Uno de los fenómenos más salientes de las últimas décadas ha sido el creciente número de litigios que se resuelven ante tribunales internacionales. La jurisdicción internacional dejó de ser un concepto simplemente académico para convertirse en una realidad diaria.

Conflictos de los más diversos encuentran hoy su solución definitiva en órganos supranacionales. El número de casos se ha disparado y la jurisprudencia que ellos crean es abundante.

Una de las áreas que exhibe un intenso uso de la jurisdicción internacional es el área de los derechos humanos. Si bien la protección de tales derechos es una tarea fundamental de todos los Estados, lo cierto es que más y más víctimas de violaciones a sus derechos acuden a la jurisdicción internacional.

Es un proceso nada positivo ciertamente. Los órganos de justicia nacional deberían ser suficientes para proteger a las personas del abuso del poder. Si tales órganos cumplieren a cabalidad sus tareas –y, entre otras cosas, aplicaran los instrumentos internacionales– no habría necesidad de acudir a cortes internacionales. Mientras eso no suceda, el recurso a la jurisdicción internacional será la única alternativa para aquellas personas a las que la justicia de su país les negó un debido proceso.

Es probable que lo anterior explique en buena parte por qué el Ecuador es uno de los Estados más demandados ante tribunales internacionales.

Dada la importancia que tiene la jurisdicción internacional, los magistrados encargados de ejercerla, el procedimiento que siguen y el contexto en que ejercen sus potestades se llevan a cabo siguiendo altos estándares de profesionalismo, independencia y ética.

Es inconcebible, por ejemplo, que un magistrado de un órgano supranacional de justicia vaya a una audiencia de juzgamiento sin haber leído, estudiado y analizado todo el expediente del caso a resolver. Un mínimo sentido de decencia y de respeto para las partes los lleva, sin que nadie se los pida, a analizar a fondo todo el proceso. Y esto fácilmente puede comprobarse por la calidad de comentarios que tales magistrados hacen a las partes durante sus exposiciones.

Son magistrados que no solamente estudian a fondo los casos, sino que cuando deben dictar sus sentencias, estas son de su autoría. Es imposible imaginar a un magistrado de estas cortes que en vez de ser él quien prepare la sentencia, acepte firmar la que una de las partes le entregue clandestinamente durante la noche. Son magistrados de intachables antecedentes que han dedicado años de trabajo y estudio, de merecida reputación jurídica entre sus pares, y no improvisados designados a escondidas manipulando las reglas.

Las sentencias que dictan estos tribunales no siempre agradan a los contendores, como es lógico, pero son sentencias razonadas hasta la saciedad, basadas en las normas y la jurisprudencia, y cada argumento de las partes, aunque parezca secundario, es analizado con detenimiento antes de ser aceptado o rechazado. Se trata de documentos escritos con estilo y obviamente sin errores gramaticales. A las audiencias no se permiten barras ni ninguna otra demostración intimidante, y los abogados son tratados con respeto.

Es probable que lo anterior explique en buena parte por qué el Ecuador es uno de los Estados más demandados ante tribunales internacionales.

*Esta columna fue publicada originalmente en El Universo.com.