Brasilia. El grupo brasileño de productos cárnicos JBS pagó durante varios años sobornos mensuales a cerca de 200 inspectores del Ministerio de Agricultura, de acuerdo a documentos anexados a la delación premiada de directivos de la empresa.

     El diario "Valor Económico" difundió en su edición de este jueves que el pago mensual ascendía a 20.000 reales (US$6.000) para cada uno de los fiscales agropecuarios "comprados", quienes a cambio flexibilizaban la aplicación de normas sanitarias.

     Una lista de los nombres de los supuestos involucrados será enviada al Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil en el lapso de 60 días, según el compromiso del empresario Wesley Batista, propietario de JBS, en la negociación de su delación premiada.

Hasta principios de los años de 1990, la ley permitía a las empresas de cárnicos pagar una compensación en caso de actuación de los fiscales en horas extraordinarias, ya que las firmas operan más allá de las horas regulares de trabajo.

     En el anexo de su denuncia, Batista afirmó que el pago de sobornos ha sido una práctica regular para ser favorecidos por los fiscales federales agrícolas del Sistema Federal de Inspección en sus auditorías.

     El 17 de marzo pasado, la Policía Federal lanzó la operación "Carne Débil", que reveló violaciones sistemáticas a las reglas sanitarias por parte del grupo de frigoríficos, incluso la venta en el mercado de carne en mal estado.

     El escándalo causó una serie de embargos internacionales sobre carne producida en Brasil.

     El grupo JBS, el mayor procesador de proteína animal en el mundo, tiene aproximadamente 60 unidades de producción bajo inspección federal, además de que se sospecha que el pago de sobornos a fiscales no se limita a dicha empresa.

     Hasta principios de los años de 1990, la ley permitía a las empresas de cárnicos pagar una compensación en caso de actuación de los fiscales en horas extraordinarias, ya que las firmas operan más allá de las horas regulares de trabajo.

     Según Batista, el Ministerio de Agricultura no dispone de inspectores agrícolas en número suficiente para que haya cobertura integral en los horarios de funcionamiento de los rastros.