Hay tres cosas en las que probablemente Rafael Correa no se equivoca respecto a los medios ecuatorianos. En primer lugar, que unas pocas familias controlan la mayoría de los medios privados. En segundo lugar, que “ante la derrota contundente de la derecha y los grupos conservadores”, buena parte de la prensa privada “se ha convertido en un actor político beligerante” en contra de su gobierno (Correa dixit). En tercer lugar, que afirmar sin fundamentar (como hizo Emilio Palacio en el artículo que suscitó el juicio en su contra) que Correa había “ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente”, puede calificar como una injuria.

Pero a juzgar por sus acciones, lo que realmente preocupa al presidente Correa no es que los medios privados sean monocordes antes que plurales, sino más bien que esa monotonía no lo favorezca. La cobertura periodística por ejemplo no es más plural, pero es menos libre (amén de monocorde), cuando se aprueba una reforma electoral que establece a la letra lo siguiente: “los medios de comunicación se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje, que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis política”. ¿Es usted capaz de imaginar una forma de cobertura periodística que no pudiera interpretarse como una violación de esa norma? Sus detractores sostienen que incluso entrevistar a un candidato podría calificar como una violación. El presidente Correa niega eso enfáticamente, pero la suya es una interpretación francamente discutible: la norma no define lo que constituye “promoción directa o indirecta”, y proscribe no sólo reportajes y especiales, sino además “cualquier otra forma de mensaje” que pueda incurrir en esa promoción. La ambigüedad de la reforma electoral es particularmente preocupante cuando quien tiene que interpretarla es un poder judicial en reorganización, con un órgano rector de transición cuyos miembros son nombrados por el Ejecutivo presidido por Correa, además del Legislativo y la denominada “Función de Transparencia y Control Social”, ambas entidades con mayoría oficialista.   

A diferencia de Chávez, Correa enfrenta en su intento de reelección a una oposición política dividida y desmoralizada. Bajo esas circunstancias, es fácil entender por qué ahora busca neutralizar a quienes considera sus “verdaderos opositores”: la mayoría de los medios de comunicación privados.

Esa a su vez es una de las razones para suponer que, aunque el periodista Emilio Palacio sea culpable de injuria, el proceso en su contra tuvo una motivación política. No es sólo que el poder judicial no sea independiente del poder político (cosa que también pareció asumir el Tribunal Permanente de Arbitrajes en La Haya, cuando aceptó revisar el caso de la indemnización por US$18 mil millones en favor del gobierno ecuatoriano impuesta a Chevron por una corte del Ecuador). Es además que el presidente Correa no se limitó a demandar al autor (como corresponde cuando se trata de un artículo publicado bajo su firma, y no de un editorial), sino también al medio del cual era empleado (el diario “El Universo”). Y no sólo condenó a penas de prisión a sus directivos, sino además a pagar una indemnización de un monto que, para todo efecto práctico, equivale a una confiscación (US$40 millones). En el caso de los periodistas Christian Zurita y Juan Carlos Calderón, Rafael Correa obtuvo una indemnización de US$2 millones, porque afirmaron que el presidente sabía de los negocios ilegales que empresas vinculadas a su hermano Fabricio sostenían con entidades del Estado. El punto en este caso es que la imputación se basa en el testimonio grabado del propio Fabricio Correa, a quien sin embargo el presidente no incluyó en su demanda. En el contexto descrito, el perdón concedido por el presidente Correa a los periodistas y empresarios condenados por el poder judicial es un asunto menor, dado  que esas condenas ya habrían surtido el efecto político deseado: disuadir al resto de la prensa de incurrir en prácticas que pudieran interpretarse como una violación de la reforma electoral, o que pudieran ofender al mandatario.

Según especialistas en materia energética, entre 10 y 15% de la elevada cotización del petróleo en los mercados internacionales se explica por la tensión en torno al programa nuclear iraní. De ser ese el caso, tanto Rafael Correa como Hugo Chávez tendrían que agradecer a los Estados Unidos, Israel y la Unión Europea por una política que les provee de recursos adicionales a sólo meses de las elecciones presidenciales en sus respectivos países. Pero a diferencia de Chávez, Correa enfrenta en su intento de reelección a una oposición política dividida y desmoralizada. Bajo esas circunstancias, es fácil entender por qué ahora busca neutralizar a quienes considera sus “verdaderos opositores”: la mayoría de los medios de comunicación privados.