“Los antiguos políticos hablaban sin cesar de costumbres y de virtud; los nuestros, sólo hablan de comercio y de dinero” (J.J. Rousseau)
Cuando los estudiantes demandaban poner fin al lucro y a la segregación en la enseñanza, el presidente de Chile, en medio de las protestas del 2011, replicaba de manera sorprendente: la educación es un bien de consumo. Vale decir, el político más importante del país atribuía a la enseñanza la misma importancia que el comercio de las papas en la feria. La educación se compra en el mercado. Defendía así sus propios negocios y el de sus amigos. No tenía dudas, como el resto de los jefes de los clanes económicos, sobre la legitimidad de acumular jugosas ganancias utilizando como carne de cañón a las escuelas, colegios técnicos, institutos profesionales y universidades. Igual que con las Isapres (instituciones de salud previsional privada) y las AFP (administradoras de pensiones). Lo social convertido en un negocio. Los niños, los enfermos y los adultos mayores son en nuestro país fuente de ganancias para los dueños del capital.
Frente a las protestas ciudadanas, que remecieron a toda la clase política chilena, la línea de defensa del gobierno (y de vastos sectores de la Concertación) era la calidad. Lo único que importa es la calidad, nos dicen. El lucro y la segregación son legítimos. El gobierno además negó que en las universidades se lucrara. Y el ministro de Educación, Harald Beyer, agregaba que había que probar ante los tribunales que las universidades privadas violaban la Constitución con las sociedades espejo, hacia dónde fluían los pagos de los aranceles estudiantiles. Se mantenía la ceguera sobre lo que todo el país sabía.
No es casual que destacados militantes de la Concertación, como empleados de los grupos económicos, sean parte de los directorios de la universidades privadas, sean también miembros de la agencias acreditadotas y, actualmente, hayan sido formalizados por la justicia un militante del PPD (Díaz) y otro de la DC, también ex Subsecretario de Economía (Maulen). Los estudiantes tiene razón: la educación en Chile es un robo.
Así las cosas, el gobierno apostó a dos medidas de política para enfrentar el cuestionamiento que le colocaba la ciudadanía. Por una parte, disminuyó la tasa de interés de los créditos para los estudiantes y, por otra parte, insistió en preservar el sistema de acreditación para las universidades. La disminución del costo del crédito escasamente ayuda a mejorar la calidad ya que conserva el lucro en las universidades y. al contrario, favorece la multiplicación de cuanta universidad de última categoría se les ocurra inventar a “los emprendedores”. Mantener el negocio a una tasa de interés algo más baja. Ello no da respuesta al cambio estructural que exigen los estudiantes y tampoco ayuda a las familias que han sido expoliadas con las deudas bancarias, gracias al aval del Estado, durante varias décadas. Tampoco favorece a la gran mayoría de jóvenes profesionales pobres y de clase media, que no pueden iniciar un camino propio en la vida cuando gran parte de sus ingresos, aún con la reducción al 2% de la tasa de interés, deben destinarlos al pago del crédito que utilizaron para su educación superior.
Pero la teoría de la calidad por sobre el término de la segregación y el lucro ha quedado completamente en bancarrota con la reciente situación delincuencial que ha conocida la opinión pública sobre el sistema de acreditación. Los estudiantes movilizados tenían la razón. Este sistema es una estafa. Y cuánta razón también tuvo el Presidente Correa del Ecuador al cerrar gran parte de las universidades privadas que no trepidaban en engañar a los estudiantes cobrándoles elevadas sumas de dinero a cambio de nada.
En efecto, la Fiscalía ha demandado por negociación incompatible, cohecho, lavado de activos, tráfico de influencias y revelación de secreto al ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), del Ministerio de Educación, Eugenio Díaz. Éste militante del PPD recibió la suma de 290 millones de pesos (más de US$600.000) a cambio de la acreditación de las denominadas Universidad del Mar y Universidad Pedro Valdivia. Los rectores de ambas universidades, Héctor Zúñiga y Ángel Maulen, también formalizados en la misma causa, lograban con este mecanismo fraudulento, escondido bajo la forma de asesorías/coimas, que sus estudiantes accedieran al Crédito con Aval del Estado (CAE) a cambio de una educación inservible. Según investigaciones de CIPER, al menos otras cuatro instituciones de educación superior han sido identificadas por la Fiscalía entregando pagos por asesorías/coimas a Eugenio Díaz: UNIACC, Bernardo O´Higgins, Andrés Bello y el Centro de Formación Técnica Simón Bolívar.
En consecuencia, el cuestionamiento no sólo se refiere al lucro de las universidades mediante el mecanismo de las sociedades espejo, que ha negado el Ministro Beyer (que quedó de manifiesto hace algunos meses por denuncia y renuncia del ex rector Raúl Urrutia, en la propia “universidad” del Mar), sino también por el fraude institucionalizado que significa el sistema de acreditaciones en que la mayor parte de las universidades privadas coimean a funcionarios del organismos acreditador.
Lo que resulta evidente, como lo probó una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, es que todo el sistema de acreditación favorece el fraude. En efecto, la propia Contraloría destaca, en un reciente informe las carencias en los procedimientos de control, inexistencia de fiscalización e incumplimiento del mandato legal que le corresponde a la CNA. No podría ser de otro modo dentro del sistema actual ya que la mitad de los miembros de la CNA son elegidos por las universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales; vale decir, son las mismas instituciones que la CNA debe fiscalizar. Negociación incompatible. Y la acreditación resulta fundamental para que los estudiantes accedan al CAE, ya que sin CAE no hay estudiantes y sin estudiantes no hay negocio. A ello se agrega la multiplicación de agencias privadas asesoras formadas por ex rectores y políticos que son, en la práctica, lobistas dedicados a facilitar la acreditación de manera fraudulenta.
Al final de cuentas el discurso sobre la calidad constituye una mentira. Lo que le interesa establishment político y a los grupos económicos es que permanezca el negocio para continuar con la expoliación de la familias modestas de Chile. Y el negocio sólo puede sobrevivir con el salvavidas que le otorga la CNA a las universidades/empresas que han florecido en Chile en los últimos 20 años. Ese es el sistema de acreditación.
Finalmente, hay que destacar que las universidades/negocios privados las inventó el gobierno civil-militar, pero lo expandió y facilitó la Concertación, con el sistema de acreditación instalado en octubre del 2006. No es casual entonces que destacados militantes de la Concertación, como empleados de los grupos económicos, sean parte de los directorios de la universidades privadas, sean también miembros de la agencias acreditadotas y, actualmente, hayan sido formalizados por la justicia un militante del PPD (Díaz) y otro de la DC, también ex Subsecretario de Economía (Maulen). Los estudiantes tiene razón: la educación en Chile es un robo.
