Aficionado que soy al equipo de beisbol Águila de Veracruz -uno de los de mayor tradición en México-, gocé la noche del miércoles pasado su primer campeonato desde 1970. Más allá de lo que representó esta noticia para la sufrida fanaticada de los Rojos, captó la atención de los medios por haberse puesto punto final a una larga sequía de títulos.

Pero si resulta increíble que un equipo de cualquier deporte pase 42 años sin gallardete, lo es más que un país tan cambiante como el nuestro sea incapaz de revisar su legislación laboral en el mismo lapso. Una cosa afecta a un grupo de aficionados; lo otro, a un país completo.

La Ley Federal del Trabajo, vigente desde abril de 1970, no representa muchas de las realidades del campo laboral en México, una nación cuya población pasó de 48 millones a 115 millones de entonces a la fecha.

Sé que el PRI se opuso recientemente a aprobar una reforma laboral que ese mismo partido propuso. Lo hizo por malas razones: para que la izquierda no la tomara de pretexto para movilizarse y ganar adeptos.

Por poner un ejemplo, hace cuatro décadas un joven recién egresado de la universidad tenía prácticamente asegurado el empleo. Hoy en día, un título de licenciatura no lo garantiza. En 1970, la matrícula universitaria era de 218 mil estudiantes (0,4% de la población), mientras que en la actualidad es de aproximadamente 2,7 millones (2,3%).

La insuficiente creación de fuentes de trabajo en años recientes, junto con un mayor acceso a la educación y el alargamiento de la esperanza de vida han generado un embudo laboral que afecta gravemente a los jóvenes mexicanos.

No debe sorprendernos que la tasa de desempleo de cinco por ciento, en números redondos, que existe entre la población económicamente activa, se dispare por arriba de ocho por ciento en el caso de los jóvenes. Esto ha sido, en buena medida, por la poca flexibilidad que existe en la legislación laboral para la contratación de personas sin experiencia.

Este problema podría comenzar a resolverse si las empresas pudieran ofrecer a los jóvenes un tipo de contrato que no implique amarrarse con un trabajador sin haber probado su capacidad, pero otorgando a éste derechos laborales que hoy muchos empleadores evaden mediante el pago de honorarios y la subcontratación.

Sin embargo, no es sólo en ese rubro en el que la actual legislación se encuentra rezagada, si no es que desfasada.

Las sanciones que se prevén para las empresas que ponen en riesgo a sus trabajadores por no ofrecer condiciones de seguridad e higiene adecuadas son ridículas: 315 días de salario mínimo, equivalentes a 19 mil pesos.

Por eso empresas como las mineras pueden mantener a sus trabajadores en entornos que ponen en riesgo su vida. ¿Cuánta pérdida puede representar para las ganancias de una mina una multa como esa?

Evidentemente les significa una bicoca, pues en los llamados pocitos de carbón de Coahuila, donde, se calcula, trabajan unas 50 mil personas, se han acumulado de 2000 a la fecha más de 200 fallecimientos de trabajadores en derrumbes y explosiones que pudieron haber sido evitados, pero las actividades de extracción siguen adelante.

Una ley laboral de avanzada debería incluir un listado de actividades peligrosas que deberían tener una regulación especial. La industria minera debería ser catalogada como tal. ¿Cuántas veces hemos sabido de accidentes en minas que no cuentan con sistemas de ventilación, equipos de seguridad e incluso planos?

Otra realidad de la vida laboral en México es el trabajo infantil, que desgraciadamente se ha vuelto masivo a falta de una legislación que la prevenga. De acuerdo con cifras de la UNAM y Unicef, la presencia de menores de edad en la fuerza de trabajo, en la ciudad y en el campo se ha incrementado 12% desde el año 2000.

El 12 de junio pasado, con motivo del Día Internacional contra el Trabajo Infantil, se dio a conocer que actualmente trabajan en México 3.2 millones de niños y niñas de entre cinco y 12 años de edad. Y, peor aún, se estima que podría haber hasta 190 mil infantes de entre tres y cinco años de edad que también estén trabajando, víctimas de maltrato y expuestos a situaciones riesgosas para su salud como el uso de pesticidas en campos agrícolas.

Finalmente está un tema desatendido por la Ley Federal del Trabajo: la democracia y la transparencia de los sindicatos. ¿Por qué no podría tener un trabajador el derecho legal de pedir cuentas a la dirigencia de su gremio sobre el uso de sus cuotas?

