A pesar de la notable mejora de nuestra economía, la brecha de inversión en infraestructura pública sigue creciendo. De hecho los analistas la estiman en casi US$90.000 millones, lo que torna incomprensible el que hayamos avanzado tan poco en la reforma del Estado, y postergado injustamente la obra pública.
Como la ansiada reconversión estatal parece ser todavía una meta lejana, no queda otra alternativa que los particulares suplamos con urgencia las ineficiencias del Estado, como ya lo venimos haciendo en muchas áreas: seguro médico privado para nuestro personal, vigilancia privada para nuestras instalaciones, educación privada para nuestros hijos, e incluso la resolución de nuestras controversias a través de arbitrajes privados.
En esta línea de actuación, no queda otra que evaluar también el conjunto de señales dadas desde el Estado para que el sector privado incursione en la tarea de concretar la obra pública, una de las más elocuentes: el programa Obras por Impuestos, que, a pesar de las mejoras que aún puedan introducirse, constituye una iniciativa sencillamente extraordinaria. El programa concilia razonablemente el interés privado por las tareas de responsabilidad social con el cumplimiento de las promesas políticas de infraestructura hechas por las autoridades locales y regionales, que suelen concluir sus gestiones sin poder exhibir mayores logros.
En el marco del programa, las empresas pueden emprender las labores de construcción en salud, educación, agua, saneamiento, infraestructura vial, transporte, riego, limpieza pública, energía, telecomunicaciones, turismo y esparcimiento, acreditando el monto de lo invertido contra su impuesto a la renta, y los gobiernos regionales o locales pueden concretar durante su gestión gran parte de las obras programadas, y pagarlas hasta en diez años sin intereses, contra sus ingresos futuros por canon, sobrecanon, regalías, rentas de aduana o participaciones.
La empresa privada puede incluso gestionar ante las autoridades la incorporación de nuevos programas en los planes de priorización del Estado, lo que abre la puerta a que los proyectos directamente relacionados con su entorno social también se incorporen.
Actualmente participan treinta empresas en el programa, que están haciendo posibles pistas, caminos vecinales, albergues, carreteras, escuelas, centros de salud, teatros, canales de irrigación, escuelas técnicas y puentes por US$212 millones, que impactarán en 1.600.000 peruanos. Se encuentran en cartera otros 558 proyectos más en 24 regiones del país, con un potencial de trabajo en infraestructura pública de US$836,6 millones.
La empresa privada puede incluso gestionar ante las autoridades la incorporación de nuevos programas en los planes de priorización del Estado, lo que abre la puerta a que los proyectos directamente relacionados con su entorno social también se incorporen.
Recientemente, el gobierno se ha comprometido a acelerar los procesos de adjudicación, sobre todo si en el plazo de siete días de anunciada la iniciativa solo se presenta un postor. Además, las empresas pueden comprometerse a dar mantenimiento a la obra pública, antes reservado solo para gobiernos locales y regionales.
No menos importante es que el IGV relacionado con las obras puede emplearse como crédito fiscal en las propias empresas, que recién facturarán lo ejecutado cuando el Estado emita el certificado de inversión pública para ser aplicado incluso contra sus pagos a cuenta de impuesto a la renta. ProInversión viene actuando como facilitadora de la inversión, brindando además asesoría técnica especializada para que se seleccionen las obras de alto impacto social.
Existe, pues, para el sector privado una gran oportunidad de hacer realidad sus planes de responsabilidad social, y mejorar de inmediato su reputación. No hay duda de que aplicando esta alternativa todos salimos ganando: cada sol brindará mayor bienestar, de manera rápida las poblaciones recibirán más y mejores servicios, las autoridades recuperarán la credibilidad perdida, las empresas mejorarán su reputación, y el círculo virtuoso de la solidaridad ayudará a sostener el sistema. Existen sin duda muchas barreras a ser superadas, especialmente la desconfianza del sector privado de trabajar con gobiernos regionales y locales, y la actitud reacia de estos a ceder a privados la ejecución de sus obras.
En todo caso, las facilidades ya están dadas y la posibilidad de seguir siendo críticos de las carencias del país se reducen.
