El mercado de consumo de pan en Valencia, España, está siendo convulsionado por un sujeto único en su especie, un emprendedor llamado José Navarro, uno de esos individuos que escasean en el anquilosado mercado español y de cuya emulación depende el futuro económico del país europeo.

Pese a la extrema importancia de la contribución de individuos de esta rara naturaleza, Navarro no cuenta ni con la simpatía de sus compañeros de gremio, ni de las autoridades públicas en Valencia, una comunidad autónoma que ha saltado tristemente a la fama por casos de corrupción particularmente virulentos en la ya de por sí poco transparente España, con uno de los índices de corrupción más altos de Europa Occidental, aunque Grecia, Italia y Portugal le superan.

La innovación de Navarro ni nos llevaría a la Luna, ni nos permitiría viajar de forma más segura y rápida de un lugar a otro, pero no por eso es desdeñable. De hecho, su innovación es de extrema importancia para una España con niveles de desempleo inigualables en la OCDE y un crecimiento acelerado de la pobreza. Navarro ha sido capaz de reducir el costo de producción de una barra de pan (pieza de pan de forma alargada) a una cuarta parte de su precio medio y el producto es masivamente demandado: el mercado no miente.

Con una producción de 50.000 unidades diarias, sus clientes se cuentan por miles, los mismos que la crisis económica ha castigado severamente, formando colas de hasta dos horas para pagar 20 céntimos de euros (0,26 céntimos de dólar) por cada barra de pan.

Sus detractores no se han hecho esperar. Los proveedores de harina de trigo han cortado el suministro a Navarro. El periódico El País reporta que dos de estos proveedores–Villafranuina y Harinera del Mar–se han negado a concederle entrevistas, mientras que los gremios de panaderos en Valencia no escatiman estratagemas para sacarlo del negocio, entre las se cuenta una inusitada presión por parte de las autoridades de la Comunidad de Valencia, llevando a cabo inspecciones semanales de las panaderías de Navarro que en condiciones normales tendrían lugar cada dos meses. La razón es que los competidores ven difícil competir con esta barra de pan supereconómica.

En principio, este panadero parece calificar como un “emprendedor social” dado el mercado que él ha decidido servir. Un claro propósito social es un requisito normalmente señalado para distinguir una empresa social de una empresa convencional con fines de lucro y la situación socioeconómica de su clientela así parece atestiguarlo. No obstante, sus detractores lo han acusado de practicar una estrategia de “precios predatorios”. Es decir, vender el pan a un precio tan bajo que probablemente Navarro estría incurriendo en pérdidas, no siendo capaz de cubrir costos de producción. De hecho, este escenario está previsto en el Artículo 102 del Tratado de la Unión Europea, prohibiendo este tipo de prácticas anticompetitivas en toda la Unión.

Pero lo cierto es que los precios predatorios son un lujo que pocos productores se pueden dar. Este tipo de prácticas son normalmente consideradas anticompetitivas porque el productor en cuestión buscaría expulsar a sus competidores del mercado gracias a precios tan bajos que les impida a todos, incluido él mismo, generar beneficios. El quid de la cuestión es que, una vez expulsados los competidores, el productor estaría en posición de subir indiscriminadamente sus precios aprovechando su nueva condición de monopolista y explotando a los consumidores. La cuestión es si razonablemente puede esperarse esto de Navarro.

La dimensión de su negocio no parece ser comparable a la de grandes superficies que irrumpieron en el mercado del pan en España hace más de una década. Claro que su negocio ha crecido exponencialmente gracias a la favorable respuesta de los consumidores. Pero a menos que Navarro tenga una pequeña fortuna, quizá ganada en la lotería o heredada de un pariente, y haya decidido repartirla entre los españoles por vía de estas barras de pan supereconómicas, su estrategia no tendría larga vida sin antes ir él mismo a la bancarrota. Pero lo cierto es que está en sus planes abrir más panaderías y contratar cerca de 300 empleados el próximo año.

Ante el supuesto de que Navarro no esté incurriendo en precios predatorios y descarte llevar a la quiebra a sus competidores para, acto seguido, explotar a los consumidores españoles que se han volcado en masa a comprar su producto, y asumiendo que Navarro no está usando inapropiadamente insumos para producir pan (como harinas perjudiciales para la salud o mano de obra esclava), nuestra hipótesis es que Navarro podría estar siguiendo un “modelo social de negocio”. No solamente por el objetivo social que sus panaderías persiguen sino, y quizá más importante, porque este objetivo social difícilmente sería compatible con una estrategia de precios que busque igualar costes marginales a ingresos marginales para maximizar beneficios.

Lo que no es evidente para el ojo humano y sólo la economía puede ayudar a dilucidar, es que Navarro está tratando de inundar el mercado español de panes llevando su producción más allá del punto de maximización de beneficios, donde el coste marginal de producción es superior al ingreso marginal aunque aún cubriendo costes totales. Por tanto, lo que Navarro está maximizando no es el beneficio económico, sino el output de sus panaderías, cubriendo costes de producción (probablemente incluyendo su propio salario) y devolviendo a los consumidores un excedente que los competidores de Navarro tan amargamente reclaman para sí.

Claro que cabe la posibilidad de que tarde o temprano Navarro se revele a sí mismo como un desalmado competidor con la mirada puesta en la explotación de los consumidores. Sólo el tiempo dirá qué motivaciones lo han llevado a desafiar los precios colusivos que sus compañeros de gremio han mantenido durante tanto tiempo a costa de sus clientes; si una legítima preocupación por el bienestar de su comunidad o el frío objetivo del puro enriquecimiento. Si Navarro finalmente resulta ser un emprendedor social, bien podría beneficiarse de una más apropiada figura legal para su negocio en momentos que la economía social empieza a ganar reputación en la Unión Europea.