No debería sorprender que en una sociedad donde las autoridades parecen no respetar la ley, la policía amanezca pensando que puede hacer lo mismo y se tome las calles. La policía del país intentó demandar algo por la fuerza y no a través de los canales tradicionales y pacíficos: la Asamblea y/o negociaciones con el gobierno. En una sociedad que goza de Estado de Derecho -donde hay separación de poderes, donde los ciudadanos son iguales ante la ley y donde la ley limita al poder-, tal vez los policías hubiesen optado por esos canales pacíficos. Pero vivimos en un país sin Estado de Derecho, donde el gobierno ha dado el ejemplo, sistemáticamente a lo largo de los últimos casi cinco años, de que es aceptado hacer cambios por la fuerza.

Vale señalar que un acto de fuerza puede ser realizado incluso con apoyo popular, y precisamente así se han dado varios durante los últimos años en nuestro país.

El Estado de Derecho viene siendo socavado desde antes del 2000. El declive de la justicia se aceleró durante el gobierno de Lucio Gutiérrez. No obstante, durante el actual gobierno, constantemente se han tomado medidas de hecho más radicales. El problema con esta forma de gobernar es que tarde o temprano otros grupos de la sociedad empiezan a darle al gobierno una cucharada de su propia medicina.

Eso ocurrió el 30 de septiembre de 2010. Nada de esto es para respaldar el ilegítimo y deplorable comportamiento de los policías ese día, sino simplemente para explicar por qué esa sublevación policial era un preocupante síntoma de la grave desinstitucionalización a la que había llegado el país.

La verdad oficial de que hubo un golpe, lo explica casi todo y les da impulso para la cacería de brujas que ya va a cumplir también su primer año. Para el resto, nada tenemos qué celebrar en este primer aniversario.

Hace un año el mundo vio la balacera entre nuestros militares y policías, y casi un año después el mundo ha visto cómo la justicia se rinde ante el presidente con el caso contra diario El Universo. Ambas imágenes son las de un país que vive bajo la ley de la selva: el más fuerte se impone.

El daño es grave y la responsabilidad no recae solamente sobre el gobierno, los policías y/o jueces de dudosa integridad, sino también sobre una mayoría de la sociedad que ha apoyado activamente la destrucción de las instituciones o no ha hecho nada para evitarlo, porque “el problema no es conmigo” o una variante de “X igual se lo merecía”.

Para muchos abundan las preguntas sin respuesta: ¿Quién dio la orden de “fuego”? ¿Quién mató a Froilán Jiménez? ¿Por qué se eliminó evidencia de la escena de los hechos? ¿Por qué siguen clasificados los documentos con información sobre lo que pasó ese día? Para otros todavía predomina la tristeza por el ser querido que perdieron ese día.

Para los creyentes en las teorías de conspiración, en cambio, abundan las respuestas y aparentemente las ganas de celebrar -hasta han compuesto una canción y toda una parafernalia de propaganda para hacerlo. La verdad oficial de que hubo un golpe, lo explica casi todo y les da impulso para la cacería de brujas que ya va a cumplir también su primer año. Para el resto, nada tenemos qué celebrar en este primer aniversario.

*Esta columna fue publicada originalmente en El Universo.com.