En 2012, los gobiernos de América Latina tomaron más medidas positivas que en años anteriores orientadas a apoyar la pequeña agricultura y a que las personas que viven de esta actividad dejen de sufrir tanta pobreza. Sin embargo, a pesar de los avances, las medidas todavía están lejos de ser las necesarias.

Hay un reconocimiento cada vez mayor por parte de gobiernos y organismos internacionales sobre el estratégico rol que cumple la pequeña agricultura en la región. Y es que no debemos de olvidar que este sector produce el 70% de los alimentos que se  consumen en Centroamérica y una cifra similar de los que se consumen en Sudamérica, incluyendo a Brasil.

Si a esto se suma el incremento de la recaudación por parte de los gobiernos de la región en los últimos años, y por tanto la mayor capacidad que tienen para invertir en diferentes sectores productivos (como en la pequeña agricultura), hay razones para pensar que se puede reducir la vergonzosa cifra de 49 millones de personas que se acuestan con hambre en América Latina -gran parte de ellos productores de alimentos en zonas rurales.

Para el 2013, los países de América Latina deben asumir el compromiso de destinar un porcentaje de sus presupuestos públicos nacionales a la pequeña agricultura, igual que lo hiciera la Unión Africana hace diez años a través de la Declaración de Maputo.

En ese camino, algunos países han tomado medidas que van en contra de ese objetivo, mientras otro grupo de países ha tomado medidas muy positivas e inteligentes.

Perú, por ejemplo, ha sido uno de los países de la región que más ha incrementado su presupuesto hacia la pequeña agricultura. El gobierno ha duplicado el presupuesto para el Ministerio de Agricultura y ha constituido un programa denominado Mi Riego, con un fondo especial de aproximadamente US$392 millones para, en un contexto de creciente impacto del cambio climático, garantizar el acceso al agua en zonas altoandinas del país (este elemento es esencial para impulsar proyectos productivos).

Asimismo, se ha incrementado el presupuesto de Agrorural -importante programa orientado a impulsar el sector agrario- en 24%. El mismo presidente Ollanta Humala, marcando un cambio con el discurso de gobiernos anteriores, ha dicho que apostará por el  minifundio “porque es rentable”. Estos elementos marcan un escenario nuevo para un sector que ha sido tradicionalmente postergado y que es clave para la alimentación del país andino. Por ello, reconocemos esta iniciativa del gobierno peruano.

De otro lado, Colombia y Bolivia realizarán en 2013 un nuevo censo agrario, necesidad acuciante en toda la región, pues es imposible desarrollar e implementar políticas serias de desarrollo rural si no se cuenta con un buen diagnóstico social y económico. En el caso de Colombia, no se realiza un censo agrario desde hace 43 años. De Bolivia también es importante mencionar la aprobación de la  Ley de Organizaciones Campesinas por la Asamblea Plurinacional, que declara la agricultura familiar sostenible, de interés público y nacional.

Bolivia, junto con Nicaragua y Brasil cuentan hoy en día con los mejores marcos legales y programas orientados a la pequeña agricultura, aunque su aplicación está siendo un reto, especialmente en Bolivia, donde los niveles de ejecución presupuestaria del gobierno son del 71%. De otra parte, el año pasado también se consiguió que el Derecho a la Alimentación fuera reconocido oficialmente en la Ley Marco de Seguridad Alimentaria del Parlamento Latinoamericano. Vinculado con este punto, El Salvador está por aprobar la inclusión del Derecho a la Alimentación en su Constitución, como ya lo hicieron Brasil, Ecuador y Bolivia.

Los países que menos han avanzado en impulsar la pequeña agricultura y la reducción del hambre son Paraguay, Guatemala y Honduras. En el primero, se ha aprobado innecesariamente y sin el consenso debido el ingreso de transgénicos, generándose un nuevo conflicto con los campesinos en un momento de fuerte inestabilidad política, consecuencia del más que dudoso cambio de gobierno. En Guatemala, como consecuencia de la presión de varios lobbies empresariales, el proyecto de ley de Desarrollo Rural Integral, que tenía el respaldo de la ONU, del gremio campesino y del Presidente de la República, no fue aprobado por el Congreso. Y en Honduras, no se están tomando medidas para reducir el actual conflicto por tierras que viene generando un drama: el asesinato de campesinos. Este país continúa siendo el más violento del mundo sin guerra declarada.

La FAO difundía a finales del 2012 un importante mensaje, señalando que 33 millones de personas sufren hambre en Sudamérica, a pesar de ser una de las mayores regiones productoras de alimentos del mundo. También alertaba sobre la desaceleración de la reducción del número de personas hambrientas.

Para el 2013, los países de América Latina deben asumir el compromiso de destinar un porcentaje de sus presupuestos públicos nacionales a la pequeña agricultura, igual que lo hiciera la Unión Africana hace diez años a través de la Declaración de Maputo. En ella los países de África se comprometieron a destinar el 10% de sus presupuestos públicos a este sector. ¿Podrá la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) lograr un compromiso similar?