La agroindustria en Canadá “opera en un entorno empresarial que promueve el uso de mano de obra barata” de personas migrantes, sostiene en un reporte el Sindicato de Trabajadores de Alimentos y Comercio (UFCW, por sus siglas en inglés). Jornaleros y jornaleras migrantes sufren abusos, viven en alojamientos insalubres, trabajan demasiado y no siempre ganan lo que les corresponde.

“Los trabajadores agrícolas migrantes se encuentran entre los trabajadores más vulnerables y maltratados de Canadá”, señala el UFCW. Su falta de movilidad laboral, estatus migratorio, barreras lingüísticas y la ausencia de representación sindical les expone a robo de salarios y al aislamiento social, entre otros problemas, agrega.

De acuerdo con el informe La situación de los trabajadores agrícolas migrantes en Canadá 2022, cada año dicho país recibe a más de 50,000 personas que viajan para trabajar de manera temporal en sus campos. El 48% va de México; el resto, de otros 11 países.

“La pandemia agravó aún más los graves riesgos para los trabajadores migrantes que cultivan y recolectan nuestras frutas y verduras, y que son esenciales para mantener la seguridad alimentaria en Canadá”, dice el documento.

Sin embargo, los dos programas temporales de trabajo agrícola le conceden muy pocas facultades a las jornaleras y jornaleros del extranjero. En cambio, los empleadores son quienes tienen la mayor potestad sobre el trabajo y, muchas veces, el destino de esas personas. Algo similar ocurre en el programa de trabajo temporal H-2A del gobierno de Estados Unidos.

Para el UFCW —el sindicato más grande del sector privado en Canadá, con más de 250,000 miembros en ese país y 1.3 millones a nivel internacional— “la única manera de abordar el desequilibrio de poder y obtener protecciones y beneficios es contar con un contrato colectivo”. Pero para ello, las leyes canadienses deben permitir la sindicalización de los trabajadores migrantes temporales.

Programas de empleo temporal vigentes

La agricultura aporta el 7.4 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Canadá, lo que representa más de 143,000 millones de dólares, según el informe.

“Traer trabajadores del extranjero debía ser una solución temporal a la escasez de mano de obra” en la década de 1960, “pero esta práctica ha continuado durante más de 55 años” porque se volvieron fundamentales para la industria agrícola y, por tanto, para la economía y el suministro de alimentos de ese país.

Hay dos esquemas para la migración laboral regulada. Uno de ellos es el Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales (PTET), que debía ser utilizado como “último recurso” para cubrir los puestos de trabajo “para los que no hay canadienses calificados”.

El otro es el Programa de Movilidad Internacional (PMI), que debía “promover el amplio interés nacional económico y cultural de Canadá”. México, Guatemala y Jamaica son los tres países que más aportan fuerza de trabajo agrícola a Canadá.

En general, todos y todas las migrantes ganan menos del salario mínimo, según el reporte del UFCW. Lo que sucede es que “están obligados a alcanzar cuotas establecidas”, entonces, lo que deberían realizar en dos horas lo hacen sólo en una, pero “no ganan más si consiguen alcanzar o superar la cuota establecida”.

En la pandemia “miles de trabajadores agrícolas migrantes contrajeron covid-19”. Una de las principales causas de los brotes fue el hacinamiento en el que pernoctan en las granjas agrícolas. “En Ontario, unos 20,000 trabajadores viven en viviendas proporcionadas por el empleador, compartiendo alojamiento con hasta 20 trabajadores por casa”.

Las personas que viajan para trabajar en los campos canadienses mediante uno de estos dos programas no tienen opción de elegir la empresa ni la actividad que realizarán. “Los trabajadores locales, en cambio, pueden elegir dónde trabajar. Tienen otras opciones menos peligrosas que trabajar en la agricultura por menos del salario mínimo”.

Peticiones puntuales del sindicato

Se requiere una serie de reformas urgentes al Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales (PTET) y a las leyes para no seguir violando los derechos humanos de los trabajadores y las trabajadoras agrícola migrantes, dice el sindicato.

La primera que enlista es “hacer de la representación sindical una condición necesaria” del PTET. Otro cambio que piden de manera urgente es eliminar los permisos de trabajo específicos para un empleador y sustituirlos por permisos abiertos o sectoriales. O sea, trabajar sólo en la agricultura, pero si la empresa incumple sus obligaciones, tener la opción de cambiarse a otra que ofrezca condiciones dignas.

También solicitan “obligar inmediatamente a los empleadores que utilicen el programa para dar prioridad a la contratación de trabajadores migrantes con permisos de trabajo abiertos para trabajadores vulnerables”.

Piden además inspeccionar las viviendas de manera presencial antes y durante la ocupación. El sindicato ha podido documentar casos en los que las personas jornaleras migrantes viven en habitaciones con calefactores dañados y con plagas, lo cual pone en peligro su salud.

Por último, recomiendan dar de baja inmediatamente del PTAT y el PTET a cualquier empleador que retenga los documentos personales de los trabajadores migrantes. Especialmente los pasaportes y las tarjetas de atención médica.