Las elecciones presidenciales del 2012, rigurosamente vigiladas, resultaron ser severamente cuestionadas. El aparato institucional encargado de esta tarea complicada, tejido con leyes y órganos diseñados para hacerlas funcionales y creíbles, ha fallado parcialmente. La dimensión y persistencia del conflicto poselectoral dan cuenta irrebatible de ello. Pero habrá presidente electo a finales de agosto y el uno de diciembre el nuevo gobierno comenzará a tomar decisiones. Otra vez, como en 1988 y 2006, sombras de ilegitimidad y mala reputación envolverán las decisiones que salgan de Los Pinos.

Poner a tiempo el reloj histórico, después del primero de julio del 2012, es colocar sus manecillas en el 5 de octubre de 1910, fecha en la que Francisco I. Madero publicara su Plan de San Luis para llamar al pueblo mexicano a levantarse contra la dictadura porfirista a partir del 20 de noviembre de ese año. Los 102 años transcurridos desde entonces a la fecha sugieren que la Democracia en México sigue siendo una tarea inconclusa. La trilogía histórica propuesta alguna vez por el prolijo ideólogo priista Jesús Reyes Heroles (Independencia, Reforma y Revolución) como su visión legitimadora del pasado, asumida y defendida por los gobiernos posrevolucionarios hasta 1982, no contempló la Democracia ni como destino buscado ni como aspiración política. Las reformas electorales de 1977 que le dieron legalidad a la izquierda comunista, promovidas por el mismo Reyes Heroles, parecieron en su momento como un paso definitivo a la Democracia. A la luz de las elecciones de 1988, 2006 y 2012, esas reformas se pueden ver tal vez como un gran proyecto político intermitentemente boicoteado.

“Sufragio efectivo y no reelección” fue la máxima política del maderismo y el PRI tuvo la ocurrencia, risible y demagógica, de querer hacerla su distintivo ideológico-político. Los cambios impulsados en el siglo XX mexicano, que comenzó en 1917, fueron notables: los propósitos de equidad social de la Revolución Mexicana estuvieron presentes (en especial en la presidencia de Lázaro Cárdenas), pero el voto libre estuvo ausente en el accidentado camino secular. La reelección quedó descartada, cierto, aunque con una considerable cuota de sangre que se tuvo que pagar por ello.

Basta recordar un par de episodios emblemáticos de la patética historia electoral del país para demostrar la inconsistencia democrática de la vida política que nació con la Constitución de 1917. La intentona reeleccionista del caudillo Álvaro Obregón en 1927 fue trágicamente frenada con su magnicidio en 1928, después de que él mismo liquidara el brote democrático de Francisco J. Serrano con una matanza despiadada. El fraude electoral contra el vasconcelismo democrático de finales de los años 20 quedó como prueba irrefutable de la inexistencia real de una vocación democrática de la “familia revolucionaria”, con el liderazgo autoritario de Calles. Todos los valores fundacionales del ideario político del priismo excluyeron cualquier compromiso genuino con la Democracia.  Y así siguieron y así siguen.

La ubicación de México como una economía emergente se percibe frágil y remota al lado de los arcaicos poderes fácticos que cogobiernan, opuestos férreamente a cualquier iniciativa que fortalezca una sociedad informada, abierta y deliberativa.

¿No cambió nada o casi nada en el largo periodo en la larga etapa iniciada en 1917? Soy ajeno a una propuesta necia como ésta. El catálogo de las nuevas instituciones que explican los logros económicos y sociales alcanzados hasta 1982 es amplio, original y atractivo. Pero aquí un matiz es obligado: los cambios impulsados en los últimos treinta años (1982-2012) han generado una modernidad económica de opereta en una democracia electoral coja.

Al lado de una geografía electoral plural, rica y cambiante está la impunidad criminal de las figuras intocables del “nuevo priismo”: Ulises, Marín, Gordillo, Moreira, Romero Deschamps y otros íconos de la estafa electoral. Coexiste con un Congreso multicolor la impunidad más descarada de los responsables del incendio que apagó a vida de 49 niños en Hermosillo. Junto a la cultura rebelde y cibernética que hoy representan con enorme dignidad los jóvenes del #yosoy132, están millones pobres -carnada perfecta para la coacción del voto- que han sido los relegados permanentes en las reformas económicas liberales de cuño globalizador. La ubicación de México como una economía emergente se percibe frágil y remota al lado de los arcaicos poderes fácticos que cogobiernan, opuestos férreamente a cualquier iniciativa que fortalezca una sociedad informada, abierta y deliberativa.

