Los amables lectores de esta columna saben que, desde hace varios lustros, estoy a favor de la legalización de las drogas comenzando por la mariguana. Mi postura es ideológica y pragmática. Sobre la primera, creo en la libertad de los individuos a consumir lo que se les pegue la gana asumiendo el riesgo y la responsabilidad que eso implica. No veo por qué el Estado deba convertirse en una especie de papá o mamá en este asunto. Esto no quiere decir que esté a favor del consumo de drogas. Por el contrario, como padre de familia que soy, es un tema que me preocupa y ocupa. Estoy convencido que el problema de las drogas se soluciona con políticas de educación y salud públicas, no prohibiéndolas. En cuanto a lo pragmático, pues y simple y sencillamente la prohibición ha fracasado: el consumo no ha bajado y lo que ha aumentado exponencialmente son los muertos de una absurda guerra contra el narcotráfico, imposible de ganar.
Por eso estoy cien por ciento de acuerdo con la postura de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, A.C. (SMART). Esta organización le solicitó un permiso a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para abrir un club de autoconsumo de cannabis. Esto implicaría la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte y todo lo relacionado para que sus miembros puedan consumir mariguana.
La legalización de las drogas es un asunto que le corresponde decidir a la sociedad, ya sea en un referéndum o en una votación mayoritaria de sus representantes en el Congreso.
Como era de esperarse, la Cofepris les negó el permiso por estar prohibida la cannabis en la Ley General de Salud. SMART se amparó aduciendo que esto viola sus derechos humanos. Alegan que el Estado no puede prohibir el consumo del cannabis ni para fines médicos ni lúdicos: son decisiones personales que debe tomar cada cual especialmente porque sólo generan riesgos para quien las usa. Coincido. También con el argumento de que “el Estado ha tomado una postura paternalista mediante la que trata a los ciudadanos como si no fuesen seres los suficientemente racionales para tomar sus propias decisiones, lo cual podría llegar al extremo de prohibir substancias como el tabaco, el alcohol, el azúcar, la grasa o la cafeína”. Y también concuerdo que la prohibición no “es proporcional en tanto existen medidas menos restrictivas para proteger la salud, además de que los perjuicios que genera la prohibición son mayores respecto de los beneficios que ha traído”.
El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) gracias a la excelente demanda realizada por los abogados de SMART (Andrés Aguinaco y el CEIS). Tocó la suerte que el ponente fuera Arturo Zaldívar, un ministro que se ha distinguido por posturas liberales bien fundamentadas. Ya publicó su proyecto de sentencia y es a favor de SMART. Se trata de un magnífico documento que argumenta que las conductas de asueto y esparcimiento de cada individuo están protegidas por el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Concluye, además, que la política prohibicionista ha sido desproporcionada e indebida para este derecho humano. Ergo, propone que la Cofepris otorgue la autorización para que SMART abra su club de autoconsumo de cannabis.
Suscribo al cien por ciento los argumentos de la demanda de amparo de SMART y del proyecto de sentencia del ministro Zaldívar. Si por mí fuera, la votaría a favor hoy mismo. Desde hace mucho tiempo estoy a favor de la legalización de las drogas. Pero no creo que en una democracia liberal como la nuestra este asunto deba decidirse de esta forma: por la puerta de atrás, a través de una sentencia de la SCJN.
Los que estamos a favor de la legalización debemos convencer a la mayoría de la sociedad de repeler la prohibición. Lo que conviene es un debate que desemboque en una reforma a la Ley General de Salud por parte del Poder Legislativo o una consulta popular (hoy permitida en México) como ocurrió en los estados de Colorado o Washington en Estados Unidos.
La SCJN no debe legislar y me temo que eso estaría haciendo si el resto de los ministros apoya el proyecto de Zaldívar. La legalización de las drogas es un asunto que le corresponde decidir a la sociedad, ya sea en un referéndum o en una votación mayoritaria de sus representantes en el Congreso. Por lo pronto, todo mi respeto y solidaridad con la demanda de SMART y el proyecto de Zaldívar. Estoy seguro que será un hito en la lucha por repeler la prohibición de las drogas en México.
*Esta columna fue publicada originalmente en Excelsior.com.mx.
