Los numerosos escándalos financieros y políticos que se han hecho públicos en los últimos años y, más recientemente, una investigación del International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), han puesto a los paraísos fiscales en el ojo del huracán y han reforzado el incipiente consenso internacional sobre la necesidad de su pronta supresión.
En la actualidad, existen algo más de medio centenar de paraísos fiscales. Se trata de territorios que ofrecen una nula o baja tributación para las personas no residentes y una sólida opacidad frente a las autoridades extranjeras (en ocasiones, bajo la protección del secreto bancario). Oficiosamente, y a pesar de la dificultad de cuantificar una actividad que -por definición- permanece oculta, recientes estudios consideran que estos territorios custodian (nada menos) que el 25% del PIB mundial. A la vista de esta cifra podría concluirse que el uso de los paraísos fiscales está en auge, pero en realidad estos territorios podrían tener sus días contados.
Poco pueden hacer los gobiernos occidentales para incrementar la nula o escasa tributación de territorios que son soberanos, pero mucho camino se ha recorrido para obligarles a intercambiar información de relevancia fiscal a nivel global. Estamos, quizá, ante el principio del fin de los paraísos fiscales.
En abril de 2009, los miembros del G-20 reunidos en Londres manifestaron en un comunicado oficial que era necesario “tomar medidas contra las jurisdicciones no cooperativas, incluidos los paraísos fiscales”. Asimismo, señalaron que estaban dispuestos a “desplegar sanciones para proteger nuestras finanzas públicas y nuestros sistemas financieros. La era del secreto bancario se ha acabado”.
En abril de 2013, los países del G-20 reunidos en Washington han hecho un nuevo llamamiento al resto de países del mundo para que adopten medidas que faciliten el intercambio automático de información fiscal y aumenten la transparencia sobre la base de un modelo multilateral que la OCDE debe desarrollar. En concreto, los ministros de finanzas de los 19 países más poderosos económicamente, junto con la Unión Europea, firmaron una declaración conjunta en la cual expresaban que “deben tomarse más medidas para erradicar la evasión fiscal internacional, en concreto a través de paraísos fiscales (...). Debe celebrarse el avance que en este sentido han experimentado muchos países, pero recomendamos encarecidamente a todos los países firmar o expresar su interés en firmar el Acuerdo multilateral de asistencia administrativa mutua en asuntos fiscales de la OCDE”.
¿Qué ha sucedido durante los cuatro años que separan estas bien intencionadas declaraciones? Desde 2009, el intercambio de información fiscal a nivel internacional como instrumento para luchar eficazmente contra el fraude fiscal ha sido prioridad de la agenda política de los países desarrollados. Las declaraciones voluntaristas de las últimas décadas han dado paso, por fin, a los hechos.
¿Qué es lo que ha cambiado entonces? La respuesta breve a esta pregunta es la crisis. La insostenibilidad de los altos niveles de endeudamiento de numerosos Estados y la elevada presión de los organismos económicos internacionales ha resultado en la adopción de severos programas de consolidación fiscal, consistentes tanto en medidas de contención del gasto público (políticas de austeridad, en la terminología al uso) como de incremento de la recaudación impositiva mediante el alza generalizada de los tributos. Sólo reduciendo el gasto e incrementando los ingresos puede generarse un superávit presupuestario que permita a los gobiernos repagar sus deuda.
El sacrificio que muchos ciudadanos están llevando a cabo es titánico y la sociedad -a través de sus representantes políticos y también de los medios de comunicación- ha decidido que debe ponerse coto al fraude fiscal y a la impunidad que los paraísos fiscales ofrecen a los defraudadores. Para ello, las autoridades fiscales de los distintos países necesitan, más que nunca, instrumentos adecuados para garantizar el cobro de las deudas tributarias y qué mejor instrumento que disponer de información global sobre sus contribuyentes. A problemas globales, remedios globales.
Adicionalmente, en 2010 se produjo un nuevo e importante hito en la lucha por la transparencia fiscal y el intercambio de información a nivel global: la Administración Obama aprobó la Foreign Account Tax Compliance Act (Fatca), normativa tributaria promulgada en los EE.UU. Esta normativa, que entrará en vigor en 2014, pretende acabar con el fraude cometido por personas físicas residentes fiscales en los EE.UU. que, con el fin de ocultar a la autoridad tributaria estadounidense determinados rendimientos derivados de inversiones en activos financieros, deciden obtenerlos a través de cuentas off-shore mantenidas con entidades financieras extranjeras. Básicamente, y aunque existen distintas modalidades de implementación de la norma, la Fatca obliga a las entidades financieras extranjeras a firmar un acuerdo específico con la autoridad fiscal norteamericana bajo el cual asumen la obligación de identificar a sus clientes residentes fiscales en los EE.UU. y a suministrar anualmente determinada información sobre sus cuentas a las autoridades fiscales de este país.
El pasado 8 de febrero de 2012, España, Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido anunciaron que firmarían con los EE.UU. un acuerdo bilateral para comprometerse a implementar en sus respectivas normativas internas las obligaciones derivadas de la Fatca. En virtud de dichos acuerdos, las administraciones tributarias de cada país se obligan a suministrar a los EE. UU. de forma automática una serie de datos sobre los contribuyentes afectados por la Fatca que deberán obtener de las entidades financieras residentes establecidas en sus respectivos territorios. Asimismo, el 9 de abril de 2013, los ministros de finanzas de estos países anunciaron que pretenden implementar en la Unión Europea un intercambio automático de información multilateral similar al que establece la Fatca, dando un paso más en la lucha contra el fraude a nivel de la Unión Europea.
En definitiva, el intercambio automático de información fiscal a nivel global se está convirtiendo en los últimos años en el nuevo “estándar” internacional para combatir la opacidad que hasta ahora ofrecían los paraísos fiscales. Poco pueden hacer los gobiernos occidentales para incrementar la nula o escasa tributación de territorios que son soberanos, pero mucho camino se ha recorrido para obligarles a intercambiar información de relevancia fiscal a nivel global. Estamos, quizá, ante el principio del fin de los paraísos fiscales.