La lista de paradojas que da cuenta de una modernidad económica de opereta y de una democracia electoral coja es dilatada y posiblemente desalentadora para el polo progresista de la sociedad.

Es casi incomprensible para un observador externo el nudo de absurdos que exhibe el horizonte político mexicano de largo plazo, ya no digamos el mismo momento presente. Veamos. El PAN y el PRI, más allá de sus inevitables diferencias temporales y secundarias, se alternaron en la presidencia de la república. Eso pareció ser el anuncio de la llegada plena de la Democracia. Falacias jurídicas y malabarismos electorales de todo tipo rechazan esta valoración. Alternancia sin reglas claras y, mucho menos, sin juego limpio: esa es la plataforma política real en la que se dirimió el proceso electoral del 2012, que es el gran desmentido a la propuesta de la alternancia como un expediente democrático abierto.  

El pilar de esa democracia electoral coja es el polo regresivo que conforman el PRI y su corte, junto con el PAN y su discurso político inconsecuente, unidos todos desde hace seis años para cerrarle el paso -con prácticas electorales envilecidas y corruptas- al polo progresista, también cargado de inercias antidemocráticas internas, anacronismos y yerros importantes de todo tipo. Los llamados poderes fácticos, con gran influencia ideológica y recursos financieros sin par (conformados por el duopolio televisivo, la Iglesia Católica, la mayoría de los medios radiofónicos y de prensa, los grandes consorcios industriales y financieros, los sindicatos corporativos, los intelectuales sensatos y los mercenarios de la comunicación), acudieron a reforzar y legitimar el polo regresivo antes, durante y después de la jornada electoral del uno del julio. La democracia electoral coja se fortaleció y la querella poselectoral resultante amenaza con transformarse en una crisis política de grandes profundidades.

Toda clase de tretas hubo en estos comicios cuestionados y ninguna irregularidad evidenciada será insignificante en el litigio poselectoral que está en puerta. La anquilosada credibilidad de toda la institucionalidad electoral (incluyendo en ella sus prácticas ilegales y las mismas redes de complicidades que las hacen posibles y tolerables), sólo sembrará más ciudadanos escépticos y desconfiados de la democracia realmente existente en México.

PRI, PAN y poderes fácticos se asociaron en última instancia y sin complicaciones serias para mantener rudamente la hegemonía política del polo regresivo, sin un proyecto social para las masas ciudadanas pobres y empobrecidas que no sea el de las cacareadas “reformas estructurales”, que se venden a diario como un producto milagroso o como el imperativo histórico para llegar al paraíso social prometido por los profetas del mercado libre. En el próximo Congreso, la alianza orgánica del PRI y del PAN se concretará y tendrá carta de naturalización el polo regresivo como un bloque histórico de derechas, justo con la aprobación de esas “reformas estructurales”. La cohabitación parlamentaria de estos dos actores políticos pronto tendrá una cosecha redituable para su proyecto nacional: esa es  la promesa redentora, la apuesta esencial. Lo demás será lo de menos.

La crisis política que se vislumbra, derivada de un conflicto poselectoral obligado,  dañará el potencial de crecimiento económico nacional, como ya lo han hecho la guerra contra el narco -con sus secuelas de terror y muerte- y, por supuesto, la persistente y crecida corrupción. Los saldos del proceso electoral, próximo a su etapa final, no permiten prever un escenario económico y social resplandeciente, menos aún con un entorno financiero global endeble y cargado de malos augurios. La restauración del régimen priista clásico –dado el fracaso estrepitoso del panismo como su versión renovadora- buscará construir consensos y los quehaceres previos de conciliación política, si llegaran a funcionar, serán indispensables para una plataforma mínima de crecimiento económico y estabilidad monetaria de corto plazo.

Las semanas de zozobra que inexorablemente se prevén serán la clave para tener una idea mínima de cómo se resolverá la nueva encrucijada mexicana.