Julio Pereira, el ya controvertido director del Servicio de Impuestos Internos (SII) se vio obligado a dar un paso al costado. La Contraloría General, en un reciente informe, destaca que no cumplió con la obligación de abstenerse en el caso de la condonación de impuestos a la multitienda Johnson’s. El Presidente Piñera no tuvo más alternativa que aceptarle la renuncia. Su defensa resultaba imposible. Pereira, antes de asumir en el SII, se había desempeñado en la auditora PWC, y en esa condición asesoró a Johnson’s. No se inhabilitó cuando el conflicto de intereses era manifiesto. La decencia estuvo ausente.

El gobierno cometió el grave error de proteger a Pereira hace un año atrás cuando el caso Johnson se puso en evidencia ante la opinión pública. En ese momento prevaleció la red de protección, encabezada por la UDI y los grupos económicos. Pero alguien debía asumir los costos por la generosa condonación de US$118 millones a la multitienda, porque era impresentable. Mario Vila, el Subdirector Jurídico, pagó los platos rotos y debió renunciar. Pereira salvó piola. En esa oportunidad fueron desatendidas las protestas de los trabajadores del SII y también fue descalificado un sólido informe de la comisión de investigación de la Cámara de Diputados, encabezada por Fuad Chaín. Ambos apuntaban a Pereira como el gestor del favoritismo a los grandes negocios, y en particular a Johnson. Ahora la Contraloría ha puesto las cosas en su lugar en una historia que debió haber terminado hace un año atrás.

Nunca había habido una condonación tan voluminosa en el SII. Noventa y nueve pájaros volaron lejos y sólo un pajarito recibió el Estado. La condonación revela que los ricos tienen derechos superiores en el régimen impositivo chileno.

Es preciso recordar que Julio Pereira, para justificar el perdonazo de la deuda impositiva a la multitienda Johnson, apeló a un dicho popular: más vale un pájaro en la mano que cien volando. La deuda era de CH$59.000 millones (US$ 118 millones), pero el Estado recibió sólo CH$4.000 millones (US$7,9 millones), gracias a la generosidad de Pereira. Nunca había habido una condonación tan voluminosa en el SII. Noventa y nueve pájaros volaron lejos y sólo un pajarito recibió el Estado. La condonación revela que los ricos tienen derechos superiores en el régimen impositivo chileno. En cambio los pequeños empresarios y contribuyentes modestos hacen largas filas en el SII para recibir siempre la mala noticia que deben cumplir rigurosamente sus obligaciones y nunca reciben condonaciones. El hecho muestra, además, que el Estado prescindente pasa a convertirse en agente activo de la economía sólo cuando los grandes empresarios tienen problemas. Es el escudero, su protector, cuando son ineficientes. Así fue en el pasado con la crisis de la banca privada y hoy día lo ha sido con Johnson.

Los argumentos de Pereira para justificar el regalo han sido sorprendentes. En primer lugar, sostuvo que no se trata de una condonación de impuestos sino “sólo” de multas e intereses. O sea la parte gorda de la deuda originada en el dilatado incumplimiento de Johnson’s se libera y se exige algo menos del 10%. Pero resulta que esta misma lógica no se aplica al ciudadano común, quien, si no cancela sus impuestos o no paga sus contribuciones, debe responderle al Estado con sus activos y nunca se le condonan multas e intereses. Por otra parte, uno supone que debería haber cierta reciprocidad cuando se trata especialmente de las multitiendas. Éstas precisamente se han enriquecido con las tarjetas de crédito, gracias a los elevados intereses, con multas y comisiones exorbitantes a la menor dilación de los pagos. Y en ese caso no hay condonaciones. Es la ley del embudo.

En segundo lugar, apenas realizada la “limpieza impositiva”, gracias a la generosidad de Pereira a costa del Estado, el Grupo Calderón, dueño de Johnson, vendió la multitienda a la familia Paulmann, una de las cinco más ricas del país, y propietaria de Cencosud. La venta fue de US$100 millones, por el 85% de la propiedad. Si a ello se agrega el 15% que conserva el propietario original resulta que los activos de Johnson’s eran suficientes para cancelar el total de las deudas contraídas con el Estado. Habría bastado entonces que el SII aplicara el mismo procedimiento que a los ciudadanos morosos normales: hacerse cargo de los activos y rematarlos. Pero la red de protección es implacable cuando se trata de los poderosos.

En tercer lugar, la familia Calderón no tiene porque ser subsidiada por la sociedad chilena, a través del Estado. La ineficiencia de sus negocios debiera asumirla con valentía y responsabilidad. Por lo demás esa familia posee una inmensa fortuna en inversiones bursátiles en Chile y los EE.UU., las que se ubican en el 12º lugar de los grupos económicos más ricos del país, según señala la Universidad del Desarrollo (abril, 2012, “ranking de riqueza”).

En cuarto lugar, el conflicto de intereses del ex Director no sólo se hizo evidente con el favoritismo a la multitienda, sino también cuando se comprobó que arrendaba terrenos al mismo Paulmann para el supermercado Jumbo, en La Reina, por altas sumas de dinero. Finalmente, la generosidad de Pereira se extendió a nueve grandes empresas, a las que condonó CH$5.092 millones en multas e intereses: Banco Chile, Colbún, Corpbanca, Enersis, Ripley, Cencosud, Banco Santander, AES Gener y Lan Chile. No se trataba sólo de sus amigos; sino, según señala la Contraloría, él ex Director del SII poseía acciones en esas empresas. Así, no hay salud que resista.

El sistema impositivo chileno es un paraíso para los ricos. La carga tributaria es baja en relación al PIB per-cápita; las rentas del capital pagan cifras mínimas en relación a sus utilidades, mientras el IVA es excesivo y representa casi la mitad de la captación fiscal. Pero lo más grave es que existen injustificados beneficios tributarios a las empresas (entre ellos el FUT) que son elevadísimos (4% del PIB; o sea, US$12.000 millones) y éstos además favorecen la elusión fiscal. En consecuencia, con todas las condiciones impositivas favorables que tienen las empresas en Chile resulta injustificado y éticamente insostenible que se haya condonado la deuda impositiva a Johnson. Y todo ello para facilitar la venta del negocio al grupo Paulmann. Pereira le ha hecho un flaco favor a la institucionalidad chilena. Lo han dicho reiteradamente los trabajadores. El SII era considerado, nacional e internacionalmente, una de las instituciones más eficientes y respetables de nuestro país. Después de la condonación a Johnson’s su prestigio se ha venido al suelo.

Los pequeños contribuyentes miran con desconfianza a un servicio de intachable comportamiento en el pasado. Pereira requeriría más que las 30 horas de clases de ética con que el Poder Judicial “castigó” a los diez ejecutivos de las farmacéuticas que se coludieron para estafar a los enfermos. Necesitaría un doctorado.