“Durante trece años el pueblo del Perú ha librado una guerra revolucionaria contra su gobierno opresivo, respaldado por los Estados Unidos: su movimiento es conocido como Sendero Luminoso”. Al menos eso es lo que se podía leer en 1992 en el videoclip de la canción “Bombtrack” del grupo Rage Against the Machine. El problema con esas líneas no es sólo que sean falsas, sino además que su maniqueísmo desafía el más elemental sentido de la realidad: el “pueblo peruano” es una masa indiferenciada en la que no existen perspectivas discrepantes, y esa masa es representada de manera inequívoca por una sola organización política. Si fuera así, ¿por qué entonces el golpe de Estado de ese mismo año (presumiblemente necesario para derrotar a Sendero Luminoso), obtuvo un nivel de aprobación cercano al 80% de la población?

Encontramos rastros de ese maniqueísmo en los Estados Unidos en consignas como “Somos el 99%” (¿cómo se explica entonces que el candidato que representaría al 1% de mayores ingresos tenga una intención de voto de alrededor de 45%?). Es sin embargo inusual ahora encontrar el mismo maniqueísmo en los intentos por explicar la muerte de 45 personas durante la reciente huelga minera en Sudáfrica (explicación que hace unos años se habría basado en el presunto “atraso cultural” de los nativos del África), probablemente para no invocar el ingrato recuerdo de la asociación que diversas potencias occidentales tuvieron con el régimen del Apartheid.

Cuando se trata de una cierta religión sin embargo, es todavía común recurrir a generalizaciones tan burdas como el “mundo islámico” o “los musulmanes”, como si se tratara de un todo indiferenciado. La implicación habitual es que no hay que identificar actores, sus motivaciones, o los incentivos que enfrentan, para explicar acciones tales como una marcha de protesta hacia una embajada: bastaría con invocar al “Islam” para que todo quede explicado. Un principio elemental del derecho moderno (según el cual las responsabilidades legales son individuales), desaparece de la escena. Y sin necesidad de saber gran cosa sobre esa religión, los estereotipos en boga proveen una explicación: las embajadas de los Estados Unidos fueron asoladas por turbas irracionales de “musulmanes” (todos ellos intercambiables entre sí), protestando de la única manera que conocen. El problema fundamental aquí no son los prejuicios subyacentes, sino que al ser una explicación equivocada puede provocar respuestas contraproducentes.

La implicación habitual es que no hay que identificar actores, sus motivaciones, o los incentivos que enfrentan, para explicar acciones tales como una marcha de protesta hacia una embajada: bastaría con invocar al “Islam” para que todo quede explicado.

Por ejemplo, la abrumadora mayoría de las movilizaciones frente a embajadas de los Estados Unidos en países de mayoría musulmana fueron convocadas por organizaciones salafistas. Sería materia de otro artículo explicar lo que eso significa, baste por ahora señalar que el término “fundamentalistas” podría ser un sucedáneo. El punto es que las organizaciones salafistas jamás han ganado una elección popular en ningún país de mayoría musulmana. Específicamente en los países de mayoría árabe, las encuestas revelan que el modelo que sus ciudadanos consideran digno de emular es el turco (es decir, una democracia representativa con economía de mercado), y no una autocracia basada en la religión como la que prevalece en Arabia Saudita (la principal fuente de irradiación del salafismo contemporáneo). Es decir, el salafismo no representa a la mayoría de los musulmanes, y en la gran mayoría de países, no representa siquiera una minoría significativa.

Por eso las manifestaciones ante la embajada estadounidense en El Cairo convocaron a entre tres y cinco mil personas, en una ciudad con veinte millones de habitantes. Si el Cairota promedio mostró algún grado de indignación, probablemente fue por el tráfico infernal, las colas para el pan, o la inseguridad ciudadana, y no por un video en Youtube. Precisamente porque los salafistas no tienen un respaldo mayoritario, apelan a causas que puedan resonar entre la mayoría, como la critica a la política hacia la región de los Estados Unidos en particular, y de los países de la OTAN, en general. Hechos como su respaldo incondicional a Israel (pese a que reconocen que sus prácticas en territorios ocupados violan el derecho internacional), o la invasión y ocupación de Irak (esgrimiendo argumentos que resultaron ser falsos), ayudan a entender por qué esas causas tienen resonancia más allá de los círculos salafistas. De otro lado, existe un segmento de la sociedad descontento y disponible para ser movilizado: quienes acuden durante todos los días útiles de una semana a protestar frente a una embajada, tal vez no tengan nada mejor que hacer. Es decir, es probable que formen parte de esa significativa proporción de jóvenes egipcios que ni estudian, ni trabajan. A lo cual podríamos añadir el hallazgo de Ronald Inglehart (director de la Encuesta Mundial de Valores), según el cual mientras menor es el ingreso de una persona, mayor es la importancia que le concede a la religión en su vida. Y la principal excepción a esa regla no es un país de mayoría musulmana: el país con la mayor religiosidad contrastada con sus niveles de ingresos es Estados Unidos.   

Una paradoja final. El diario español El País informó el 18 de Septiembre que el ministro del interior francés, Manuel Valls, defendió la libertad de expresión como un “derecho fundamental”, al comentar la decisión del semanario satírico “Charlie Hebdo” de publicar caricaturas burlescas sobre Mahoma. Estaría totalmente de acuerdo si no fuera porque en la siguiente línea el diario señala que su ministerio “había prohibido una manifestación” que pretendía protestar pacíficamente por esa publicación. Luego añadía que, ese mismo día, un juzgado de Francia había prohibido la publicación de fotos que mostraban los senos de la Duquesa de Cambridge. Y todo ello en un país que cuenta con una ley que prohíbe negar cualquier genocidio (correspondiendo al derecho penal y no a la investigación académica determinar si el hecho ocurrió o no), mientras el presidente en cuyo gabinete sirve Valls ofrece otra ley que prohibirá de manera específica negar el genocidio contra el pueblo armenio (mientras la ley en Turquía prohíbe afirmar que tal cosa ocurrió, con lo cual quien tome posición en la materia estaría condenado  a violar una de esas leyes).