Panamá se encuentra en medio de una seria crisis política gracias a los intentos del presidente Ricardo Martinelli por resucitar un desaparecido tribunal de la Corte Suprema que podría pavimentarle su camino a la reelección.

Primero, entendamos el contexto: la Corte Suprema de Justicia de Panamá está dividida en cuatro salas especializadas que manejan áreas específicas del derecho (civil, penal, contencioso-administrativo y negocios generales). Las primeras tres salas están conformadas por tres magistrados cada una, mientras que la cuarta (que maneja los negocios generales) está conformada por los presidentes de las tres primeras salas.

Por un breve período existió una quinta sala encargada de temas constitucionales. Sin embargo, en 1999 la Asamblea Nacional derogó este órgano. Los temas constitucionales son actualmente dirimidos por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.

El año pasado la Corte Suprema, cuyo presidente es muy cercano a Martinelli, dictaminó que la ley que abolió a la Sala V es ilegal. Esto creó un vacío legal, ya que ahora nadie sabe con exactitud si eso significa que la sala debe ser restituida o bien, si se debe crear una nueva.

En medio de fuertes críticas por sus tendencias autocráticas, sus ataques a la libertad de expresión, y por utilizar auditorías fiscales como mecanismo de persecución de sus oponentes políticos, el tema de la Sala V demuestra que Ricardo Martinelli es el hombre más peligroso para la democracia y el Estado de Derecho en América Central, luego de Daniel Ortega.

Martinelli aprovechó el controversial fallo de la Corte Suprema para impulsar un proyecto de ley en la Asamblea Nacional que rehabilitaría de nuevo a la Sala V. De aprobarse este proyecto, esta sala contaría con tres nuevos magistrados (nombrados por Martinelli) y conocería temas constitucionales, siendo uno de ellos la constitucionalidad de los límites a la reelección presidencial.

La Constitución panameña actualmente impide la reelección consecutiva del presidente. El mandatario de turno debe dejar pasar dos períodos presidenciales para poder disputar nuevamente el cargo. Muchos panameños temen que el objetivo final de Martinelli con su Sala V sea eliminar dicha restricción.

No olvidemos que una táctica similar fue utilizada recientemente por Daniel Ortega en Nicaragua para ser reelecto a pesar de que la Constitución explícitamente se lo impedía. En este caso, una Corte Suprema servil dictaminó que la prohibición a la reelección consecutiva era inconstitucional, lo que le permitió a Ortega ser candidato nuevamente (y ganar las elecciones).

A pesar de contar con una amplia mayoría en la Asamblea Nacional, donde Martinelli ha comprado a muchos legisladores, la oposición fue capaz de detener el proyecto que crearía la Sala V. Sin embargo, gracias al fallo nebuloso de la Corte Suprema del año pasado, Martinelli ahora amenaza con nombrar a los tres magistrados, aún cuando no hay una ley aprobaba por la Asamblea. Una crisis constitucional parece inevitable.

Un sondeo reciente publicado por el diario La Prensa reveló que el 70% de los panameños considera a Martinelli como “autoritario” y el 73% se mostró preocupado por el futuro de la democracia en su país. En medio de fuertes críticas por sus tendencias autocráticas, sus ataques a la libertad de expresión, y por utilizar auditorías fiscales como mecanismo de persecución de sus oponentes políticos, el tema de la Sala V demuestra que Ricardo Martinelli es el hombre más peligroso para la democracia y el Estado de Derecho en América Central, luego de Daniel Ortega.

*Esta columna fue publicada originalmente en el blog LIbremente del centro de estudios públicos ElCato.org.