Ya es conocida la paradoja de la globalización neoliberal, según la cual constatamos que mientras los flujos de capitales, bienes y servicios se liberalizan y estimulan cada vez más por parte de los Estados, el flujo de trabajadores se restringe por esos mismos Estados con una decisión tanto o más intensa. Más allá de poner en evidencia esta contradicción propia del capitalismo contemporáneo, me interesa destacar algunas de las consecuencias derivadas de una política migratoria restrictiva y represiva como las que están impulsando los dos principales países receptores de inmigrantes de la región: Estados Unidos y España.

Primero los hechos. Es un  dato de la causa que los flujos migratorios hacia España y Estados Unidos se han reducido significativamente en los últimos dos años. Ello es consecuencia de dos situaciones que se superponen y cuyo impacto es difícil de distinguir. Por una parte la crisis económica que enfrentan ambos países ha redundado en una contracción del empleo y por tanto en la demanda de fuerza de trabajo extranjera. Por otra, en ambos países se han reforzado las políticas restrictivas para el ingreso de inmigrantes. Independiente del impacto real que tiene una política restrictiva sobre la reducción de los flujos, es un hecho el que en el marco de las crisis económicas que enfrentan estos países, una política migratoria de esta naturaleza encuentra mayor legitimidad entre la población.  

Sin embargo, antes de celebrar la eficacia que tiene el control fronterizo para la reducción de los flujos de inmigrantes regulares e irregulares, cabe indicar cuatro consecuencias que se derivan, diría necesariamente, de estas políticas y que no suelen ponderarse a la hora de diseñarlas e implementarlas.

Primero, la diversificación en los destinos. Las restricciones en el acceso a los países no impactan en el mejoramiento de las condiciones de vida de los países de procedencia de los migrantes. No contribuyen a reducir la pobreza, el desempleo o las desigualdades, es decir, las causas de “expulsión” de los migrantes se mantienen invariables en los países de origen, mientras que se dificultan las posibilidades de acceso a los de destino. En este sentido, un cierre de las vías de acceso a los países que son primera prioridad para los migrantes, tiene como consecuencia la reorientación de los proyectos migratorios hacia los países que hasta entonces eran segunda o tercera prioridad. En el caso de los principales países emisores de Sudamérica, Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú, las mayores dificultades para entrar a Estados Unidos y España, va a potenciar, como lo está haciendo hasta ahora, la migración intrarregional hacia países con menor bienestar pero con mayores niveles de ingreso relativo en la región, como Chile o Argentina.

Frente a este panorama cabe poner en la primera plana del debate las consecuencias que está teniendo la represión de las migraciones para las personas, sin olvidar por cierto que tal como está organizada la transnacionalización de la economía, se está reproduciendo un patrón que simultáneamente favorece los flujos de capital, bienes y servicios, y reprime la circulación del otro factor productivo: la fuerza de trabajo.

Una segunda consecuencia no buscada por el endurecimiento de las políticas restrictivas es el incremento relativo de la migración irregular. Si bien el agregado de inmigrantes regulares e irregulares se reduce, la tasa de irregularidad entre los que ingresan se multiplica. Las dificultades de acceso por la vía regular reduce pero no suprime por completo el cruce fronterizo de personas. No hay ninguna vigilancia fronteriza que sea infalible. Incluso la intensa vigilancia que realizan los barcos de la guardia civil española en la frontera marina de Mauritania, o los 21.000 policías que vigilan la frontera sur de Estados Unidos (en 1993 había solo 3.000), es vulnerable y de hecho vulnerada.  Esto implica, por una parte un encarecimiento de los cruces en las fronteras. Los traficantes y facilitadores van a cobrar más caro en la medida en que atravesar la frontera sea una labor más difícil. Por otra parte supone, un incremento del riesgo de morir en el intento. Las restricciones fronterizas obligan a buscar rutas alternativas normalmente más extensas y riesgosas. Es conocido el desplazamiento que ocurrió en el segundo lustro de los 2000 en el Magreb; el incremento en la vigilancia de la frontera marroquí obligó a los emigrantes africanos que buscaban ingresar a Europa por España, a desplazar su punto de partida desde el Estrecho de Gibraltar, primero a la costa del Sahara Occidental, y luego a Mauritania. Ello implicó ampliar la ruta desde los 15 km, a los 120 km, y hasta los 800 km de mar que componen la actual ruta. Naturalmente que el riesgo de morir en el intento se incrementa en las mismas proporciones.

En tercer lugar y en relación a lo anterior, las políticas restrictivas implican un empeoramiento de las condiciones de incorporación en las sociedades de destino. Toda vez que exista un incremento relativo de las entradas irregulares a un país, se dará un aumento de los inmigrantes que se incorporan al trabajo, la vivienda, los servicios y el consumo en condiciones de irregularidad y por ende de mayor precariedad. Los inmigrantes irregulares además de vivir en condiciones de mayor precariedad enfrentan la dificultad de ser invisibilizados para el Estado. A esto puede sumarse el hecho de que las peores condiciones de acceso a la sociedad  facilita la estigmatización de los inmigrantes y su tipificación como personas que están fuera de la ley. Ello redunda en una mayor discriminación y penalización de la condición de inmigrante.

Finalmente, y en cuarto lugar, las restricciones al tener un impacto real en la reducción global de los flujos, supone necesariamente un empeoramiento de las condiciones de vida que en los lugares de procedencia. A medida que se reducen los flujos migratorios de los países del tercer mundo, los emigrantes dejan de actuar como un factor de descompresión del empleo y la pobreza. Al mismo tiempo, la reducción de la llegada de remesas redunda también en una contracción de los mercados de bienes y servicios locales, y consecuentemente en un incremento del desempleo asociado a los territorios emisores. En suma, las restricciones en las sociedades de destino no solo no corrigen las causas originarias de flujos migratorios, sino al contrario, tienden a agravarlas.

Frente a este panorama cabe poner en la primera plana del debate las consecuencias que está teniendo la represión de las migraciones para las personas, sin olvidar por cierto que tal como está organizada la transnacionalización de la economía, se está reproduciendo un patrón que simultáneamente favorece los flujos de capital, bienes y servicios, y reprime la circulación del otro factor productivo: la fuerza de trabajo.