La Reforma Energética (RE) propuesta por el presidente Peña Nieto recoge y sintetiza el proyecto histórico de la derecha y sus aliados transnacionales de siempre, cuyo objetivo central es la integración subordinada de México a la economía mundial mediante la apertura de Pemex, empresa nacional creada hace 75 años durante la presidencia del General Lázaro Cárdenas, empresa que hoy por hoy nos garantiza un respetable grado de autonomía política y económica como nación libre y soberana en un escenario internacional multipolar, desafiante y dinámico.

La tesis básica que justifica la iniciativa de esta RE es simplista y falaz: “si no hacemos nada con relación a la energía en México, corremos el riesgo de estancarnos y no crecer”. Primero, nadie con genuina lealtad a la nación y con intenciones económicas de eficiencia y equidad, piensa en cruzarse de brazos ni frente al manejo ineficaz y corrupto de Pemex -como primera empresa del país-, ni frente a la despótica y opaca Comisión Federal de Electricidad (CFE). Segundo, el pobre desempeño económico del país no es algo posible: es una realidad a la vista desde hace tres décadas, con uno que otro año de vacas medio gordas.

Modificar los artículos 27 y 28 constitucionales para darle riesgosamente un lugar crucial al capital privado, sobre todo transnacional, mediante diversos contratos en la cadena productiva del petróleo y del gas para compartir utilidades (es decir, la “renta petrolera”), alimenta la creencia dogmática y ramplona de que habrá “beneficios esperados” que se reflejarán de modo seguro, fácil y en el largo plazo: mayor bienestar familiar y mayor empleo para los mexicanos. 

La “renta petrolera” hoy se canaliza mayormente hacia los ingresos de la hacienda pública y a incrementar las reservas monetarias internacionales que administra el banco central. No hay que olvidar también los recursos que abusiva e ilegítimamente se quedan en la alta burocracia de Pemex y en la misma élite sindical que aquélla patrocina y apapacha. La RE compartiría innecesariamente la renta petrolera con gran capital privado -nacional y transnacional-, si se aprueban los cambios constitucionales a los artículos 27 y 28. Mucho a cambio de poco y no muy seguro.

Está ahora en la pre-venta, nada más. Jamás la derecha ha respetado ni respetará el legado político, económico y social del cardenismo. Es contraproducente que justifiquen la iniciativa de restauración empresarial de la industria petrolera de México evocando hipócritamente textos y contextos jurídicos y doctrinarios que supuestamente provienen del cardenismo revolucionario.

Dichos artículos constitucionales hoy le dan un rostro nacional y un carácter mixto y regulado a la economía mexicana actual. Es muy probable que ésta crezca mediante esta reforma energética, pero a costa de la rectoría estatal en materia energética. Es embaucadora y cretina la idea de que esta RE reforzará dicha rectoría, pues la participación de los particulares, entiéndase de las grandes corporaciones petroleras y gaseras, será creciente y por ello mismo se iría perdiendo capacidad regulatoria estatal y, por lo tanto, soberanía nacional. 

El eventual poder económico privado derivado de su presencia relevante en las cadenas petrolera y gasera del país demandarán más pronto que tarde un poder político inaceptable: un sitio vertebral en las grande definiciones del país y, consecuentemente, una enorme capacidad de presión y coacción sobre el interés nacional. En la historia petrolera de México abundan los casos de ello antes e incluso después de la efeméride cardenista del 18 de marzo de 1938. 

Son oportunistas y mezquinas en esta iniciativa peñista las alusiones y referencias al pensamiento nacionalista del General Lázaro Cárdenas. Se dice allí que no se privatiza ni se vende Pemex, pero abren impúdicamente la puerta para su privatización mediante los “contratos de utilidad compartida”, auténtico Caballo de Troya para debilitar la soberanía nacional de México. Está ahora en la pre-venta, nada más. Jamás la derecha ha respetado ni respetará el legado político, económico y social del cardenismo. Es contraproducente que justifiquen la iniciativa de restauración empresarial de la industria petrolera de México evocando hipócritamente textos y contextos jurídicos y doctrinarios que supuestamente provienen del cardenismo revolucionario.

En su interpretación descontextualizada y falaz del pensamiento revolucionario del General, la iniciativa muestra su patética pobreza ideológica, aunque ufana de ser muy “técnica y económica” en sus dichos y postulados. Lo único que les queda claro es claro: quieren convertir al país en México, S. A. . Su simplismo mercantil los exhibe ayunos de una visión histórica, popular y nacional.
Es aceptable y sensato pensar e imaginar el futuro económico del país de un modo distinto: más dinámico, más estable y sobre todo menos inequitativo. Lo que sí es muy discutible es ubicar como eje de la RE la pre-venta de Pemex y con ella el reparto innecesario de la renta petrolera. Los contratos de utilidad compartida llevarán a eso, sin duda alguna.

La presunta intención modernizadora de esta modalidad de asociación entre el capital privado y el Estado tiene un germen privatizador de Pemex y CFE que se enlaza congruentemente con las reformas de mercado que han instalado sin pausa desde 1982 a la fecha y con resultados macroeconómicos magros y desiguales. 

Las opciones nacionalistas y democráticas al proyecto histórico de la derecha mexicana y sus aliados transnacionales por fortuna existen y están validadas en las grandes demandas sociales del pueblo mexicano. No se trata de dejar las cosas intactas, ni en Pemex ni en CFE. Todo lo contrario. Hay que cambiarlas radicalmente en muchos sentidos, pero sin modificar los textos constitucionales que hoy le dan sentido estratégico a la industria petrolera en un proyecto nacional que haga verdaderamente compatibles la eficiencia económica, la justicia social y las libertades individuales. 

Tras 30 años de políticas públicas omisas, erráticas y cortoplacistas los saldos lamentables y los rezagos deprimentes en el campo energético están a la vista de todos. Es cierto que hay que aumentar la renta petrolera, modificar el régimen fiscal de Pemex, reorganizar la empresa con criterios de eficiencia y productividad, erradicar el derroche y la corrupción, ponerla al día en materia tecnológica toda la cadena productiva del petróleo, modificar las estrategias de comercialización de los hidrocarburos, hacer genuinas la rendición de cuentas y la transparencia de la política energética, mantener altas tasas de restitución de reservas probadas de petróleo, aprovechar óptimamente los yacimientos gasíferos para dejar de importarlo y fomentar su exportación, rediseñar la gobernación corporativa de Pemex, construir refinerías para producir eficientemente gasolinas y bajar lo más posible su importación, generar energía eléctrica abundante y barata en condiciones productivas eficientes y sustentables, diversificar las fuentes de energía para fortalecer la economía y, en suma, hacer muchas y valientes reformas en Pemex y CFE. 

No es sensato ni válido entregar soberanía nacional y seguridad energética por palabras vagas, beneficios inciertos y de muy largo plazo. Una moneda de oro no vale lo que una promesa de pago. Ese es el intercambio esencial que hay en la RE del presidente Peña Nieto.
El tan esperado debate energético ya arrancó y será tenso, agotador. Es una continuación del que hubo en 2008, pero con nuevos factores, internos y externos, más enredados y belicosos. Hay que fijar posiciones progresistas basadas en la razón social, la ciencia, la técnica, el derecho y la historia. Informarse y escuchar, debatir y proponer, analizar y difundir ideas y principios, son algunas de las tareas mínimas que hoy tienen las organizaciones y personalidades nacionalistas y democráticas en esta nueva disputa por la nación.