Hace dos años, por varios meses la Corte Suprema de Justicia de hecho cayó en una inactividad como consecuencia de la imposibilidad de llegar a acuerdos en la manera de elegir cada año a quien ejerza la presidencia de ese alto organismo. Por esa causa hubo numerosas y justificadas críticas a la actitud de los magistrados -inexplicable al ser vista desde afuera. También debido a ello en general bien recibida la decisión de alternar ese cargo entre los dos grupos en disputa, integrados por seis y siete magistrados, respectivamente, todos con diferencias fundamentales entre sí en varios criterios y puntos de vista en la interpretación de las leyes, y en la representación de la sociedad con los cuales de alguna manera son relacionados.

La injerencia directa o indirecta de los sectores sociales es una de las características muy pocas veces positivas de la realidad jurídica guatemalteca, pero ese es un largo y complicado tema, motivo de un artículo distinto. Al acercarse las elecciones, también desde afuera se esperaba un hecho jurídico sin aspavientos ni problemas. El pacto consistía en alternar el cargo presidencial entre los dos grupos, como expresé antes. No quiero detenerme tampoco a considerar la validez teórica de una decisión de esa naturaleza, pero la considero correcta por el motivo de darle normalidad a las actividades de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el proceso de sustitución se ha visto nebuloso a partir de las últimas semanas, y esto es preocupante.

Se ha filtrado una injerencia directa del gobierno de la República con el objetivo de no acatar el pacto y mantener la presidencia de la Corte Suprema en un magistrado integrante del grupo al cual pertenece la presidenta, Telma Aldana.

Se ha filtrado una injerencia directa del gobierno de la República con el objetivo de no acatar el pacto y mantener la presidencia de la Corte Suprema en un magistrado integrante del grupo al cual pertenece la presidenta, Telma Aldana. Esto ha provocado una molestia en el otro grupo, y ha habido varias reuniones entre los magistrados, sin llegar a acuerdos, y esto pone en el campo de las posibilidades el renacimiento de una lucha interna cuyas consecuencias no se pueden prevenir ni predecir, pero sin duda son graves. Los ciudadanos preocupados por los efectos de la inactividad a estos niveles de la administración de justicia se han manifestado en forma privada en contra de romper el orden pactado hace ya dos años.

A mi juicio, la importancia radica en mantener las reglas claras, incluso aquellas no escritas, cuya fuerza moral y ética es poderosa precisamente por ese factor. Todos los magistrados deben meditar en las consecuencias, cuyos efectos van más allá del ego personal o de la representatividad de un determinado grupo. Desde ese punto de vista, la presidencia de la CSJ le corresponde a quien decidan los miembros del grupo al cual le toca. Debe hacerse un llamado para evitar el hundimiento del prestigio de esa importantísima corte nacional. Para tomar la decisión es necesario algo muy simple: recordar, releer y comprender las numerosas críticas de la época del estancamiento ya mencionado en este artículo. No se puede hacer lo mismo y pedir resultados distintos.

La situación actual del gobierno es precaria. Azotado por la crisis causada por la muerte de los ocho participantes en la manifestación de Totonicapán. Es necesario tener una Corte Suprema de Justicia funcionando como debe ser, para lograr, por medio del funcionamiento adecuado del sistema judicial, la recuperación al menos parcial de la confianza popular. Cuando el sistema judicial falla, el resultado inmediato es afianzar en la población el convencimiento de la necesidad de utilizar medidas de hecho -a veces incluyendo asesinatos por linchamiento- si se desea castigo para los culpables de hechos delictivos. Por razones como esta, la CSJ debe tener esta noche un nuevo presidente. Entenderlas no es complicado, porque solo se necesita voluntad.

*Esta columna fue publicada originalmente en PrensaLibre.com.