Aunque se ha descartado la posibilidad de que se produzcan en Perú, no deja de ser un tema de interés el de los efectos que las expropiaciones pueden tener sobre la economía. Pocas cosas podrían influir tanto sobre las decisiones de inversión como, precisamente, el riesgo de perder derechos de propiedad adquiridos lícitamente. Me atrevería a sugerir, sin embargo, que existe un riesgo aún mayor, y es el de la incertidumbre sobre las reglas que rigen la actividad económica.     

Piense, por ejemplo, en las expropiaciones de bancos y empresas realizadas en Francia por el gobierno de Francois Mitterand a inicios de los 80. En primer lugar, no causaron sorpresa porque esas medidas estaban contempladas en su plataforma electoral (de hecho, esa propuesta fue parte de los acuerdos de coalición electoral que forjó Mitterand desde los años setenta). En segundo lugar, el proceso de expropiación respetó en lo esencial las reglas propias de un Estado de derecho con división de poderes. En tercer lugar, cuando la medida produjo fuga de capitales, pérdidas en las empresas expropiadas y problemas para adecuarse a las regulaciones de la Unión Europea, Mitterand aceptó los hechos y revirtió la decisión.

Ahora lo invito a recordar otros tres casos en apariencia similares. Un día, mientras caminaba por la Plaza Bolívar de Caracas, el presidente venezolano Hugo Chávez preguntó a su séquito: “¿Y ese edificio?”. Cuando le explicaron que se trataba del edificio Francia y albergaba joyerías privadas, Chávez sentenció de inmediato: “¡Exprópiese!”. El segundo caso es el fallido intento de expropiación de la banca bajo el gobierno de Alan García en  Perú. Los principales grupos empresariales respaldaron en segunda vuelta la candidatura de García para evitar, precisamente, las expropiaciones anunciadas por su rival, Alfonso Barrantes (quien finalmente se retiró de la contienda). Durante los primeros años de su gobierno, García desayunaba en forma semanal con los principales dirigentes de esos grupos empresariales, razón por la cual estos comenzaron a ser llamados “Los Doce Apóstoles” (en alusión al complejo mesiánico que sus críticos atribuían al expresidente). La relación era tan fluida que incluso el líder conservador Luis Bedoya Reyes, acusó a García de coludirse con la “oligarquía financiera”. Todo lo cual explica por qué el intento de expropiación de la banca por parte del propio García fue tan traumático para esos grupos empresariales: sin mediar advertencia alguna, se sintieron traicionados por quien hasta la víspera habían considerado un aliado. El tercer caso es el de la cancelación del contrato para edificar un nuevo aeropuerto en la ciudad de México cuando ya estaba en proceso de construcción. Cuando ese intento de cancelación fue desafiado en las cortes, el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó un referéndum para que fuera la población quien decidiera el futuro del proyecto. Además de las dudas sobre la legalidad de la convocatoria, esta no estableció un umbral mínimo de participación como condición para considerar válida la consulta. Aunque cerca del 70% de quienes votaron lo hicieron en favor de cancelar el proyecto, la tasa de participación fue menor al 2% del padrón electoral.    

Al igual que en Francia, en los casos de Venezuela, Perú y México también se iniciaron procesos de expropiación. Pero, a diferencia de Francia, esos procesos fueron arbitrarios e imprevisibles. Aunque el mexicano es un proceso en curso, habría indicios de que el efecto de las expropiaciones sobre la inversión fue mayor en esos tres últimos casos que en el caso francés. Lo cual sugiere que, a la retracción de la inversión como consecuencia de las expropiaciones, habría que añadir el efecto específico que la incertidumbre sobre las reglas de juego tiene sobre la inversión. Uno esperaría, por ejemplo, que con la acelerada recuperación de una economía estadounidense que busca diversificar sus cadenas de suministros, en México debiera producirse un crecimiento de la inversión extranjera bastante mayor que el actual.