La iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés) es un proyecto impulsado por China desde 2013 como una propuesta global de infraestructura terrestre y marítima, que se inspira en la red de corredores comerciales en la antigua ruta de la seda.
Anunciado como un “Un camino, un proyecto” originalmente para Asia, Europa y África, considera desde 2017 a América Latina como una extensión natural del BRI que incluye infraestructura complementaria en energía, salud y tecnología. En esa línea, directa o indirectamente cualquier inversión china podría formar parte del BRI.
La iniciativa plantea que bancos y fondos chinos provean de financiamiento bastante competitivo en términos de plazos y tasas de interés a países y empresas estatales chinas de construcción, permitiéndoles participar en el desarrollo de diversas infraestructuras a nivel internacional en mejores condiciones de competencia, así como desarrollar nuevos vínculos y mejorar la cooperación económica y política entre los países y regiones participantes.
Definitivamente la iniciativa generaría diversos beneficios para los países de América Latina participantes del acuerdo como la posibilidad de acceder a financiamiento barato y acortar la brecha de infraestructura en sus respectivos países. Mientras que para China le produciría un mejor posicionamiento político, comercial, y por qué no, también cultural. En tanto, que ambos sectores gozarían de los beneficios de un mejor flujo comercial.
Sin embargo, la iniciativa BRI también plantea desafíos para la región en diferentes frentes. Así, la pandemia por el COVID-19 ha sido un gran escollo para el desarrollo de la iniciativa tanto por la retracción de todas las inversiones a nivel mundial, siendo probablemente América Latina una de las regiones más afectadas, como por las diversas políticas de restricción de movilidad que han afectado el desarrollo de nuevos proyectos y nuevos acuerdos.
En materia geopolítica, varias de las principales economías de la región no participan aún de la iniciativa lo cual deja alguna estela de dudas y en otros casos se espera resolver aspectos relacionados a la capacidad de endeudamiento, temas ambientales y laborales relacionados a las inversiones chinas en la región.
Asimismo, no podemos dejar de lado una existente desconfianza natural para llevar a buen puerto este tipo de acuerdos e iniciativas. La intención de China de formalizar la presencia de sus bancos, contratistas y su tecnología se enfrenta a una Latinoamérica suspicaz y habituada a trabajar bajo esquemas contractuales europeos, por lo que será importante definir e implementar formatos estándar de contratación y/o fueros de resolución de disputas aceptables para ambas partes.
Esta situación podría generar due diligence y políticas de compliance más extensos y rigurosos, así como retrasos en el desarrollo de los proyectos, además de la necesidad de una mayor flexibilidad para reducir al mínimo la fricción comercial y cultural.
Si bien la iniciativa BRI presenta un abanico de posibilidades y oportunidades para el desarrollo de infraestructura en América Latina, representa también una serie de retos para los países de la región, acostumbrada a trabajar con contratistas de europeos y de los Estados Unidos, bajo la legislación de Nueva York o Inglaterra, por lo que será necesario desarrollar nuevos vínculos y sentar las bases de un nuevo tipo de cooperación, con la finalidad de lograr verdaderos acuerdos colaborativos que permitan cumplir las metas de la iniciativa.
