Corría el mes de octubre de 2007. Se había iniciado en la sede de la Organización de las Naciones Unidas un nuevo período de sesiones de la Asamblea General. El avión venezolano que llevaba al presidente de Bolivia a Nueva York para intervenir en esas sesiones, fue desviado, por razones de tráfico, por orden de la torre de control, y la nave arribó a su destino con dos horas de atraso, pero no hubo alteración en la agenda del mandatario. Sin embargo, esto ocasionó un gran enojo. Se intentó dar a este asunto una connotación política. El ministro de la presidencia que acompañaba al presidente de Bolivia, ya en La Paz, denunció que el incidente se debió  una actitud inamistosa de Estados Unidos, y anunció una campaña internacional para el cambio de sede del organismo mundial.

Muy pronto, no se habló más. No hubo la pretendida campaña basada en la demora de un vuelo.

Ahora, porque Estados Unidos no aceptó el pedido de Bolivia de extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, un legislador, hablando en nombre de su partido y dejando de lado, como ya es habitual, a la Cancillería, acaba de anunciar: "Oficialmente estamos –se refiere al Movimiento al Socialismo–  solicitando de (sic) que Bolivia sea el principal promotor para que los países miembros del Alba (Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe) y Unasur (Unión de Naciones Sudamericanas) se pronuncien para que cambien la sede de esas instituciones que están asentadas en Estados Unidos", es decir la ONU y la OEA.

La pretensión de traslado de la sede de la organización mundial –aún sin los otros organismos antes mencionados– no es de poca monta. Además de ser una actitud impertinente, pues se trataría de un entredicho estrictamente bilateral, la pretensión está fuera de toda proporción.

¿Habrá que incluir, entonces, a otros importantes organismos regionales y mundiales con sede en ciudades de Estados Unidos en la exigencia de traslado? Es que hay unos cuantos: el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CICAD), la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI), el Comité Interinstitucional de la  Mujer y la Igualdad entre los Sexos,  la Organización Panamericana de la Salud, el Comité Interinstitucional de la Mujer y la Igualdad entre los Sexos, la Corporación  Financiera Internacional, el Fondo de las Naciones Unidas para la Cooperación  Internacional (UNFIP),  el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo de Población de las  Naciones Unidas, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), etc., etc.

La pretensión de traslado de la sede de la organización mundial –aún sin los otros organismos antes mencionados– no es de poca monta. Además de ser una actitud impertinente, pues se trataría de un entredicho estrictamente bilateral, la pretensión está fuera de toda proporción. En el caso –por supuesto hipotético– de que se decidiera cambiar la sede de la ONU, se tendría que elegir una ciudad con suficientes facilidades de acceso y de comunicaciones, además de programar importantes inversiones,  comenzando con la adquisición de un extenso y, seguramente,  muy costoso predio urbano.

La sede principal de la ONU está establecida en complejo con  una  extensión  de 7,2 hectáreas (72.000 m2), ubicado en la vecindad de Turtle Bay, en la parte oriental del Midtown de Manhattan. Aunque está en la ciudad de Nueva York, el espacio ocupado por la organización se considera territorio internacional. Incluye un buen número de importantes edificios, como el de la emblemática torre de 34 plantas. El arquitecto estadounidense Wallace K, Harrison fue nombrado director del proyecto de construcción  del complejo y se constituyó un comité de diseño integrado por N. D. Bassov de la Unión Soviética, Gastón Brunfaut de Bélgica, Ernest Cormier de Canadá, Le Corbusier de Francia, Liang Ssu-cheng de China, Sven Markelius de Suecia, Oscar Niemayer de Brasil, Howard Robertson del Reino Unido, G. A. Soilleux de Australia y Julio Vilamají de Uruguay.

Los eventuales gastos del traslado propuesto por el diputado boliviano, fuera de las inversiones para las necesarias construcciones en una ciudad que pudiera albergar una nueva sede de la organización, serían cuantiosos. La Secretaría General de la ONU cuenta con casi quince mil funcionarios de diferentes nacionalidades que tendrían que ser relocalizados junto a los miembros de sus familias. Los 193 miembros de la organización tienen, por su parte, misiones –algunos países con un numeroso personal diplomático– establecidas en la ciudad de Nueva York, y muchos cuentan con sedes propias.

Razones similares se oponen a un eventual cambio de la sede de la Organización de los Estados Americanos: la ciudad de Washington D.C. La OEA cuenta con un hermoso edificio central llamado Casa de las Américas, que construido hace un  siglo con aportes de los miembros de la entonces  Unión  Panamericana y una donación del filántropo estadounidense Andrew Carnegie, quien también financió el Carnegie Hall de Nueva York.

La OEA cuenta en Washington  con otros cuatro importantes edificios, sin contar con los de otros organismos del Sistema Interamericano, como los del Banco Interamericano de Desarrollo y el de la Organización  Panamericana de la Salud.

Como ya sucedió hace casi cinco años, seguramente muy pocos países, fuera de los miembros de la ALBA e Irán, Siria y algún otro, tomarían en serio esta curiosa propuesta. Es que no hay un diferendo internacional –no lo hubo ni en la Guerra Fría– que justifique que los 193 países que integran la organización mundial se empeñen en semejante esfuerzo por una queja que tiene origen  bilateral y que, en todo caso, podría ser resuelta por una instancia internacional, sin que afecte la ubicación de la misma.

Por supuesto que la base de esta iniciativa del MAS es feble y de poca trascendencia. Habrá que insistir: la negativa estadounidense de conceder la extradición del ex presidente solo tiene relevancia bilateral, y debe sujetarse a los acuerdos entre Bolivia y Estados Unidos.

Se dirá que una campaña que promovida por la actual diplomacia boliviana, respondería  a principios, pues se procuraría evitar la impunidad de un acusado. Pero, si de precedentes se trata, hay uno que debe tomarse en consideración. En octubre de 2006, el gobierno del Perú solicitó la extradición de un ciudadano de ese país, radicado en Bolivia, condenado por haber cometido varios delitos en su país, entre ellos por terrorismo. El gobierno de Evo Morales, negó el pedido y, en cambio, concedió al acusado la categoría de refugiado político. Hubiera sido una demasía que el gobierno peruano intentara –no lo hizo, naturalmente– alguna represalia; por ejemplo, que buscara apoyos para trasladar a otro país andino la sede del Instituto Internacional de Integración (I.I.I.), fijada en La Paz, Bolivia.

En definitiva, el rechazo estadounidense al pedido boliviano de extradición,  no parece que vaya a preocupar a la comunidad internacional.