Bogotá. La Procuraduría General de la Nación de Colombia, encargada de investigar irregularidades por parte de las administraciones públicas colombianas, ha emitido una carta al presidente del país, Iván Duque, para que dé explicaciones sobre el préstamo de US$370 millones concedido a la aerolínea Avianca.
El procurador general, Fernando Carrillo, ha formulado varias preguntas en torno al préstamo que será financiado en 18 meses, enfocadas principalmente a la sostenibilidad del mismo y sobre la situación de la Administración para emitir dicha concesión.
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"¿Cuenta el Gobierno Nacional con un soporte idóneo para la decisión que anunció? Si ello es así ¿Por qué no ha sido conocido dicho soporte técnico y financiero por el país?", señala la misiva recogida por medios locales, citado por la agencia Europa Press.
En esta línea, el texto cuestiona sobre el cumplimiento de los objetivos del préstamo, así como por la garantía del retorno del dinero. "¿Cómo asegurará el Gobierno Nacional que este objetivo de interés nacional se cumpla? ¿Cómo garantizará que los dineros se destinen a estos fines, y que esos recursos se puedan recuperar?", indica.
"No podemos dejar que ese servicio público se pierda porque recuperarlo se demoraría más de 4 años y representaría unos costos altísimos para la economía colombiana, que hemos calculado en alrededor de unos $20 billones", puntualizó Juan Alberto Londoño.
Además, Carrillo pregunta sobre la posibilidad de que los accionistas o acreedores ofrezcan alguna garantía o compromiso correlativos con el Gobierno durante las negociaciones. Así, solicita información sobre si se han asumido compromisos adicionales en las conversaciones y sobre si los desembolsos de dinero se harán con base en ley nacional o extranjera.
"El Ministerio público considera necesario no olvidar que el objetivo de esta operación no es realmente rescatar a una empresa específica ni a empresario accionista alguno de la quiebra, sino garantizar la continuidad en la prestación de un servicio, la conectividad aérea de los colombianos y la actividad económica en general, es decir, el objetivo estatal es proteger una actividad de interés nacional", apostilla el procurador.
Por todo ello, la Procuraduría entiende que el Gobierno debe responder a todos estos interrogantes ante la ciudadanía, antes de continuar con la operación y de realizar el desembolso de dinero en el proceso de reorganización financiera de la empresa.
"No ayudar le costaría al país US$5.300 millones". El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño explicó que el préstamo que se le concederá a la compañía busca garantizar un servicio público esencial para los colombianos y aseguró que no hacerlo podría costarle $20 billones (US$5.300 millones) al país, publica El Espectador.
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"No podemos dejar que ese servicio público se pierda porque recuperarlo se demoraría más de 4 años y representaría unos costos altísimos para la economía colombiana, que hemos calculado en alrededor de unos $20 billones", puntualizó.
El viceministro explicó que el crédito sólo podrá utilizarse para capital de trabajo, es decir, para garantizar las operaciones de la compañía. Y agregó que para hacerlo efectivo, deberán aceptar el proceso de reorganización de la compañía en Estados Unidos. Además, Avianca tendrá que comprometerse a mantener su centro de operaciones en Colombia.
“No queremos ser accionistas de Avianca porque no sabemos de transporte aéreo. Tenemos otro tipo de garantías”, dijo Londoño. En ese sentido, explicó que la Nación es el primer acreedor al que la compañía debería pagarle por entrar en su proceso de salvación. Para ello, el país tendrá como garantía a la empresa Lifemiles.
Este sábado, las autoridades andinas anunciaron el crédito a favor de la aerolínea, en el marco de su reestructuración al amparo de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.
El presidente Duque ha asegurado que con esta decisión se podrán proteger cerca de 500.000 puestos de trabajo y no descartó ofrecer las mismas ayudas para otras empresas. El Gobierno ha defendido la decisión de priorizar a Avianca por su peso en el transporte aéreo nacional.
El comité de administración del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) autorizó la operación, aunque el comunicado explicaba que la acción debía "ser evaluada y autorizada por el juez que se encuentra a cargo del caso en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York".
