En entrevista para el diario chileno “La Tercera”, el presidente Sebastián Piñera declaró que “Chile le ha ofrecido a Bolivia otorgarle autonomía en un enclave territorial en la zona fronteriza, donde ellos puedan desarrollar un puerto, un balneario, pero sin ceder soberanía”. Luego agregó que “Si llegase a haber un resultado adverso en La Haya que restringiera gravemente el acceso al mar por esa zona, esa solución perdería validez”. Lo del “resultado adverso en La Haya” hace referencia a la controversia marítima que sostienen ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya (CIJ), Chile y Perú. Es decir, el presidente Piñera presentó la demanda peruana ante la CIJ como un posible obstáculo para que Chile haga efectivas las concesiones ofrecidas a Bolivia.  

Luego, conminado por su par boliviano, el canciller chileno Alfredo Moreno reconoció que Chile no había hecho formalmente y por escrito la propuesta a la que hizo alusión el presidente Piñera durante su entrevista con “La Tercera”. Pero asumamos con fines analíticos que se trata de una propuesta oficial. En ese caso, las declaraciones del presidente Piñera resultan problemáticas por varias razones. En primer lugar, porque el tratado de límites entre Bolivia y Chile fue suscrito en 1904, mientras que la demanda peruana ante la CIJ fue presentada en 2008: es decir, esos países tuvieron más de un siglo para encontrar una solución mutuamente satisfactoria al problema de la mediterraneidad boliviana. El que ello no haya ocurrido no guarda relación alguna con el diferendo que sostienen Chile y Perú en La Haya. 

Siguiendo el ejemplo de Colombia al denunciar el Pacto de Bogotá, una de las condiciones que podría hacer tolerable la ejecución de un fallo adverso de la CIJ, es la certeza de que se trataría de la última derrota que tendrían que encajar en materia territorial.

En segundo lugar, no existe razón lógica por la cual la propuesta de Chile debiera perder vigencia en caso de que el fallo de la CIJ le sea adverso: ni Arica quedaría desprovista de un espacio marítimo, ni la soberanía peruana sobre el resto del espacio marítimo hoy en controversia impediría el comercio boliviano a través del puerto que le concedería Chile. En tercer lugar, si la propuesta chilena no implicaba cesión de soberanía, tampoco habría razón lógica por la cual debiera hacerse efectiva en el norte de Arica (es decir, en territorio que fue peruano hasta la Guerra del Pacífico, y que hoy constituye la zona fronteriza entre Chile y Perú): se trataría de una ubicación idónea en caso de que Chile concediera a Bolivia una salida soberana al mar, dado que sería la única opción que no interrumpiría la continuidad geográfica del territorio chileno. Pero si la alternativa propuesta por Chile no implica ceder soberanía, esta podría hacerse efectiva, por ejemplo, en la región de Antofagasta (es decir, en territorio que perteneció a Bolivia hasta la Guerra del Pacífico). De hecho, lo propuesto por Piñera es similar a lo que ya concedió el Perú a Bolivia a través del Protocolo Complementario y Ampliatorio de 2010 a los convenios de Ilo de 1992. Y que se sepa, el puerto peruano de Ilo no queda en la frontera con Chile.  

De cualquier modo, lo propuesto por Piñera no tenía mayor probabilidad de ser aceptado  por Bolivia precisamente porque no resuelve satisfactoria la demanda medular de ese país: es decir, el obtener un acceso con soberanía al océano Pacífico (como era el caso antes de la Guerra del Pacífico). ¿Qué habría motivado entonces las declaraciones del presidente Piñera? Podría tratarse en parte de la misma motivación que llevó a Michelle Bachelet en 2006 a cambiar la posición oficial de Chile, al aceptar negociar el tema de la mediterraneidad boliviana sin excluir de antemano la reivindicación de un acceso soberano al mar. El propósito de ese cambio en la posición oficial de Chile no habría sido el de contemplar seriamente la posibilidad de ceder soberanía territorial a Bolivia (cosa que de hecho no ocurrió). El cambio parecía obedecer más bien a otras motivaciones: de un lado, neutralizar temporalmente las exigencias de Bolivia, en tanto el gobierno de Chile se preparaba para afrontar una eventual demanda peruana ante la CIJ (previsible desde que en 2004 Chile se negara a iniciar una negociación bilateral para resolver la controversia limítrofe). De otro lado, Bachelet buscaba asociar los intereses bolivianos a la posición chilena en su diferendo limítrofe con el Perú (en tanto, un triunfo del Perú ante la CIJ reduciría el espacio marítimo disponible para ceder a Bolivia).

Pero la condición para que la iniciativa surtiera el efecto deseado, era aceptar como materia negociable la reivindicación boliviana por soberanía marítima. Al negar de partida esa posibilidad, Piñera parece condenar su propia propuesta (real o no), a la irrelevancia (al menos en el futuro previsible). Podría especularse entonces que tal vez el mensaje de Piñera no fuera dirigido tanto a Bolivia, como a su propio país. En cuyo caso, el mensaje que habría que leer entre líneas podría ser el siguiente: sí como producto del fallo de la CIJ Chile debiera ceder al Perú el control que hoy ejerce sobre cuando menos parte del espacio marítimo en controversia, la sociedad chilena debiera saber que esa sería la última concesión territorial (de cualquier índole) que el Estado chileno estaría dispuesto a hacer. Siguiendo el ejemplo de Colombia al denunciar el Pacto de Bogotá, una de las condiciones que podría hacer tolerable la ejecución de un fallo adverso de la CIJ, es la certeza de que se trataría de la última derrota que tendrían que encajar en materia territorial.