Al recibir el Premio Cervantes el escritor nicaragüense Sergio Ramírez dedicó el galardón a la memoria de los caídos por la represión en su país. En lo que se ha convertido en un recurso habitual a diestra y siniestra en las redes sociales, en días recientes se sucedieron las acusaciones de doble estándar contra quienes se sumaron a las críticas al gobierno de Daniel Ortega. Quienes lo critican, según la acusación, no suelen enfilar sus baterías contra otras violaciones flagrantes de los derechos humanos, como aquellas que tienen por víctimas a periodistas en México o a dirigentes sociales en Colombia. Cuando desde la otra ribera se critica al gobierno israelí, por ejemplo, lo envían a uno a Siria o al Congo.

Que existen casos ostensibles de doble estándar es algo que denunciamos con frecuencia en esta columna (por ejemplo, el que un gobierno surgido, según la OEA, de lo que califica como un fraude electoral en Honduras, suscriba los pronunciamientos del Grupo de Lima sobre la falta de democracia en Venezuela). Pero el que existan casos similares o peores al nicaragüense no exime en ese caso particular al gobierno de Ortega de sus responsabilidades. Y el que esos casos suelan ser invocados cuando se precisa sacarle las castañas del fuego a un aliado político sugiere que el propósito de la invocación no es brindarnos una perspectiva más amplia de la situación de los derechos humanos en nuestra región del mundo, sino evitar el debate sobre el caso particular que les interesa.

Respaldar a Daniel Ortega no implica respaldar posiciones de izquierda, sino respaldar a su gobierno sin importar lo que haga.

Por lo demás, en el caso nicaragüense no basta con apelar a su presunta ideología para alinear a los actores en el espectro político. En primer lugar, porque hay fuerzas que se consideran de izquierda en ambas orillas de la confrontación. Sergio Ramírez, por ejemplo, fue vicepresidente de Daniel Ortega y fue candidato presidencial por el Movimiento Renovador Sandinista. Lo mismo podría decirse en Venezuela, por ejemplo, de organizaciones como Avanzada Progresista o Marea Socialista, ubicadas en distintos grados en la oposición al gobierno de Nicolás Maduro.

La segunda razón por la que en el caso nicaragüense no basta con juzgar a los protagonistas según su presunta ideología, es el hecho de que las medidas que motivaron las protestas califican sin duda dentro de lo que la izquierda suele definir como “políticas neoliberales": a fin de cuentas hablamos de un intento de hacer recaer buena parte del costo de un ajuste fiscal en grupos vulnerables de la sociedad (esas medidas incrementaban la cotización de los trabajadores al sistema de pensiones y reducían la pensión de los jubilados, aunque también proponían incrementar la contribución empresarial). Se trata por lo demás de medidas auspiciadas por el Fondo Monetario Internacional y adoptadas (para luego derogarlas) por un gobierno que, hasta esta crisis, mantenía buenas relaciones con los gremios empresariales y mantiene un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Y que, según los reportes iniciales de Amnistía Internacional, no respeta el derecho a la protesta pacífica al reprimir estas protestas tanto a través de violencia injustificada por parte de las fuerzas del orden como a través de fuerzas de choque irregulares (además de censurar la cobertura mediática).

En ese contexto, respaldar a Daniel Ortega no implica respaldar posiciones de izquierda, sino respaldar a su gobierno sin importar lo que haga.