Al ritmo actual de financiamiento, América Latina y el Caribe no alcanzará el ODS 6, relacionado con garantizar agua y saneamiento a toda la población para 2030. De seguir la tendencia actual de inversiones, se estima que se alcanzaría a dotar de agua segura a nivel rural recién en 2050, y el alcantarillado y el tratamiento de las aguas residuales que cubre a los pobladores de las ciudades no se alcanzaría antes de 2045.

A hoy, aun 161 millones de latinoamericanos y caribeños no disponen de acceso a agua segura, y 17 millones de ellos ni siquiera cuentan con acceso básico a una pileta o una fuente mejorada de agua. Además, de los 431 millones de latinoamericanos y caribeños que aún no cuentan con acceso seguro al saneamiento, 72 millones no alcanzan a un acceso básico -descargan en letrinas o fosas precarias, y 10 millones defecan diariamente al aire libre, exponiéndose al menos a problemas de salud y seguridad.

Adicionalmente, la región –una de las más vulnerables al cambio climático– ha experimentado un aumento del 80% en la frecuencia de inundaciones en los últimos 20 años, fenómeno que plantea el reto de gestionar de manera integrada el agua y la agenda de resiliencia climática. 

Con base en lo anterior, de más está insistir en que necesitamos aumentar el ritmo de las inversiones en el sector agua, pero además debemos asegurar que dichas inversiones sean pertinentes. Para lograrlo, es preciso incrementar los flujos de financiamiento públicos y privados a lo largo de todo el ciclo de proyectos de infraestructura del sector. Esto es, desde la conceptualización y los estudios de preinversión, hasta la implementación y posteriores acciones necesarias para garantizar su sostenibilidad.

Pero no solo se necesitan inversiones. También se requieren mejoras sustantivas en la gobernanza del agua, agenda que establece el equilibrio dinámico, a veces sensible, entre las demandas por el uso del agua y la capacidad de respuesta de los tomadores de decisión; es decir, de quienes definen y articulan las políticas públicas. Esta situación requiere de una adecuada gobernanza corporativa en los órganos de decisión, de regulación y de prestación de los servicios, así como de herramientas de gestión efectivas y legítimas para lograr una gestión integrada del recurso hídrico.

En este contexto, en marzo de 2022 se celebrará en Dakar el 9° Foro Mundial del Agua, instancia llamada a crear puentes entre los diversos actores que inciden en el sector y entre las distintas regiones del planeta, con el propósito común de dinamizar y escalar las inversiones necesarias para encarrilarnos en un sendero cónsono con cumplir el ODS 6 al 2030.

Las negociaciones sobre inversiones que se necistan levantar para alcanzar el ODS 6 ya han iniciado. De hecho, CAF, en coordinación con la presidencia y el secretariado del CMA, llevará a cabo el 23 y 24 de noviemnre de 2021 la Conferencia de Finanzas y Gobernanza del Agua en América Latina y el Caribe: Hacia Dakar 2022, que permitirá consolidar la visión de América Latina y el Caribe en torno al agua, abordando sus desafíos regionales y oportunidades a compartir en el Foro Mundial. Durante el encuentro se analizarán las iniciativas emprendidas por los países desde diversas funciones y responsabilidades en torno al agua: nivel de rectoría, parlamentaria, de regulación, de prestación de los servicios, así como de las entidades financiadoras, organismos de coordinación multinacional y actores de la sociedad civil.

Para aumentar el flujo financiero hacia proyectos de agua también es necesario contar con marcos regulatorios estables y capacidades institucionales fortalecidas en los diferentes espacios territoriales, tanto a nivel nacional como subnacional. De lo contrario, existe el riesgo de que las inversiones no se orienten a cerrar las brechas de infraestructura y a atender los desafíos emergentes por la exacerbación de los eventos extremos debido al cambio climático. No podemos dejar pasar más tiempo. Neceistamos alinear a los actores necesarios y coordinar su trabajo para lograr que para el 2030 todos los latinoamericanos tengan condiciones de agua y saneamiento aceptables.