Pedro Castillo fue elegido presidente y gobernó con el respaldo de varios partidos de izquierda. Algunos de sus rivales políticos llegaron a definir el suyo como un gobierno comunista. No discuto que los indicios de corrupción aparecían por doquier en lo que fue el gobierno más incompetente del que se tenga memoria (causando un enorme deterioro en la calidad de la gestión pública). Mi pregunta es más simple: ¿en qué medida su política económica puede ser considerada de izquierda?
Responderé comparando la política económica del gobierno de Castillo con la de diversos gobiernos de la región que se definen a sí mismos como de izquierda. En el lado radical del espectro, la expropiación de empresas privadas suele ser un rasgo distintivo. Por ejemplo, en Venezuela o, en su momento, Cuba. Pedro Castillo postuló a la presidencia por un partido (Perú Libre), cuyo Ideario y Programa proponía la expropiación de empresas privadas en sectores de la economía que consideraba “estratégicos”. Por suerte, Castillo abandonó el Ideario y Programa de Perú Libre entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, y una vez en el gobierno no intentó expropiar empresa alguna.
Algo menos radical en el espectro político fue el empleo en Bolivia de medios coercitivos por parte del gobierno de Evo Morales para forzar a empresas extranjeras a renegociar los contratos de extracción y comercialización del gas de Tarija. Esa sí fue una medida planteada en más de una ocasión por el gobierno de Castillo, pero que jamás intentó llevar a la práctica. Una vez depuesto alegó que fue removido del cargo precisamente porque se proponía revisar los contratos de estabilidad tributaria que vencían en 2023. Pero la prueba de que ese es un alegato falso es el hecho de que solo están vigentes siete de esos contratos y ninguno de ellos vence en 2023 (el más cercano a vencer lo hará recién en 2027).
Más cercanas a la moderación en el espectro de la izquierda, están las reformas tributarias aprobadas por los gobiernos de Gustavo Petro en Colombia y Gabriel Boric en Chile. En resumen, esas reformas buscan incrementar la presión tributaria (es decir, la proporción de la economía destinada al pago de impuestos), en unos cuatro puntos del PIB. Buscan además hacer el sistema tributario más progresivo (es decir, hacer que paguen más quienes más tienen) y, por último, se proponen destinar la virtual totalidad de esos recursos adicionales al gasto social (en particular, a educación y salud). El gobierno de Castillo propuso una reforma similar cuando Pedro Francke fue su ministro de Economía, pero ni Castillo ni Perú Libre hicieron mayor esfuerzo por evitar su naufragio en el Congreso.
Por último, sean moderados o radicales, los gobiernos de izquierda suelen promover las políticas sociales, desde las transferencias condicionadas de programas como Bolsa Familia en Brasil hasta las Misiones en Venezuela. Además de su probable efecto sobre la pobreza y la desigualdad, esas políticas suelen ser populares entre sus beneficiarios. No en vano Jair Bolsonaro incrementó el presupuesto asignado a ellas un año antes de las elecciones y los candidatos de unidad de la oposición en Venezuela, de Manuel Rosales a Henrique Capriles, dijeron que las mantendrían de ganar la presidencia. Salvo continuar políticas relacionadas con la pandemia, esta es otra área en la que el gobierno de Castillo no introdujo ningún cambio significativo.
De hecho, durante el mensaje golpista del 7 de Diciembre de 2022, Castillo dijo textualmente lo siguiente: “En este interregno, tal como lo hemos venido pregonando y haciendo desde el inicio, se respetará escrupulosamente el modelo económico, basado en una economía social de mercado”. Es decir, parecía dispuesto a acabar con el régimen democrático, pero no a introducir cambios significativos en materia de política económica.
