La Ley REP (Responsabilidad Extendida del Productor) promulgada en 2016 y ya en vigencia -para lo cual nos hemos venido preparando las empresas en Chile- obliga a compañías productoras (fabricantes e importadoras) a hacerse cargo de los productos prioritarios una vez terminada su vida útil. Estamos de acuerdo en que estas obligaciones implican un mayor costo y tiempo para las empresas. Pero creemos firmemente que sin un cambio cultural, y una coordinación de todos los actores de la sociedad, será difícil generar un impacto concreto en el medioambiente y la balanza seguirá cargándose para un solo lado. Cabe destacar que desde 2023 comenzarán a regir la valorización de los productos prioritarios y cuotas recuperación establecidas en esta ley.
En términos simples, la Ley, -que es un paso importante en el cumplimiento de los compromisos de acceso ante la OCDE que Chile suscribió- promueve la disminución en la generación de residuos y fomento del reciclaje, para lo cual responsabiliza a los productores e importadores a financiar una correcta gestión de los residuos que generan los productos que son comercializados en el mercado nacional sean estos importados o de fabricación nacional.
“El que contamina, paga” es en cierta medida el lema que se le impone a los productores, lo cual es completamente razonable desde el punto de vista medioambiental. En Chile, cada persona genera en promedio 1,1 kg de residuos domiciliarios diarios y en conjunto generamos alrededor de 7,4 millones de toneladas en un año, lo preocupante es que de este volumen apenas se recicla el 10% y la vida útil de los rellenos sanitarios se reduce cada día más.
Sin embargo y tal como ocurrió con la Ley que prohibió la entrega de bolsas plásticas (material cuyo reciclaje es particularmente complicado), con la REP también los consumidores van a tener que acostumbrarse a un cambio ético: organizar sus residuos y entregarlos en puntos de reciclajes que serán implementados. El cuidado del medio ambiente debe pasar a ser visto como una responsabilidad de todos los sectores de la sociedad, dada la urgencia del cambio que se necesita.
En el caso de nuestra empresa, Genomma Lab, la ley se inserta en el marco de nuestro Plan de Sustentabilidad a 2025 que tiene como meta reducir nuestra producción de material contaminante, mediante la migración a materiales mucho más amigables, reciclables y ecológicos, por lo que estamos firmemente comprometidos.
Pero hay que tener conciencia que esto va a implicar mayores costos de producción, adaptación a nuevas formas de producción distintas a las que acostumbrábamos. Todo esto además en el marco de una economía mundial lenta y con altos costos de inflación y desabastecimiento.
Finalmente, de nada sirve que las compañías hagan el esfuerzo de producir envoltorios reciclables si el público no los recicla. Es fundamental que como país pongamos el foco en preguntarnos si estamos preparados para cumplir cada una de las normativas, cómo está nuestro entorno y espacio físico.
Se ha avanzado en la materia. Una encuesta de la Universidad Andrés Bello citada en prensa, indica que desde 2013 a 2022, el porcentaje de chilenos que dice no reciclar bajó de 60% a 22%. Sin embargo, el 62% de consultados afirmó no estar dispuesto a recorrer más de tres cuadras para reciclar, y casi la mitad no caminaría más de 100 metros buscando un centro de acopio.
El llamado es a que todos los actores estén alineados y pongan de su parte: gobierno, municipios, organismos públicos y privados, y sobre todo los consumidores finales para poder lograr las metas propuestas.
