En días pasados la Unión Europea (UE), adoptó dos decisiones significativas respecto al Medio Oriente. La primera es la directriz de la Comisión Europea que excluye de cualquier subvención, beca o ayuda financiera provenientes del presupuesto de la UE a instituciones israelíes que operan en los territorios palestinos ocupados. Para tener una idea de los montos involucrados, en el programa plurianual 2007-2013 Israel obtuvo unos 750 millones de Euros. La decisión no afecta los acuerdos comerciales entre la UE e Israel, ni impide a los Estados que la conforman (ni a las empresas afincadas en ellos), mantener con Israel el tipo de relaciones que juzguen convenientes.

La directriz deja pues intactas la abrumadora mayoría de las relaciones económicas entre la UE e Israel. Pero no es en la magnitud del efecto en donde radica la novedad. El punto es que, bajo el derecho internacional, los hechos fundamentales del conflicto entre israelíes y palestinos nunca fueron objeto de controversia. Por ejemplo, tanto las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU (en donde cuentan con poder de veto aliados de Israel tales como Estados Unidos y Gran Bretaña), como una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, denominan a Israel “Potencia Ocupante” y a Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental, “territorios ocupados”. Y la resolución 446 del Consejo de Seguridad “Declara que la política y las prácticas de Israel de crear asentamientos en los territorios palestinos y otros territorios árabes ocupados desde 1967 no tiene validez legal y constituyen un serio obstáculo para el logro de una paz completa, justa y duradera en el Medio Oriente”. Esa es por lo demás la posición oficial tanto de los Estados Unidos como de la Unión Europea, pero hasta ahora no habían hecho nada al respecto: la novedad radica en que por primera vez desde la adopción de esa resolución en 1979, la Unión Europea impone a Israel un costo por infringir normas de derecho internacional.

Se espera que Estados como Gran Bretaña comiencen a proveer de armas a la insurgencia siria, la cual enfrenta ya en combate a Hezbolá. La paradoja es que, de ese modo, esos Estados formaran parte del mismo bando que el Frente Al Nusra, organización afiliada a Al Qaeda...

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, respondió a la directriz diciendo que “es Israel y no la comunidad internacional quien determina sus fronteras”. Como si todos los Estados tuvieran la obligación de reconocer las fronteras que uno de ellos traza unilateralmente, sin mediar tratados de límites con sus vecinos, o un fallo de la Corte Internacional de Justicia en caso de controversia. De cualquier modo, lo dicho por Netanyahu es irrelevante dado que, salvo en los casos de Egipto y Jordania (con los cuales estableció límites a través de tratados bilaterales, y no de manera unilateral), el Estado de Israel jamás ha declarado formalmente cuales son las fronteras que reivindica. Más aún, cuando Israel cuestiona la denominación de “Territorios Ocupados”, el término que ofrece a cambio es el de “Territorios en Disputa”: si según el propio Estado israelí están en disputa, luego entonces no le pertenecen inequívocamente (como demuestra el que no hayan sido anexados formalmente, ni se aplique en ellos la legislación israelí).

La segunda decisión reciente de la UE respecto al Medio Oriente es la inclusión del ala militar de Hezbolá a su lista oficial de organizaciones terroristas. Que diversas acciones de Hezbolá (como el bombardeo de Haifa en 2006), califican como crímenes de guerra es algo sobre lo que no cabe la menor duda: investigaciones independientes realizadas tanto por organizaciones intergubernamentales (como Naciones Unidas), como por organizaciones no gubernamentales (como Human Rights Watch o Amnistía Internacional), han documentado la comisión de ese tipo de crímenes (cosa de la que también acusan a Israel). Y aunque bajo el derecho internacional no existe una definición consensuada de terrorismo, esas acciones califican como terroristas bajo cualquier definición convencional del término.  

Las preguntas serían por ende por qué esa decisión se adopta recién ahora, y por qué comprende sólo la rama militar de Hezbolá. La respuesta tiene varias partes. Además de una milicia más poderosa que el propio ejército libanés, Hezbolá es un partido político que administra organizaciones de beneficencia y forma parte de la coalición de gobierno: no hay modo de relacionarse con el gobierno internacionalmente reconocido del Líbano, sin hacerlo también con Hezbolá. Además diversos Estados de la UE son parte de la fuerza de interposición internacional que opera en el sur del Líbano, y temían la posibilidad de que, en caso de sancionar a la organización en su conjunto, Hezbolá tomase represalias en contra de sus soldados. A lo cual podría añadirse el que hasta hace poco se presumía que Hezbolá limitaba el uso de la fuerza al conflicto territorialmente acotado que mantiene con Israel. Esto último ha dejado de ser cierto. Hace un año se produjo en Bulgaria un atentado que provocó la muerte de seis personas. Las autoridades búlgaras culpan a Hezbolá de estar involucrada en ese atentado. Pero cuesta creer que esa haya sido una motivación crucial para explicar la decisión de la UE, dado el tiempo transcurrido y el carácter circunstancial de la evidencia.

La razón fundamental para la decisión adoptada por la UE sería más bien la participación activa de Hezbolá en la guerra civil en Siria, hecho que ocurre en vísperas de que expire este primero de Agosto el embargo de armas que la UE aprobó para ese país. Se espera que entonces Estados como Gran Bretaña comiencen a proveer de armas a la insurgencia siria, la cual enfrenta ya en combate a Hezbolá. La paradoja es que, de ese modo, esos Estados  formaran parte del mismo bando que el Frente Al Nusra, organización afiliada a Al Qaeda que, a diferencia de los Estados Unidos, la Unión Europea no ha incluido en su lista de organizaciones terroristas.