En todas las regiones del mundo se observa un renovado impulso en las políticas de libre competencia y protección de derechos del consumidor. Gobiernos, emprendedores, asociaciones de consumidores, académicos y público en general manifiestan su creciente interés en que los mercados funcionen adecuadamente, poniendo al centro del debate la eficiencia de estas políticas.

En el caso de la competencia, interesa que los mercados sean lugares que recompensen el emprendimiento y el mérito empresarial, sin restricciones derivadas del poder de mercado alcanzado por empresas de mayor tamaño (en relación a su mercado); en el caso de los derechos del consumidor, garantizar el fiel cumplimiento de lo que se ha ofrecido a las personas que adquieren bienes o servicios, en el eslabón final de la cadena de transacciones que dan vida a las economías de mercado.

A lo largo de las últimas décadas, el interés por estas políticas ha aumentado en todo el mundo como consecuencia del surgimiento de nuevas alternativas de consumo, el giro mundial hacia políticas de mercado luego de la desaparición de la Unión Soviética, la globalización y el crecimiento de las compañías transnacionales; el surgimiento de nuevas potencias exportadoras, los cambios tecnológicos en materia de comunicaciones y los ajustes que imponen los procesos de convergencia y acuerdos multinacionales en materia de política económica.

Para los organismos encargados de implementar políticas de competencia y en menor medida, los encargados de la protección al consumidor (en algunos países ambas políticas son ejecutadas por la misma institución), este interés global se materializa en múltiples oportunidades de intercambio de conocimiento, información y experiencias, que apoyan el fortalecimiento de los marcos legales e institucionales. En el caso de la competencia esto alcanza su máxima expresión en la ICN (International Competition Network, creada en octubre de 2001), a la que se suma una diversidad de instancias de ayuda por parte de organismos multinacionales, tales como la OCDE y la UNCTAD, que cuentan con unidades y equipos humanos especializados en el tema, así como otros organismos de cooperación y asistencia para el desarrollo, tales como USAID.

América Latina no ha sido una excepción a este impulso regulatorio. Durante los últimos años varios países han aprobado legislaciones y fortalecido sus instituciones, apoyados por las mencionadas instancias de cooperación internacional y por el interés creciente de la población.

América Latina no ha sido una excepción a este impulso regulatorio. Durante los últimos años varios países han aprobado legislaciones y fortalecido sus instituciones, apoyados por las mencionadas instancias de cooperación internacional y por el interés creciente de la población. Desde mediados de la década pasada, Brasil se ha convertido en un ejemplo de decisión e innovación, alcanzando estándares notables en la ejecución de su política de competencia y siendo continuamente citado por la comunidad internacional como ejemplo digno de ser seguido.

Sin mediar reformas legales, este país apostó por la contratación de profesionales jóvenes de alto perfil para ejercer los cargos clave, quienes han actuado con gran independencia (o más bien, apoyo por parte de las instancias políticas correspondientes), logrando un impacto inédito a pesar de contar con recursos materiales y financieros bastante más modestos que en otros países, los que no han logrado los mismos resultados. Brasil se prepara para una reforma sustantiva a su ley de competencia, la que incluye un replanteamiento de sus instituciones cuyos efectos sólo se verificarán en los próximos años.

Las instituciones actuales de Brasil se han convertido ya en uno de los principales agentes de intercambio y promoción de conocimientos de libre competencia para sus organizaciones pares en otros países. Varias naciones, incluidos Chile (2009) y Paraguay (2011), han recibido algún tipo de ayuda directa que les ha permitido afinar detalles de implementación de la facultades investigativas aprobadas en 2009, al primero; y al segundo, promover la aprobación de su primera Ley de Competencia, aún en trámite en la Cámara de Senadores.

Chile tiene una larga tradición en materia normativa (desde 1959) y ha alcanzado un creciente prestigio en materia de implementación, especialmente a partir de la creación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en 2004, lo que dio paso a la institucionalidad actual. La sola presencia de este TDLC ha incentivado el fortalecimiento continuo de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), agencia de gobierno encargada de defender y promover la competencia en representación del interés público, que al carecer de facultades adjudicativas (no puede sancionar) debe solicitar al TDLC las medidas correctivas para los mercados que considere necesarias. Es decir, la FNE investiga y acusa, pero el TDLC resuelve. En este contexto, la FNE debe siempre exponer sus argumentos frente a un tribunal especializado, el cual debe ponderar su peso jurídico en atención a la réplica de sus contrapartes, todo lo cual ha sido conducido por el TDLC en una política de máxima transparencia ante el público y medios. Para la FNE, los grandes desafíos que este diseño institucional le impuso a partir del 2004 se han traducido en profundos mejoramientos institucionales.

Nuevamente, la cooperación internacional estuvo presente, especialmente a partir del examen de pares facilitado por la OCDE en 2003, cuyas recomendaciones trazaron la ruta para varias de las medidas de implementación que se desarrollaron durante los siguientes años y que culminaron con la positiva valoración de la misma OCDE en su evaluación al sistema chileno de competencia en 2009, con motivo del proceso de acceso de Chile a la OCDE.

Otro indicador claro de la importancia de la cooperación internacional para el desarrollo de la política de competencia en Chile fue la presencia y participación creciente de representantes del TDLC y la FNE en los foros internacionales, primero como meros asistentes y ya hacia 2009, como expositores de los logros alcanzados. En términos de cooperación, las instituciones chilenas han colaborado con el desarrollo de otras instituciones, como por ejemplo en El Salvador y Costa Rica, y el modelo chileno fue considerado para el diseño de una política de clemencia en Argentina.

Si bien estas experiencias hablan positivamente de la cooperación como causa y efecto de la implementación exitosa de políticas de competencia, aún se está lejos de lograr una mayor cooperación entre países. En una economía crecientemente globalizada, la actuación conjunta de agencias de distintos países para investigar y perseguir infracciones a la libre competencia es cada día más necesaria, sin embargo la implementación de estas acciones recién comienza para los países más adelantados en esta materia (cabe mencionar que ha habido varias experiencias positivas de cooperación entre la Unión Europea y Estados Unidos en análisis de fusiones), y está lejos de ser una realidad en Latinoamérica. No obstante, para los países de la región es cada vez más evidente que en sus economías no solo presentan sectores económicos similares, sino que muchas veces las empresas son las mismas, ya que cada vez estas operan a nivel transnacional.

Por ello, el desarrollo de una política efectiva de protección a la competencia en Latinoamérica pasa por una mayor cooperación, pues solo así se podrá responder a los desafíos que impone las estructuras de propiedad y gestión de las empresas de hoy.