Lima. Las demoras en firmar un acuerdo de colaboración judicial sobre acusaciones de corrupción contra la constructora peruana Aenza amenazan un compromiso de vender el control de la compañía, dijeron a Reuters tres personas con conocimiento del asunto en las últimas semanas.
El fondo brasileño de capital privado IG4 Investimentos, que acordó en noviembre del 2019 comprar hasta el 25% de Aenza a sus familias fundadoras y exejecutivos, advierte que puede retirar su oferta si no se concreta el acuerdo con los fiscales peruanos dentro de las seis semanas, agregaron las fuentes que pidieron el anonimato para hablar sobre discusiones privadas.
Aenza, antes conocida como Graña y Montero, se había asociado con el conglomerado brasileño Odebrecht en proyectos de infraestructura en Perú y ha sido acusada de sobornar a funcionarios públicos, incluidos expresidentes.
La compañía peruana está siendo investigada de corrupción desde el 2017. Odebrecht también cambió su nombre después del escándalo de corrupción. Ahora se llama Novonor.
Cuando se pactó el compromiso empresarial, IG4 adquirió las acciones y los derechos de voto de los miembros de las familias fundadoras de Aenza y se comprometió a realizar una oferta pública para comprar la participación de los accionistas minoritarios después de que se cumplieran ciertas condiciones.
Las conversaciones para cerrar el acuerdo de indulgencia se han retrasado debido a la pandemia del COVID-19 y a temas pendientes entre la empresa y la fiscalía, según una fuente del despacho de defensa del estado peruano cercano al proceso de colaboración.
Una de las condiciones es la firma del acuerdo de colaboración judicial con los fiscales peruanos que protegería a los adquirentes del pago de multas o de sufrir otras consecuencias del escándalo de corrupción.
Las conversaciones para cerrar el acuerdo de indulgencia se han retrasado debido a la pandemia del COVID-19 y a temas pendientes entre la empresa y la fiscalía, según una fuente del despacho de defensa del estado peruano cercano al proceso de colaboración.
"La negociación con la empresa está bastante avanzada, en lo que se refiere a un acuerdo sobre el monto de reparación civil que debe pagar al Estado. Sin embargo, como es normal en este tipo de negociaciones, se han presentado algunas diferencias técnicas que esperamos superar en las próximas semanas", dijo.
La empresa "viene culminando con la fiscalía los términos del reconocimiento de hechos en materia penal", agregó la fuente, algo clave para fijar el monto de la reparación civil.
En un comunicado enviado por correo electrónico, Aenza dijo que es comprensible que IG4 haya considerado cancelar el acuerdo debido a la incertidumbre por la demora del acuerdo judicial.
El CEO de Aenza, Luis Díaz Olivero, afirmó recientemente al diario financiero peruano Gestión que la empresa necesita firmar el acuerdo de colaboración y vender US$ 90 millones en bonos convertibles para mantener las operaciones.
La oficina de imagen de la fiscalía peruana dijo por su parte que "por ahora no van a dar declaraciones sobre el tema".
Si IG4 Investimentos renuncia al trato, la supervivencia de Aenza es incierta, así como sus 17.000 puestos de trabajo.
La firma brasileña de capital privado había decidido transformar Aenza en una plataforma de licitación para operar proyectos de infraestructura como ferrocarriles y aeropuertos en diferentes países de América Latina. IG4 planeaba vender su unidad de construcción e incluso había iniciado conversaciones con posibles compradores, agregaron las fuentes.
