…es mejor que 100 volando nos dijo Julio Pereira, director del Sistema de Impuestos Internos (SII) de Chile para justificar la condonación de la deuda impositiva con la que favoreció a la multitienda Johnson's. Con este dicho popular justificó el perdonazo de $59.000 millones (US$118 millones), quedándose el Estado con sólo $4.000 millones. Escándalo a todas luces. Generosidad con una gran empresa que revela, una vez más, que los ricos tiene derechos superiores y que las obligaciones existen para los que no tienen dinero ni acceso al poder. Son las desigualdades y abusos, que se reiteran cotidianamente, y que se encuentran en todos los ámbitos de la sociedad chilena. El hecho también muestra, de forma descarnada, que el Estado sólo se convierte en un agente activo de la actividad económica cuando los grandes empresarios tienen problemas. Es su escudero, cuando son ineficientes.
Los argumentos del director Pereira, que justifican esta generosa concesión, son sorprendentes. En primer lugar, nos dice que no hay una condonación en sentido estricto de impuestos, sino sólo de multas e intereses. Argumento rebuscado para defender lo indefendible, ya que las multitiendas acostumbran a cargar los elevados intereses de los créditos a los consumidores y a la menor dilación se aplican multas y comisiones, que se elevan a niveles exorbitantes, sin condonación, como se reveló en la estafa del retailer La Polar.
En particular, el costo del crédito de la multitienda Johnson's, según estudios del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), duplica el precio de contado de los productos, siendo el más elevado de todo el sistema de tiendas. En consecuencia, no es una explicación socialmente satisfactoria que el Estado condone multas e intereses. Por lo demás, tampoco constituye una política común del SII favorecer a sus deudores con la eliminación de multas e intereses; por el contrario, cuando el ciudadano común no cancela impuestos durante un plazo determinado, debe responderle al Estado con sus activos.
El sistema impositivo chileno es un paraíso para los ricos. La carga tributaria es baja en relación al PIB per cápita; las rentas del capital pagan cifras mínimas en relación a sus utilidades, mientras que el IVA es excesivo y representa casi la mitad de la captación fiscal. Pero lo más grave es que los beneficios tributarios a las empresas son elevadísimos y además favorecen la elusión fiscal.
En segundo lugar, sostiene Pereira, que la decisión adoptada por el SII es para “proteger el interés fiscal” (Emol, 07-06-12). El supuesto que baraja el director es que de no haberse producido la condonación, el Fisco no habría recibido tampoco los modestos $4.000 millones que negoció con su “cliente”, como prefiere llamarlo Pereira, en vez de deudor moroso. Argumento difícil de defender cuando se compara la cifra condonada con los US$200 millones que costará al Fisco el bono de alimentación que otorgará este año el gobierno a seis millones de personas; vale decir, si los dueños de Johnson's hubiesen pagado su deuda al Estado, el bono se podría haber extendido a más de nueve millones de personas. En consecuencia, el acuerdo alcanzado con la empresa deudora no protege el interés fiscal, sino que lo vulnera manifiestamente. El pájaro en la mano que aseguró Pereira, o sea los $4.000 millones, es demasiado pequeño para sentirse satisfecho y los que andan volando son indispensables para que las arcas fiscales hagan frente a las urgentes necesidades sociales del país.
En tercer lugar, hay que destacar que apenas realizada la “limpieza impositiva”, gracias a la generosidad negociadora del SII, el Grupo Calderón, dueño de Johnson's, vende la multitienda a la familia Paulmann, una de las cinco más ricas del país. La venta se efectúa en US$100 millones por el 85% de la propiedad. Si a ello se agrega el 15% que conserva el propietario original, resulta que los activos de Johnson's eran suficientes para cancelar el total de las deudas contraídas con el Estado. Habría bastado entonces que el SII hiciera lo que hace con los ciudadanos morosos normales: hacerse cargo de los activos y rematarlos.
La familia Calderón no necesita que la sociedad chilena, a través del Estado, subsidie la ineficiencia de sus negocios. Posee una inmensa fortuna en inversiones bursátiles en Chile y los EE.UU., las que se ubican en el 12º lugar de los grupos económicos más ricos del país, según señala la Universidad del Desarrollo (abril, 2012, ránking de riqueza).
El sistema impositivo chileno es un paraíso para los ricos. La carga tributaria es baja en relación al PIB per cápita; las rentas del capital pagan cifras mínimas en relación a sus utilidades, mientras que el IVA es excesivo y representa casi la mitad de la captación fiscal. Pero lo más grave es que los beneficios tributarios a las empresas son elevadísimos y además favorecen la elusión fiscal. En consecuencia, con todas las condiciones impositivas favorables que tienen las empresas en Chile resulta éticamente insostenible, y un mal precedente, que a la familia Calderón se le haya permitido que dilate el pago de impuestos y que posteriormente se le condonen sus deudas con el Estado. Poco presentable además en momentos que se discute una reforma impositiva en el país.
