Todo Chile está expectante de lo que suceda en la Convención Constitucional. La gran mayoría votamos para que esto ocurriera, pues estamos convencidos que se requieren cambios profundos y que deben ser plasmados en una nueva Carta Magna que nos represente a tod@s. Una Constitución acorde con el Chile de hoy y del futuro, que respete la diversidad, donde los derechos de las personas sean lo fundamental, lo público vuelva a ser relevarse y donde el Estado garantice derechos esenciales para el desarrollo humano y el ejercicio de la libertad.

Necesitamos una Constitución que redistribuya el poder entre los poderes del Estado, entre el poder central y las regiones, entre las instituciones públicas y las organizaciones intermedias. En definitiva, una Constitución que profundice nuestra democracia. Las crisis, y más aún, de la magnitud en la que vivimos, solo se resuelven con más democracia. Necesitamos una Constitución con una una nueva relación con los recursos naturales, donde por ejemplo, el agua se reconozca explícitamente como un bien nacional de uso público y que sea el Estado, en base a este precepto, quien administre su uso. La Convención Constituyente es paritaria, y esto debe ser una garantía para toda nuestra institucionalidad. Esto es fundamental para el desarrollo de Chile, como lo es también la representación plurinacional y pluricultural de nuestro país. Esta Constitución, debe potenciar toda la riqueza que tiene nuestro país a lo largo y ancho de nuestro territorio, mirando también, desde y hacia nuestras regiones.

Algun@s hemos planteado que el derecho a emprender debe también estar garantizado en nuestra Constitución. Esto, a mi juicio, es muy importante para quienes creemos que a partir de este nuevo pacto social, político y económico, el desarrollo de Chile debe basarse en una matriz productiva diferente, donde la innovación y las empresas de menor escala, jueguen un rol preponderante. Por lo tanto, y estableciendo este derecho, se construyan políticas públicas que potencien a las pequeñas y medianas empresas.

Este desafío es clave para dar el salto que requerimos. Solo a modo de ejemplo me pregunto, ¿qué pasará con el hidrógeno verde que puede ser para Chile la gran fuente de ingresos en un futuro no muy lejano? El Estado debe promover e invertir en innovación y desarrollo con enfoque local para catalizar la economía. Esta fuente de riqueza debemos orientarla a fomentar a las pymes, o cometeremos el mismo error que en el pasado con el salitre o el cobre, donde su desarrollo ha estado basado en grandes compañías transnacionales.

Asimismo, el fomento y crecimiento de una industria limpia como es el turismo. Hay muchos hombres y mujeres a lo largo de Chile que necesitan de un Estado-socio, para que sus ideas y trabajo puedan dar frutos. Sus ideas generarán grandes aportes en las economías a nivel local, regional y nacional. Esta Constitución debe fortalecer el rol del Estado para garantizar derechos, pero también para que impulse con vigor el emprendimiento. No para aumentar la burocracia, sino que para poner al servicio de las empresas de menor tamaño, las instituciones de fomento, financiamiento, innovación y desarrollo. Para que las pymes florezcan y sean la base de una economía colaborativa y solidaria.

Hay muchas cosas por hacer y cambiar, más aún cuando la situación postpandemia será dramática para muchas familias, y se deberá conjugar adecuadamente, lo urgente con lo importante.