Una unidad de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, en la isla caribeña de Bonaire se declaró en bancarrota a principios de este mes, citando el impacto de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, mostró un expediente judicial.
En una presentación del 9 de marzo, publicada la semana pasada por el Tribunal de Primera Instancia de Bonaire, Sint Eustatius y Saba, Bonaire Petroleum Corporation (BOPEC) dijo que ya no podía pagar sus deudas porque las sanciones habían cortado su "acceso al comercio internacional", así como su efectivo en cuentas bancarias.
La terminal de BOPEC tiene capacidad para almacenar unos 10 millones de barriles de petróleo. La medida es el último golpe a la red de activos logísticos y de refinación de PDVSA en el Caribe.
La compañía está luchando para pagar deudas y mantener operaciones bajo las medidas sancionatorias estadounidenses, destinadas a presionar la salida del poder del presidente Nicolás Maduro, que además se suman al impacto de años de subinversión y mala gestión.
El contrato de PDVSA para operar la refinería Isla, en Curazao y con capacidad de 335.000 barriles por día, finalizó en diciembre de 2019, y la unidad de PDVSA Citgo Petroleum Corp, ahora bajo el control de la oposición venezolana respaldada por Estados Unidos, transfirió el año pasado el control de la refinería San Nicolás, en Aruba, al gobierno de la isla.
Ni PDVSA ni el Ministerio de Petróleo de Venezuela respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
En su decisión de conceder la solicitud de BOPEC de una moratoria en los pagos a los acreedores, el tribunal dijo que BOPEC estaba negociando con "una parte que pueda poner a disposición los activos líquidos necesarios" para permitir que la empresa "satisfaga a sus acreedores prefenciales y ofrezca un acuerdo a sus acreedores no garantizados".
