alto cuando se considera solo Sudamérica, que está casi 2 puntos por encima de la media latinoamericana.
La violencia vial afecta principalmente a los más jóvenes y a los más expuestos. Los siniestros viales son la primera causa de muerte entre personas de 15 a 44 años. En Colombia, Costa Rica y República Dominicana, por ejemplo, el 75% de las víctimas son los llamados usuarios vulnerables -el ciudadano de a pie, en bicicleta y en motocicleta.
El número total es escalofriante: 130.000 muertes por año sólo en América Latina. Seis millones de heridos y centenares de miles de discapacitados. El número de heridos es equivalente a dos países del tamaño de Uruguay, tres ciudades como La Paz. Un enorme freno al desarrollo. Y todo a causa de la inseguridad vial.
El problema no es la falta de leyes y regulaciones. La mayoría de los países de la región cuentan ya con un marco normativo integral al respecto. El problema es hacer cumplir esas normas.
Cuando una ley no se cumple, bien sea porque no se sanciona al infractor o porque no se hace cumplir la sanción, se crea una sensación generalizada de impunidad que lleva a un mayor incumplimiento de la norma.
Al igual que los Mandela y los Forlán, muchos familiares de víctimas han transformado su dolor en compromiso por la seguridad vial. Por fortuna, organizaciones como la Fundación Ibero-Americana de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial, Fundación Por la Vida en Colombia, Fundación Gonchi Rodríguez en Uruguay, o Madres del Dolor en Argentina, mantienen este vital tema en la mira de las autoridades y de la opinión pública.
Estas organizaciones se encargan de recordar a la sociedad civil que la seguridad vial es una responsabilidad compartida. Y a los gobiernos, que tienen el deber ineludible de destinar recursos para cumplir sus compromisos, modificar leyes, fiscalizar su cumplimiento, y aplicar la justicia cuando no se cumplen.
Por nuestra parte, desde el Banco Mundial en asociación con la ONU y otras entidades, estamos trabajando muy de cerca con gobiernos y organizaciones no gubernamentales para mejorar la gestión de las políticas de seguridad vial.
Creemos que es importante promover una responsabilidad compartida, fomentando la mejora de los datos y el intercambio de experiencias y buenas prácticas que conduzcan a mejores políticas públicas -algo que se está logrando desde el Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, por ejemplo.
También buscamos cambios de conductas a través de la educación, la concienciación y el control, la protección de los niños y usuarios vulnerables, y apuntalando la mejora de las instituciones para la seguridad vial con trabajo coordinado entre los sectores de transporte y salud.
En Argentina, por ejemplo, el Banco Mundial ha apoyado la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, consolidando así en una sola entidad las funciones de monitoreo, fiscalización y de gestión de intervenciones. Por sus avances en esta área, Argentina recibió la semana pasada el premio Prince Michael International Road Safety Award como reconocimiento internacional por los esfuerzos emprendidos.
El caso argentino muestra que se puede lograr un descenso en la siniestralidad vial cuando un país invierte los recursos financieros y humanos suficientes para lograr la observancia de las leyes y la sensibilización de la población.
Como nos recordaron Zenani Mandela y otros testimonios, conocemos bien la trágica magnitud de esta epidemia y sabemos qué hacer para frenarla. Ahora nos toca actuar. Porque si una cosa me queda clara es que el momento es hoy.
*Esta columna fue publicada con anterioridad en la zona de blogs del Banco Mundial.
