A raíz de la fuga de 29 miembros de Los Zetas del penal de Apodaca y el asesinato, ese mismo día, de 40 presos del cártel del Golfo en esa misma cárcel, invité a Eduardo Guerrero, experto en materia de seguridad, a analizar el tema del sistema penitenciario mexicano en el programa "Es la hora de opinar", que conduzco en FOROtv. Eduardo presentó una serie de estadísticas que demuestran lo podridas que están las cárceles en nuestro país. Pero, como suele suceder en estos casos, nada se compara a la historia que me contó acerca del Cereso 2 de Gómez Palacio, Durango. Si usted, como yo, la desconocía, la presento a continuación. Si la conocía, vale la pena recordarla.

En julio de 2010, la Procaduría General de la República (PGR) investigaba el asesinato de 17 personas en diversos bares de Torreón, Coahuila. De acuerdo con información obtenida por denuncias y testimonios, encontraron algo verdaderamente increíble en su acepción de que no es posible creerlo. Resulta que los reclusos del Cereso 2 del municipio conurbado de Gómez Palacio, Durango, con la autorización de la directora de la cárcel, salían “por las noches para cumplir venganzas por encargo utilizando vehículos oficiales para su traslado y ocupando las armas de los custodios para las ejecuciones”.

El Ministerio Público entró al Cereso a “identificar las armas de los custodios y compararlos con los casquillos encontrados en los lugares de los hechos. Una vez concluidas las pruebas periciales, se determinó que cuatro armas tipo AR-15 calibre .223, marca Colt, fueron utilizadas en los sucesos del 18 de julio en la Quinta Italia Inn en Torreón. Estas armas también fueron utilizadas en las ejecuciones del bar Ferrie, ocurrido el 1 de febrero de 2010, y en la del bar Juanas, ocurrido el 15 de mayo de 2010, ambos, también, en la ciudad de Torreón”.

Eran reos de día y sicarios por la noche. Cobraban por matar. En el camino asesinaron a personas que nada tenían que ver con sus “contratos”. Todo esto con la anuencia de las autoridades carcelarias. Las ejecuciones las llevaban a cabo con armas, balas, coches y gasolina pagadas por el contribuyente. Dígame usted si no es absolutamente increíble esta historia.

Al respecto, el entonces secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, criticó el “estado de deterioro de las instituciones que viven muchos de los ámbitos de la seguridad local […] y la presunta complicidad de las autoridades para que los criminales, que en vez de estar tras las rejas, salgan de manera impune, armados y equipados para cometer actos tan deplorables”. Afirmó que el gobierno no podía “permitir que este tipo de situaciones se repitan”. Aseguró que la administración federal seguiría con su “política de seguridad, bajo los principios de cooperación y corresponsabilidad con las autoridades estatales y municipales con el fin de contar con una solución institucional de largo plazo que permita la seguridad de todos los ciudadanos”.

Diecisiete meses después ocurriría otra historia increíble en una cárcel mexicana. La madrugada del 19 de febrero de 2012, en el penal de Apodaca, Nuevo León, los custodios permitirían que presos del cártel de Los Zetas se trasladaran al pabellón donde se encontraban los reos del cártel rival del Golfo. Mataron a 44. Durante los disturbios se escaparon 29 detenidos de Los Zetas, incluido un criminal de “alta peligrosidad”: Óscar Manuel, alias La Araña.

Dos días después, el nuevo secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, atribuiría este otro escándalo carcelario a la ausencia de infraestructura adecuada. Diría que se debe a “la violencia con la que las organizaciones criminales mantienen sus negocios en el interior de los centros penitenciarios” y prometería, una vez más, “depurar y mantener controlados a los funcionarios de los centros de readaptación social”.

Palabras y más palabras… puras palabras.

*Esta columna fue publicada originalmente en Excelsior.com.mx.