Estamos ante una legislación anacrónica que no reconoce las nuevas realidades del mundo del trabajo y no aprovecha los nuevos cauces que ofrece el mercado; que no fomenta la competitividad, la capacitación ni la productividad; que poco hace por inhibir el incumplimiento de la norma, y que no fomenta la democracia ni la transparencia en la vida sindical.

En todo esto pensé a raíz de que el presidente Felipe Calderón dio a conocer a los futuros senadores de su partido, el martes pasado, durante una cena privada en Los Pinos, que reactivaría sus esfuerzos para sacar adelante una nueva legislación laboral.

Al día siguiente, Excélsior publicó como su nota principal el anuncio presidencial de que echaría mano del nuevo recurso de la iniciativa preferente -que, aprobada en el contexto de la Reforma Política, permite al Ejecutivo enviar hasta dos proyectos de ley por periodo de sesiones, mismos que tienen que ser dictaminados y votados con celeridad- para impulsar tanto la reforma laboral como la transparencia y rendición de cuentas de las autoridades locales.

La noticia fue confirmada al día siguiente por varios de los senadores panistas asistentes -aunque algunos, increíblemente, trataron de desmentirla, con lo que se volvieron, por decisión propia, poco confiables como fuentes de información-, pero, más importante que eso, comenzaron a moverse las ruedas de la administración pública para presentar las iniciativas a las que aludió este diario.

Agrego, para esos senadores que buscaron desmentir la nota, cosa que ni siquiera hizo la Presidencia de la República: ¿Es más importante tratar de despistar al enemigo político que ser derechos con la prensa cuando una información es cierta?

Escribo estas líneas desde el extranjero, en el marco de un viaje de trabajo, sin saber finalmente qué sucedería en la sesión inaugural de los trabajos de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y la presentación del sexto y último Informe de Gobierno del Presidente de la República.

Las que describo arriba son las principales omisiones que -a mi juicio y seguramente al de muchos más- tiene la legislación laboral aprobada cuando fenecía el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, es decir, hace ¡siete sexenios! También digo cuáles deberían ser los principales cambios para tener una ley de avanzada en la materia que no reduzca las conquistas de los trabajadores pero deje de ser un obstáculo, entre otros, para la creación de empleos.

Sé que el PRI se opuso recientemente a aprobar una reforma laboral que ese mismo partido propuso. Lo hizo por malas razones: para que la izquierda no la tomara de pretexto para movilizarse y ganar adeptos. Aun así, no estoy seguro de que la presentación de un nuevo proyecto de reforma laboral, en la forma de iniciativa preferente, sea la mejor manera de avanzar, pues se confunde con un deseo del Ejecutivo de incidir en la labor legislativa cuando los reflectores se han ido a otra parte.

Durante la campaña electoral escribí en este mismo espacio que, ganara quien ganara la Presidencia en los comicios del 1 de julio, era mi deseo que el Ejecutivo y su sucesor colaboraran entre ellos y con la nueva Legislatura, anunciando juntos el envío, mediante las bancadas de sus respectivos partidos, de las iniciativas de reformas estructurales que le hacen falta al país.

Mediante su resolución del jueves pasado sobre la impugnación del proceso y su declaratoria de Presidente electo, al día siguiente, el Tribunal Electoral sentó las bases para que se hubiera podido dar tal colaboración desde el primer día de la Legislatura.

Sin embargo, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto parecen haber tomado la decisión de ir cada uno por su cuenta y por su camino en pos de las reformas. El PRI, como se lo anuncié aquí hace tres semanas, irá por los cambios que anunció Peña en su decálogo de campaña de mayo pasado, mientras que Calderón avisó a sus senadores de su intención de ir por las reformas preferentes mencionadas.

Entiendo que la política es así, pero si usted me pregunta, estimado lector, yo hubiera preferido ver a ambos colaborar en algo en lo que, evidentemente, coinciden. No conocí  a tiempo el desenlace de la historia del 1 de septiembre para incluirla en esta Bitácora -por el huso horario en el que me encuentro-, aunque en el momento de redactar el remate de este texto deseaba que no hubiera iniciativa preferente ni decálogo de campaña, sino el anuncio de una colaboración amplia entre el que se va y el que llega.

*Esta columna fue publicada originalmente en Excelsior.com.mx.