“Los Ataques quirúrgicos ameritan arriesgarse a recibir el fuego de cohetes”: con este titular la agencia “Ynet” comenzaba el 14 de octubre una entrevista al coronel Tal Hermoni, comandante de la “División Gaza” de las fuerzas armadas israelíes. A punto de abandonar el cargo, Hermoni reconocía que cuando las fuerzas israelíes tenían información de inteligencia sobre el paradero de dirigentes militares de Hamas, procedían a actuar contra ellos, aun cuando esa organización no hubiese incumplido uno de entre la infinidad de acuerdos de cese al fuego mediados por el gobierno egipcio. 

 Eso fue lo que ocurrió el 14 de noviembre, cuando fuerzas israelíes dieron muerte al máximo dirigente militar de Hamas Ahmed Jabari, iniciando una serie de ataques aéreos y navales contra objetivos en la franja de Gaza. El gobierno israelí podría alegar que Jabari era un blanco militar legítimo. Lo que no puede es repetir su alegato habitual según el cual sus acciones son una respuesta al lanzamiento de cohetes por parte de Hamas, en contravención de un acuerdo de cesar las hostilidades. 

Las acciones eran además previsibles por una razón política: a inicios del próximo año se realizarán elecciones generales en Israel. Si bien el primer ministro Netanyahu tiene una alta probabilidad de permanecer en el cargo, el que el intercambio de fuego con las organizaciones palestinas en Gaza se convierta en un aspecto rutinario de la vida cotidiana podría causar alguna mella en su perspectiva electoral. Cabía por ende esperar que, en esta ocasión, el gobierno israelí escalara su respuesta. 

El hecho de que los proyectiles en posesión de Hamas tengan un mayor alcance implicaría que, a diferencia de la invasión de 2008, en esta ocasión las fuerzas israelíes deban incursionar hasta ciudad de Gaza para impedir que los proyectiles alcancen blancos dentro su territorio, con lo que se expondrían a operaciones de guerrilla urbana.

Pero precisamente porque Netanyahu espera ganar esas elecciones, iniciar una invasión terrestre de Gaza (como entre 2008 y 2009), implicaba un riesgo que sólo estaría dispuesto a correr en última instancia. Tal como entonces, el gobierno israelí podría ser acusado por investigaciones independientes de cometer crímenes de guerra, sin conseguir a cambio neutralizar la capacidad de las organizaciones palestinas de lanzar cohetes contra el sur de Israel. Y si bien tanto la investigación de Naciones Unidas como la de Amnistía Internacional concluyeron entonces que Israel y Hamas cometieron crímenes de guerra, las responsabilidades no fueron simétricas: murieron más de 1,300 palestinos, la mayoría civiles (más de 400 de ellos menores de edad), y 13 israelíes (tres de los cuales eran civiles). Además esta vez ocurriría poco antes de que la Asamblea General de la ONU vote para aceptar a Palestina como Estado observador, lo que le permitiría suscribir el Estatuto de Roma y plantear demandas ante la Corte Penal Internacional. 

 Por eso un ataque como el que se inició el 14 de noviembre parecía el escenario más probable: atacar desde una distancia que pusiera a buen recaudo a sus soldados, confiando en que su programa “Cúpula de Hierro” lograría interceptar parte de los cohetes que sobrevivieran el ataque inicial. Sin embargo, el que por primera vez Hamas haya lanzado cohetes con capacidad de impactar Tel Aviv y Jerusalén parece cambiar la ecuación, y hace más probable una invasión terrestre en Gaza. Y la magnitud de la movilización actual de tropas (varias veces superior a la que se produjo entre 208 y 2009), refleja las complicaciones adicionales que tendría ahora una incursión terrestre. De un lado, Israel no cuenta ya en Egipto con un gobierno dispuesto a detener durante la duración del conflicto el flujo de bienes (incluyendo armas) hacia Gaza (por lo que tendría que desplegar tropas en el sur de la franja para hacerlo por sus propios medios). De otro lado, el hecho de que los proyectiles en posesión de Hamas tengan un mayor alcance implicaría que, a diferencia de la invasión de 2008, en esta ocasión las fuerzas israelíes deban incursionar hasta ciudad de Gaza para impedir que los proyectiles alcancen blancos dentro su territorio, con lo que se expondrían a operaciones de guerrilla urbana. 

Entretanto, Hamas padece las consecuencias de su miopía estratégica: acciones armadas que no sólo califican como crímenes de guerra bajo el derecho internacional, sino que además le proveen a Israel el pretexto para continuar con un cerco sobre Gaza que tiene como principal víctima a la población civil palestina. Porque si bien Israel alega que su propósito es impedir el ingreso de armas, restringe también el ingreso de bienes para uso civil, como materiales de construcción (razón por la cual miles de familias palestinas no han podido reconstruir sus viviendas desde el 2009), e incluso alimentos: un documento oficial del gobierno israelí (que fue hecho público por orden judicial) revela que especialistas de ese país se dedicaron a calcular el número de calorías que debía consumir la población de Gaza para evitar una hambruna generalizada (el reporte tenía como propósito establecer la cantidad de alimentos que el gobierno israelí permitiría ingresar a Gaza).