El concepto de transparencia es un tema que se discute a lo largo y a lo ancho del mundo y que genera especial interés en aquellos países donde se sufre la llamada “maldición de la opulencia de recursos”, una paradoja por la cual las naciones bendecidas con enormes recursos naturales, como muchos de los países latinoamericanos, suelen presentar niveles de desempeño económico mediocres, a causa de malas administraciones en las que pululan la corrupción y los conflictos.

Por lo general, en el mundo desarrollado las organizaciones gubernamentales utilizan la tecnología para incrementar su visibilidad sobre los procesos. Las agencias de gobierno que implementaron herramientas de software de rastreo vieron incrementos sustanciales en sus ingresos, gracias a la recaudación de pagos tributarios en mora y a notorias disminuciones en los niveles de fraude público. Cuando el congreso norteamericano asignó US$787.000 millones a la recuperación de la economía del país en 2009 (en el marco de la llamada “Ley de reinversión y recuperación de Estados Unidos”), instituyó tecnologías que ayudaron a los legisladores, pero también a cualquier persona interesada, a rastrear cómo los dineros asignados estaban siendo gastados.

Esa ley enunció que ofrecería “niveles sin precedentes de asignación de responsabilidades y transparencia en el gasto gubernamental”. Aún hoy es posible rastrear en línea los flujos del dinero asignado y saber a dónde fueron a parar los montos utilizados. Hasta se puede saber cuántos puestos laborales se crearon a partir de estos auxilios en cada región específica de la nación.

También en África la responsabilidad civil y social de todos los involucrados en los contratos gubernamentales está siendo apuntalada por la tecnología. Por ejemplo, el caso de la Iniciativa de Transparencia para Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), de alto nivel, apoyada por prominentes líderes de occidente como el ex-primer ministro británico, Tony Blair, que “anima a los gobiernos, compañías extractoras, agencias internacionales y ONGs a trabajar mancomunadamente en el desarrollo de una estructura marco que promueva la transparencia en los pagos realizados dentro de las industrias extractivas… (y) restaurar niveles superiores de transparencia y responsabilidad en los flujos de ingresos que se derivan de éstas”.

Aunque la tecnología no es la panacea universal, posee la capacidad para racionalizar procesos, detectar fraudes y garantizar equidad, aportando elementos necesarios para incrementar los niveles de eficiencia, transparencia y responsabilidad.

Gracias a esta iniciativa se están logrando niveles sin precedentes de transparencia y se estableció una sólida trayectoria de auditorías dentro de las importantes industrias minera y petrolera del continente africano. Ghana fue la primera nación en adoptarla y, en tal condición, se convirtió en un caso de estudio ávidamente analizado por otras 20 naciones africanas.

Esta realidad también alcanzó a Latinoamérica. El gobierno de Guanajuato, por caso, logró que el 15% de sus contribuyentes pagara los impuestos en línea y que el número de acude a las oficinas de recaudación sea cada vez menor. Este logro muestra dos aristas igualmente positivas: por un lado, la mayor calidad de vida del ciudadano, que evita horas de demora en largas filas; por el otro, el fortalecimiento de la política del Estado para combatir cualquier acto de corrupción. Los números que se cargan en los sistemas de gestión quedan firmes, no están sujetos a corrección ni a manipulación posterior, lo que asegura una mayor transparencia en la administración de los recursos públicos. Una de las manifestaciones más visibles de esto es el estado de la cuenta pública, que se sube al portal en internet y está disponible para todos los interesados en analizarlo.

Estos son sólo algunos ejemplos de cómo los sistemas de tecnología de la información (TI) pueden suplementar las iniciativas de la administración pública, ofreciendo visibilidad en tiempo real sobre las transacciones financieras realizadas y sus consecuentes resultados y ayudando a administrar los riesgos internos, mejorar los controles sobre los fondos manejados, implementar estándares y normativas aplicables y racionalizar los procesos automatizados involucrados. Así, los gobiernos obtienen no sólo las herramientas que permiten definir políticas fiscalmente responsables para las generaciones futuras, sino también elementos que mejoran la habilidad de los legisladores para proporcionar servicios públicos de calidad y tomar decisiones informadas.

Aunque la tecnología no es la panacea universal, posee la capacidad para racionalizar procesos, detectar  fraudes y garantizar equidad, aportando elementos necesarios para incrementar los niveles de eficiencia, transparencia y responsabilidad.