El gobierno de Costa Rica anunció este miércoles que ha realizado un primer pago de US$6,5 millones a la empresa constructora brasileña OAS, como parte del acuerdo para anular el contrato de concesión de la carretera entre San José y San Ramón (60 kilómetros al noroeste).

OAS había comprado los derechos de concesión para ampliar este sector de la ruta panamericana, que comunica a San José con su principal aeropuerto internacional y con varias de las principales poblaciones de la provincia de Alajuela.

Sin embargo, el contrato de concesión que entregaba a OAS las obras de ampliación y la administración de la carretera por 30 años, fue fuertemente objetada por los pobladores del occidente del Valle Central costarricense, quienes protagonizaron manifestaciones y bloqueos contra el contrato.

A inicios de este mes, el gobierno costarricense y la empresa acordaron la anulación del contrato con una indemnización de US$34,9 millones, de los cuales el primer pago se realizó este martes, según confirmó el ministro de Planificación, Roberto Gallardo.

"Nosotros necesitamos utilizar presupuesto de este año y presupuesto del próximo año, porque sino no nos alcanza. Tenemos que hacerlo partido, para utilizar algunos recursos que tenemos aquí y cuando llegue el presupuesto del 2014 completar la cifra, de manera tal que podamos hacer el reintegro total antes del 15 de marzo, que es una de las condiciones del acuerdo conciliatorio", afirmó Gallardo.

El primer pago a la empresa se realizó pese a que el acuerdo que anula el contrato fue objetado por el Foro Nacional (organización ciudadana que se opone a la concesión) en un tribunal contencioso administrativo, además de que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia analiza también un recurso en contra del pago.

El ministro Gallardo se manifestó confiando de que "todo está a derecho" por lo que aseguró no temer que alguno de los tribunales ordene la anulación del acuerdo con OAS.

El principal motivo de oposición de las comunidades a esta carretera eran los montos de peaje que cobraría la empresa brasileña (cerca de 4 dólares por recorrido) y las cuantiosas ganancias que obtendría de la obra en la que se invertirían casi 600 millones de dólares.