La euro zona padece un problema de coordinación: hay un solo Banco Central Europeo (BCE), y por ende, una política monetaria compartida. Pero existen tantas políticas fiscales como Estados miembros. Y en ausencia de mecanismos institucionales de coordinación, esta se produce a través de la presión que los gobiernos más poderosos de la euro zona (Alemania y Francia) ejercen sobre el resto (y tanto en forma directa como a través de su influencia sobre instituciones internacionales). Presión que, por lo demás, no se ejerce de modo sutil: cuando el primer ministro griego Papandreu propuso someter el programa de austeridad fiscal a un referéndum, Ángela Merkel y Nicolás Sarkozy dejaron en claro que ello implicaba renunciar no sólo a todo lo negociado (por ejemplo, la reducción en 50% del valor de su deuda con la banca privada), sino además a cualquier fuente posible de financiamiento.

El temor al escrutinio público trasciende la maniobra de Papandreu, como sugiere la constitución de gobiernos “técnicos” en Grecia e Italia. El nombre es paradójico, dado que la idea de que la economía debe ser conducida por especialistas que actúan aislados de presiones políticas parte de una comprensión errada de la disciplina económica: esta pretende ser una ciencia positiva, lo cual excluye de su ámbito de competencia las consideraciones normativas. Y los fines que debería alcanzar la política económica son parte de esas consideraciones normativas. La economía como disciplina puede decirnos si nuestros fines son plausibles dados los medios a nuestra disposición. También puede decirnos cuál es la combinación de medios más eficaz para conseguir nuestros fines. Lo que no puede decirnos es cuáles deberían ser esos fines.

En otras palabras, sólo puede constituirse un gobierno “técnico” cuándo los fines que este debería conseguir en materia de política económica han sido establecidos de antemano por alguien más. Quien tenga dudas al respecto debería revisar la misiva en la que Ángela Merkel exigía la designación de un “tutor” (sic) del presupuesto griego, con el poder de vetar cualquier decisión de gasto que vaya en contra de las políticas de austeridad exigidas por la “Troika” que negocia con el gobierno de Grecia (V., el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional).

Y aunque en su momento incluso Nicolás Sarkozy (que, en lo esencial, sigue el liderazgo de Merkel) consideró que esa era una propuesta lesiva a la soberanía griega, el acuerdo aprobado contiene en su virtual integridad lo planteado por Merkel: el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la Unión Europea, Olli Rehn, señala que el rescate incluye "una condicionalidad rigurosa y reforzada para asegurar un control efectivo del programa de ayuda, con una presencia permanente de las instituciones internacionales en Grecia”. O, en los términos del propio acuerdo, la política económica griega será sometida a un monitoreo “reforzado y permanente” por parte de la Troika, incluyendo la creación de una cuenta supervisada por ella en la que el gobierno griego depositará parte de los fondos destinados a cancelar el servicio de su deuda. La Troika exigió además que el contenido de su propuesta fuera aprobado tanto por el Parlamento como por los partidos políticos con posibilidades de triunfo en las elecciones generales de este año, y la eventual aprobación tanto de normas legislativas como de una reforma constitucional que “ratifiquen la prioridad concedida al pago del servicio de la deuda” del Estado griego.

La economía como disciplina puede decirnos si nuestros fines son plausibles dados los medios a nuestra disposición. También puede decirnos cuál es la combinación de medios más eficaz para conseguir nuestros fines. Lo que no puede decirnos es cuáles deberían ser esos fines.

Podría alegarse con razón que, en esencia, Grecia está en esta situación por la irresponsabilidad de sus gobernantes. Pero sobre eso cabría hacer tres atingencias: la primera es que no todos los gobiernos europeos con finanzas precarias deben su actual predicamento al hecho de que mantuvieran niveles insostenibles de déficit fiscal o deuda pública antes de la crisis. Y en casos como el de España o Irlanda, en los que la crisis se explica en buena medida por fallas en las regulación financiera, habría que recordar que esas fallas no fueron objetadas en su momento ni por los integrantes de la Troika, ni por las agencias calificadoras de riesgo. La segunda atingencia alude a las consecuencias políticas de una austeridad draconiana que parece impuesta desde fuera: para atisbar esas consecuencias sólo hace falta recordar las imágenes de Ángela Merkel y su ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, vestidos con uniformes nazis que enarbolan los manifestantes, y no sólo en Grecia. Sobre todo cuando, como recuerda una carta suscrita por doce jefes de gobierno de la Unión Europea, los gobernantes de Alemania y Francia no impusieron condiciones particularmente estrictas a su propia banca privada como requisito para rescatarla con fondos públicos. Por último, con lo cual se elevan los intereses que deben pagar gobiernos como el de Portugal e Irlanda al contraer nueva deuda (dado que se eleva el ratio que representa la deuda pública como proporción del producto). Y en los casos en los que esos intereses se han reducido (V., España e Italia), la explicación parece ser la política monetaria expansiva que adoptó el BCE bajo su nuevo presidente, Mario Draghi, antes que el presunto efecto sobre la confianza del sector privado que habrían tenido las políticas de austeridad.